• Desarrollo económico, única manera de abatir desigualdad en el campo: González Valdez

17-07-2014.-El presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CCEDRSSA), diputado Marco Antonio González Valdez (PRI), afirmó que se debe diferenciar entre las políticas públicas sociales y las de desarrollo económico que son la única manera de abatir la desigualdad en el campo.

En el tercer día del “Foro para la Transformación y Modernización del Campo”, con el tema La política de desarrollo social rural, el legislador dijo que este evento es ejecutivo, donde no sólo se vienen a plantear diagnósticos sino soluciones concretas.

El secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado Abraham Montes Alvarado (PRI), destacó la participación de las mujeres que viven en el campo, pues contribuyen con el 40 por ciento de la oferta agrícola en el mercado interno; sus parcelas constituyen el único medio para diversificar la alimentación familiar, y tienen derechos sobre 3.2 millones de hectáreas en México.

Además, agregó, trabajan más de 12 horas diarias para proveer alimentos y subsistencia a sus familias, y si se les excluye de la reforma para el campo, ésta no cumplirá con la característica de construir un agro incluyente y equitativo. “Se debe dejar de ver a la mujer campesina como grupo vulnerable y adoptar una visión de grupo productivo”.

Resaltó que los instrumentos de política pública deben suprimir los obstáculos a la igualdad, a la participación activa de las mujeres en el desarrollo agrícola rural y al disfrute equitativo de sus beneficios; generar presupuestos en el sector campesino con enfoque de género y transversalidad en proyectos y estrategias.

Precisó que de los 13 millones de campesinas, 5.5 son indígenas que hablan un idioma materno y de éstas una de cada tres en edad de leer y escribir, es analfabeta.

De la Comisión de la Reforma Agraria, el secretario técnico, Luis Alfonso Brito Escandón, subrayó que la reforma al campo es urgente ante la importación de casi 50 por ciento de los alimentos que se consumen, la acelerada “descampesimización” por la reorientación de las políticas públicas dirigidas al agro y la incorporación de los jóvenes del medio rural a las actividades delictivas del crimen organizado.

El director general de desarrollo comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Tapia, aseguró que la pobreza rural se ha estabilizado en alrededor de 13 millones de personas. Sin embargo, “la pobreza extrema se multiplica arriba de dos veces de lo que tenemos de promedio nacional y es casi tres veces superior al de las zonas urbanas”.

Según estimaciones, alrededor del 10 por ciento de los productores más pobres del país apenas recibe entre el 2 y 3 por ciento del total de los recursos que se manejan en Procampo; en cambio, el 10 por ciento más rico recibe el 40 por ciento de estos recursos, abundó.

Se pronunció por resolver los problemas desde el entorno de las zonas indígenas y con la participación social, “porque sólo así vamos a poder tener un desarrollo comunitario con estabilidad y con el consenso de la gente”.

Por su parte, el secretario de organización de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López Barrios, recalcó que hay muchos programas enfocados al desarrollo rural y al campo, pero varios no tienen funcionamiento porque no están direccionados a la gente que realmente lo necesita.

Las organizaciones campesinas no sabemos a dónde van ese tipo de programas, pero muchos no llegan a los campesinos y “tienen cortes electorales o mantienen a una población sometida para que no haya desarrollo”, sostuvo.

Consideró que para construir una política social es necesario garantizar el acceso al bienestar a toda la población; construir un Estado social de derecho, una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso y rediseñar la política social. Asimismo, estimó, un nuevo modelo de bienestar debe caracterizarse por sistemas de protección social universal, de educación y de seguridad alimentaria.

En representación de Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) A.C., Juan Antonio Medrano, destacó que la reforma debe realizarse con base en una visión “campesinista”, en donde se reconozca al agricultor como el actor histórico y fundamental de su desarrollo rural.

Expresó que es urgente reorientar el gasto público del Programa Especial Concurrente (PEC) y atender al 73 por ciento de las unidades de producción que cuentan con menos de cinco hectáreas. “Han sido ignoradas de las políticas públicas y sólo son usadas como el centro de atención para justificar los recursos, pero no les ha llegado nada”, afirmó.

Propuso cambiar la política agroalimentaria del país, para no permitir más importaciones y establecer un banco nacional de fomento agropecuario que atienda de manera equitativa tanto a grandes como a pequeños productores.

El jefe Unidad del Desarrollo Social de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pablo Yanes, enfatizó que la reforma del campo no puede dejar de lado la agenda de los pueblos indígenas, por lo que la ley tiene que garantizar la recomposición de esas comunidades.

Recalcó que la política de modernización y transformación del campo debe analizarse desde la perspectiva de los pueblos indígenas, con el principio, reconocido por el Estado mexicano, de hacer efectivo el derecho a la consulta, previa, libre e informada.

“La nueva ruralidad mexicana requiere asumir su profunda diversidad cultural, los derechos colectivos indígenas, el desarrollo territorial integral y plantearse como objetivo no sólo aliviar la pobreza, sino cerrar las brechas de desigualdad y, para ello, se requiere construir un gran pacto por la igualdad, la sustentabilidad y la pluralidad”, subrayó.

La investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Martha Beatriz Cahuich Campos, sostuvo que los grandes errores históricos generados en el proceso modernizador del campo en México han sido el enriquecimiento de una minoría y el despojo de tierras cultivables; la imposición de una visión cultural sobre la producción; formas de organización, saberes y prácticas distintas.

Asimismo, continuó, prevalece una falta de comunicación efectiva entre gobernantes y gobernados y una producción extensiva que no cubre las necesidades de los campesinos. Ante ello, propuso generar políticas públicas flexibles, con un enfoque preventivo, que garanticen una vida digna y la autosuficiencia alimentaria.

Del Colegio de Postgraduados (Colpos), el investigador Benjamín Figueroa Sandoval, destacó que en la actualidad existe una correspondencia negativa entre el Producto Interno Bruto (PIB) y la Población Económicamente Activa (PEA) en el sector primario, la cual, dijo, se asocia a los sectores secundarios de comercio y servicios, dejando desprotegida a la población indígena que se integra por 15.7 millones de personas.

Planteó crear un modelo de desarrollo para el campo de mediano y largo plazo, con integración de programas y proyectos comunes, y generar competitividad que asegure la calidad de vida y el desarrollo de las localidades indígenas, a partir de un enfoque territorial, integrado y multisectorial; sumar sistemas de innovación; redes de cooperación; financiamiento y gestión técnica para el campo.

A su vez, el integrante de la Brigada Juvenil Yaqui, Ramón Meinardo Moroyoqui Higuera, denunció que las familias del núcleo agrario siguen padeciendo una calidad de vida deplorable, a pesar de los programas sociales y de que es uno de los pilares que sostiene la economía; por ello, propuso otorgar mayor educación e información sobre las acciones en materia social y los apoyos gubernamentales.

Planteó depurar la alta burocracia que sólo busca “pisotear los derechos de los campesinos”; desarrollar programas efectivos para la obtención de apoyos que generen empleos para el campo y constituir un fondo para la salud de la familia campesina. “Ya basta del campesino discriminado y explotado, así como de proyectos que nunca llegan ni aterrizan a los ejidos”, afirmó.

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