• PRI, PAN y PVEM se manifestaron a favor del dictamen al considerar que promoverá el desarrollo y la competitividad

• PRD, Movimiento Ciudadano y PT, en contra porque “atenta contra el patrimonio nacional y el interés colectivo de los ciudadanos”

• Nueva Alianza informa que participará en cada uno de los temas que le interesan a su instituto político

• Discuten temas específicos: Trato discriminatorio de Pemex, Protección al medio ambiente y Despojo de tierras

21-07-2014.- Diputados integrantes de la Comisión de Energía fijaron sus posicionamientos respecto a la primera minuta recibida por parte del Senado de la República, la cual expide la Ley de Hidrocarburos y reforma diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera; Minera, y de Asociaciones Público Privadas.

Previa a su aprobación en lo general, con 20 votos a favor y 7 en contra, legisladores del PRI, PAN y PVEM se manifestaron a favor del dictamen al considerar que promoverá el desarrollo y la competitividad en México y creará empleos a partir de la ronda cero; el país generará ingresos arriba de 1.2 billones de pesos y se fortalecerán los órganos reguladores.

En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT se expresaron en contra de la reforma al señalar que atenta contra el patrimonio nacional y el interés colectivo de los ciudadanos, por el desmantelamiento de Pemex y CFE y por la falta de responsabilidad en temas fundamentales como el medio ambiente. En tanto, Nueva Alianza indicó que participará en el debate.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) precisó que su grupo parlamentario entregó su paquete de materiales sobre estas leyes y conforme se dé el trabajo, participarán en cada uno de los temas que le interesan a su instituto político.

Por su parte, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) consideró que en la Ley de Hidrocarburos se observa falta de responsabilidad en temas fundamentales como el medio ambiente, apoyo a Pemex y a las empresas productivas del Estado; desinterés por alcanzar un alto y pronto contenido nacional en el sector, carencia de visión estratégica y a largo plazo, y agravio a participantes de otros sectores como el agropecuario en favor del capital voraz del sector energético.

Enfatizó que en exploración y explotación de hidrocarburos no se consolidan compromisos con las comunidades locales residentes y demás partes interesadas para los diversos proyectos que se presenten. En cuestión de transparencia, agregó, el compromiso es muy poco y el combate a la corrupción resulta inoperante debido a la falta de programas específicos.

Subrayó que Pemex y las empresas productivas del Estado explotarán en donde decida la Secretaría de Energía y no en donde le parezca más rentable o estratégico, impidiendo a las empresas productivas del Estado la oportunidad de invertir recursos en otro tipo de proyectos y dejando el camino libre a las empresas privadas.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) expuso las razones por las que se oponen a esta reforma energética. La primera, dijo, es por “traición a la patria”, ya que con la modificación constitucional se comprometió la seguridad energética y los intereses nacionales, entregando un recurso estratégico a las transnacionales.

Otras razones, indicó, son por el desmantelamiento de Pemex y CFE, así como la entrega de la renta petrolera, ya que no se precisa qué porcentaje de ésta, producto de los yacimientos explotados por las trasnacionales, ingresarán a las arcas nacionales; y por “las operaciones, contratos, licencias, costos, fiscalización, susceptibles de corrupción y sobornos por parte de las trasnacionales y la camarilla que controla el sector energético”.

Asimismo, por motivos como el que no bajarán las tarifas de la gasolina, la luz ni el gas; el crimen ecológico, sanitario y de derechos humanos con el fracking; afectación a las finanzas de los estados y municipios con el nuevo esquema de reparto de los ingresos petroleros; falta de contenido nacional en la proveeduría y la integración de la economía nacional y regional, así como por la discrecionalidad de Hacienda en el manejo de los recursos petroleros.

A nombre del PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, aseguró que con la reforma energética “no hay traición a la patria, porque no se enajena nada”. Se modificará un sistema de 75 años de monopolio, sostuvo.

Destacó el fortalecimiento de los órganos reguladores; “habrá pesos y contrapesos”, ya que no será una sola instancia la que autorice un proceso, eso evitará prácticas de depredación y operarán en un marco de responsabilidad que garanticen decisiones transparentes. Se evitarán la corrupción, financiamientos ilícitos y presiones.

