25-02-2014.- La Cámara de Diputados avaló, con 414 votos, reformas para evitar que los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sanc ionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio, sean contratadas, presten servicio o encargo a la Federación, en tanto no hayan solventado totalmente el monto a reparar; de ser el caso, se advierte, el contrato cesará de inmediato y se considerarán inhabilitados.

Las reformas que modifican diversas disposiciones de las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Areli Madrid Tovilla (PRI), presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que las reformas buscan fortalecer el régimen de responsabilidades públicas en nuestro país. “En la construcción de una mejor sociedad, la responsabilidad y el correcto actuar de los servidores públicos siempre ha sido motivo de una especial atención”.

Explicó que lo que se propone es avanzar en transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la responsabilidad resarcitoria, la cual debe ser exigible a los servidores públicos o particulares, que por actos u omisiones causen daño o perjuicio a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, todos ellos estimables en dinero.

Por ello, detalló, se reforma al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que las responsabilidades resarcitorias sean complementarias y no excluyan la exigencia de otras responsabilidades administrativas o de carácter penal que quiten a este sujeto de un proceso resarcitorio, y no pueda ser contratado ni prestar servicios a la federación, “como muchas veces se hace, pues a pesar del error que comenten, se les premia”.

Asimismo, dijo, se modifica el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que establecer la obligación de que los servidores públicos se abstengan de contratar a los sujetos que tengan una resolución contraria y se exige que se inhabilite a quienes no hayan cubierto el pago resarcitorio a la Tesorería de la Federación.

La reforma al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, continuó, facultará a la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar temporalmente, en los procesos de contratación, a quienes eludan el pago de las sanciones resarcitorias impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de manera que solamente cubriendo en su totalidad la sanción, podrán participar en procedimiento de contratación del sector público federal.

En la Ley de Obras Públicas y Servicios se adiciona el artículo 78 para que la Secretaría de la Función Pública inhabilite a quienes omitan el pago de sanciones resarcitorias impuestas por la ASF y una vez que lo realicen en su totalidad se levante la restricción.

En tanto, la diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) indicó que el manejo adecuado de los recursos públicos es una responsabilidad ineludible de quienes han optado por el servicio público. “Nada indigna más a la sociedad que los funcionarios hagan un uso inadecuado de los recursos de todas y todos los mexicanos”.

Recalcó que la sociedad mexicana exige controles eficaces para evitar la conducta de funcionarios que sin ética pública continúan utilizando los recursos con una visión patrimonialista, lo que afecta a la Hacienda Pública y genera un clima de desconfianza hacia las instituciones. Por lo que consideró un acierto las reformas, ya que eliminan una laguna jurídica en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de los funcionarios públicos.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) compartió el propósito de los cambios legales; sin embargo, llamó la atención de que los órganos de control interno de las dependencias y entidades tienen que ser más eficaces en las tareas de fiscalización que tienen encomendadas y no continuar con las reiteradas conductas que fomentan la impunidad.

También, apuntó, se deben encontrar mecanismos que permitan que las sanciones impuestas por la ASF se lleven a cabo de manera inmediata para salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública.

Por su parte, el legislador José Francisco Coronato Rodríguez (MC) señaló que con estas medidas se pretende aumentar la efectividad de las sanciones resarcitorias, lo que en determinados casos podría tener un efecto positivo en la materia. Sin embargo, dijo, “esta reforma constituye letra muerta hasta en tanto no se establezca un sistema de persecución efectiva de estas actividades inadecuadas”.

Consideró que únicamente aumentando la tasa de sanción a los servidores públicos que incurran en una falta se podrá corregir este mal del sistema. “El aumento de penas resultan inútiles mientras que no exista la aplicación efectiva de la normatividad”.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) refirió que en varias ocasiones, a quien ofendía al erario se le permitió prestar servicios a la federación, aunque no hubiera devuelto el monto a restituir, circunstancia que además de indebida se encuadraba en lo absurdo y con la reforma ya no podrá ser.

Enfatizó que reformas al marco jurídico como éstas son las que se requieren para combatir a la corrupción, extinguir el proceder indebido de los servidores y dar una mayor y mejor rendición de cuentas a los mexicanos.

Por el PRD, la diputada Verónica García Reyes indicó que la sociedad exige de mejores y más eficientes gobiernos, “que los servidores públicos no vean el servicio público como una fuente de enriquecimiento a costa de la riqueza de la nación, y que si se dan conductas ilícitas sean sancionados mediante acciones de tipo administrativo, civil, penal y, por supuesto, también políticas”.

Recalcó que las sanciones tienen que ser tan claras, contundentes y precisas que desalienten a quienes pretendan apropiarse de los recursos públicos, tanto por acción, omisión o complicidad.

La legisladora panista, Martha Leticia Sosa Govea destacó la importancia de que existan mecanismos de control y evaluación de los procesos de contratación pública dentro de la administración pública federal, así como mantener un estricto control y vigilancia de las personas que participan en los procesos de licitación, para que ajusten sus actuaciones a las disposiciones legales que les rigen, evitando con ello la realización de prácticas contrarias a los fines de la ley y al erario público.

De igual manera, dijo, resulta de especial relevancia que existan mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las sanciones que las autoridades competentes impongan a quienes cometan algún acto contrario a dichos mandatos legales.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) resaltó que con las modificaciones se plantea “evitar que quienes dañen el erario público sigan en funciones, como si nada pasara, e impedir que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que se deben enfrentar, ya sean administrativas, penales o políticas”.

Sostuvo que combatir frontalmente la corrupción es una tarea fundamental e insustituible para los tres poderes del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

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