En el mediano y largo plazos habrá beneficios tangibles para los mexicanos; nadie puede estar en contra de la generación de empleos bien remunerados; ni del crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018, factor fundamental para apoyar la reforma.

Al fijar el posicionamiento del PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro, adelantó el voto de los 101 diputados de este grupo parlamentario en contra de la reforma y a favor del pueblo. “No podemos avalar una reforma que atenta contra el patrimonio nacional y el interés colectivo de los ciudadanos”, argumentó.

Precisó que la ocupación temporal de tierras que durará 30 años es un despojo que afectará a comunidades enteras; convertirán esos campos en zonas de conflicto y estallido social, porque son despojos permanentes.

Indicó que la reforma energética no está diseñada para fortalecer a las empresas públicas; al contrario, la creación de mercados y el mayor protagonismo de las privadas exigen que las públicas cedan espacios, se achiquen y pierdan fuerza.

El secretario de la Comisión de Energía, diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN), resaltó que actualmente México importa más del 50 por ciento de las gasolinas que consume y más del 35 por ciento del gas, por lo que “no existe una soberanía energética; el país exporta más de un millón de barriles de petróleo diario y recibe 840 mil millones de pesos a través de la venta de este producto”.

Con la Reforma Energética, dijo, el país generará ingresos arriba de 1.2 billones de pesos, es decir, incrementaremos la renta petrolera cerca de 400 mil millones de pesos, ¿dónde está la traición a la patria?, preguntó, cuando tan sólo en la Ley de Hidrocarburos se han incluido más de 500 cambios a la iniciativa del Presidente de la República.

“El país necesita empleos y para que haya empleos se necesitan inversiones, para que existan inversiones se requiere que el marco legal cambie; por ello, México necesita crecer a una tasa diferente a la de los últimos 30 años”, subrayó.

El también secretario de la Comisión de Energía, diputado Javier Treviño Cantú (PRI), precisó que la reforma energética promoverá el desarrollo y la competitividad en México y generará empleos a partir de la ronda cero, es decir, cuando PEMEX inicie actividades de extracción y exploración.

Dijo que la reforma consolidará al país como una potencia energética y manufacturera, ya que promoverá el desarrollo de la industria nacional, generará precios accesibles de luz y gas natural resguardando en todo momento la propiedad nacional de los hidrocarburos y la rectoría del Estado en el sector de energía.

“Se requiere un nuevo modelo de viabilidad energética, enfatizó, mediante el dominio directo e inalienable de los hidrocarburos que se encuentran en nuestro territorio; el reconocimiento de actividades de comercialización de petrolíferos y petroquímicos; la obtención de ingresos para el estado; establecer criterios de dependencia; conformación de los órganos reguladores, así como tener disposición clara de un régimen de transparencia y rendición de cuentas”.

Durante la discusión, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez (PRD) se expresó en contra de la reforma energética al considerar que ya no se tendrán las utilidades ni las ganancias que se obtenían de PEMEX “porque ahora tendremos que repartirlas o compartirlas con empresas particulares”. Afirmó que la meta principal es transferir la riqueza petrolera a las grandes petroleras privadas y garantizar la seguridad energética del vecino país.

Por su parte, la diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) refirió que la reforma es una reorganización del sector energético. Aseguró que México tiene la gran oportunidad de explotar sus diversas energías para proveer más empleos y que la razón fundamental es garantizar el abasto de hidrocarburos. Concluyó invitando a revisar a detalle los argumentos de la reforma que en esencia, dijo, busca mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), consideró a la reforma una “fórmula de privatización con corrupción”, por lo que se pronunció en contra ya que, indicó, los únicos que van a ganar son las empresas trasnacionales que se van a hacer con un porcentaje jugoso de la renta petrolera del país.

En su turno, el legislador Williams Ochoa Gallegos (PRI), destacó que las minutas darán seguridad en el abasto de energía, mayor crecimiento económico, generación de empleos y fortalecimiento de la industria petrolera y eléctrica.

En tanto, el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), señaló que las minutas no lograrán una mayor inversión porque son “un intento más de oxigenación al modelo neoliberal, plantean que acotando las funciones del Estado habrá mayor empleo y cada vez que ha habido privatizaciones no ha acontecido ese asunto”.

Por su parte, el diputado Juan Bueno Torio (PAN), indicó que si se aprueba la reforma, la disminución de precios en gas y energía eléctrica se reflejará dentro de cuatro o cinco años, en el año 2019. “Debemos explotar la riqueza nacional petrolera sin lastimar los campos de producción porque la vida y las tecnologías cambian. La edad de piedra no se acabó porque se terminaran las piedras. Se acabó porque vinieron nuevos instrumentos que las sustituyeron”, dijo.

Discusión de temas específicos

Al inicio de la reunión, el presidente de la instancia legislativa, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, explicó que una vez agotada la discusión en lo general, se acordó abrir una ronda de temas específicos sobre los cuales algún grupo parlamentario haya manifestado interés, mismo que posesionaría y que se debatiría en distintas rondas a favor y en contra.

En este caso se reservaron y propusieron para el debate y el análisis tres temas: Trato discriminatorio a Pemex; Protección al medio ambiente, y Despojo de tierras.

Trato discriminatorio a Pemex

Al posicionar el tema “Trato discriminatorio de Pemex”, el diputado Fernando Cuéllar Reyes (PRD), aseguró que la iniciativa pone en desventaja a Pemex frente a los contratistas al dejar prácticamente igual su régimen fiscal.

“Lo que planteamos es que haya órganos efectivamente reguladores y que estos sectores no se privaticen. Así de clara es la posición. La composición de los órganos de gobierno no garantizan un desempeño eficiente de Pemex. La paraestatal llega completamente en desventaja para competir con los nuevos participantes y el riesgo de desaparecer como operador relevante de los hidrocarburos está previsto en las leyes secundarias”, advirtió.

También, destacó que la reforma establece un nuevo diseño donde las compañías y autoridades federales alientan la extracción acelerada del petróleo y gas lo que llevará al agotamiento de las reservas sin pensar en la seguridad energética y en el desarrollo nacional.

Para hablar en contra del planteamiento, el diputado Abel Salgado Peña (PRI) manifestó que la reforma va a darle regulación a Pemex y le otorga un nuevo margen de financiamiento e inversión al reducir el derecho de extracción del petróleo. “La nueva inversión de Pemex habrá de generar 600 mil empleos nuevos, una vez que estén implementados en su conjunto en la economía nacional”, adelantó.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), apuntó que Pemex tendrá un trato discriminatorio porque por un lado estará sujeta al control gubernamental y a un régimen fiscal “totalmente asfixiante” y, por otro, le van a surgir competidores de todos lados.

Para hablar en contra del planteamiento, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN), aseveró que si Pemex continúa sosteniendo el aparato gubernamental del Estado y no tiene excedentes para invertir “seguiremos perdiendo competitividad y Pemex se seguirá descapitalizando”.

Protección al medio ambiente

En el tema “Protección al medio ambiente”, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), propuso que se impida “tajantemente” la técnica de fractura hidráulica para extraer gas natural conocida como fracking, ya que, dijo, genera contaminación de aguas subterráneas, atmosférica, emisión de gases efecto invernadero y terremotos.

Ante ello, expuso que en la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 41 y 95, referentes a la regulación y obligaciones, así como a la jurisdicción, utilidad pública y procedimientos, respectivamente, se incluya un señalamiento que prohíba llevar a cabo dicha técnica.

En contra de la propuesta, la diputada Blanca Villaseñor Gudiño (PRI) señaló que los efectos del fracking tienden a ser magnificados, debido a que actualmente existen técnicas mucho más desarrolladas que hacen posible que se controlen los efectos ecológicos o se reduzcan considerablemente.

En tanto, el diputado del PAN, Germán Pacheco Díaz, comentó que la nueva Agencia Nacional de Seguridad y de Medio Ambiente de Hidrocarburos deberá encargarse de este asunto, ya que, coincidió, hoy en día hay varios procesos que no ocasionarían daño al medio ambiente.

A favor de la propuesta, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), dijo que el agua que se utiliza para llevar a cabo dicha técnica no puede ser reutilizada porque contiene 750 químicos, donde 150 son de alta peligrosidad ocasionando mutaciones o efectos nocivos a la salud.

“Esta no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional y regional, sino riesgos graves de contaminación al ambiente y a la salud, por lo que es necesario adoptar un principio precautorio, a fin de prohibirla hasta que se aseguren otros métodos de extracción que no pongan en riesgo la seguridad humana”, enfatizó.

Agregó que países como: Francia, Bulgaria, Rumania, Sudáfrica, Alemania, República Checa, algunas comunidades de Argentina, España, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Australia y Canadá, entre otros, ya prohibieron dicho método debido a sus efectos.

Por su parte, el diputado del PRD, Javier Orihuela García, señaló que estudios identificaron 632 químicos, donde 353 provocan enfermedades riesgosas; el 75 por ciento de aditivos afecta la piel, los ojos, el sistema respiratorio y gastrointestinal; del 40 al 50 por ciento de estos afecta el cerebro, el sistema nervioso, inmunológico y cardiovascular; el 37 por ciento el sistema endócrino, mientras que el 25 por ciento genera cáncer y mutaciones.

Despojo de tierras

Sobre el tema “Despojo de tierras”, el diputado del PRD, Mario Alejandro Cuevas Mena, sostuvo que “se pretende legalizar el despojo de tierras sociales, públicas y privadas en favor de las empresas extranjeras”, por lo que contraviene el artículo 1 constitucional, que concibe la propiedad de predios como un derecho inalienable.

Alertó sobre la vulnerabilidad que tendrán ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios e indígenas durante la negociación para obtener beneficios.

A favor de la minuta, el diputado PRI, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, destacó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las asignaciones. “No hay nada que lleve a pensar que el gobierno mexicano quitará la tierra a la gente. No es cierto eso”. Refirió tres mecanismos de negociación: una renta mensual; convenir una regalía, de acuerdo a las utilidades, y una sociedad.

En contra, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) propuso un diseño institucional del Estado para tutelar el derecho que tiene la gente, a fin de garantizar justicia, transparencia, evitar abusos y despojo.

A favor, el diputado del PAN, Ricardo Villareal García, indicó que se establecen por primera vez tabuladores mínimos de valores comerciales de la tierra. Rechazó el despojo y resaltó que los propietarios serán asesorados por la Procuraduría Agraria. “No se permitirá el abuso”, garantizó.

En contra, la diputada del PRD, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, comentó que el término modificado de expropiación a ocupación temporal es una burla, ya que en los hechos es una apropiación de facto y un despojo inhumano, porque después de la explotación se les entregan tierras estériles; solo recibirán una propina, indicó.

También en contra, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que no hay condiciones igualitarias en la negociación. Señaló que es un despojo por casusas de utilidad privada no pública como en el pasado con Pemex y CFE. “Es un tema verdaderamente sensible que alterará la frágil paz que hay en el país”.

En contra, el perredista Javier Orihuela García, propuso dos cambios a este apartado: para que las actividades agrícolas y ganaderas se consideren de interés público y social, sean preferentes por sobre otra actividad que implique su aprovechamiento; y los propietarios sean considerados “socios preferentes” de los proyectos de extracción, ya que no se dan esas garantías, dijo.

En contra, por el Partido del Trabajo, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, consideró que en la ocupación de tierras y constitución de salvaguardas “no se obliga a las autoridades a asesorar a los propietarios, dejándolos solos frente a las grandes empresas”; disfrazan la expropiación. Sobre las evaluaciones de impacto social no se establecen obligaciones sino meras recomendaciones, lo cual no garantiza el desarrollo social de las regiones susceptibles a explotación, apuntó.

En contra, por el PRD, el legislador Luis Espinosa Cházaro destacó que el riesgo radica en dejarlo a la interpretación cuando no se tiene un modelo previo de esta figura, cuando el Estado debería tener la garantía en favor de los propietarios. Pidió “no minimizar a los connacionales” y propuso convocar a las organizaciones campesinas, para explicarles y conocer su opinión.

A su vez, también el perredista Agustín Miguel Alonso Raya, refirió la necesidad de incluir precisiones en el nuevo marco jurídico, porque hay muchos abusos. “Si no lo escribimos bien, se va a prestar a la extorsión, a corrupción y no va a lograr el objetivo que se pretende, una contraprestación justa, a partir de una negociación, de un acuerdo”.

El presidente de la Comisión, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, informó que se dejan a salvo todas las reservas que los diputadas o diputados presenten a la comisión y al pleno de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, declaró un receso, una vez que esta reunión tiene el carácter de permanente, y citó para su continuación el día de mañana a las 10:00 horas.

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