• Diputados fijan posiciones en torno a norma secundaria de reforma energética

31-07-2014 El dictamen es “muy pobre y falla rotundamente” en su pretensión de fortalecer a los entes reguladores: PRD, MC y PT

Durante la sesión de hoy, diputados de los siete grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento respecto al dictamen de la minuta que expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Previo a su aprobación en lo general, con 333 votos a favor y125 en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen al señalar que los órganos reguladores del sector energético, al ser dotados con autonomía técnica, operativa y de gestión, reforzarán las medidas anticorrupción y garantizarán la seguridad energética del país.

En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT se pronunciaron en contra del dictamen al considerar que es “muy pobre y falla rotundamente” en su pretensión de fortalecer a los órganos reguladores, que serán “quienes regenteen los recursos energéticos del país”. Su creación, parece ser parte de una serie de requisitos necesarios para justificar la apertura del sector energético.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) destacó el fortalecimiento de los órganos reguladores del sector energético y su autonomía técnica, operativa y de gestión para ejercer facultades de regulación técnica y económica. Bajo el esquema que operarán, afirmó, “no podremos tener los mexicanos juez y parte”.

Explicó que la Secretaría de Energía será el eje rector para el diseño de la política energética y los órganos con autonomía, se encargarán de vigilar que esta política se cumpla, se ejecute y se sancione en los casos en los que no se ejerza a cabalidad.

Entre sus atribuciones está la de vigilar y supervisar actos de resolución, imponer sanciones, solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información y verificarlas, así como realizar visitas de inspección, detalló.

Los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que celebren estos órganos estarán sujetos a la Ley Anticorrupción de Contrataciones Públicas, así como a las leyes aplicables en materia de transparencia.

En tanto, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) indicó que con el dictamen se garantiza la independencia de los órganos reguladores para que funcionen adecuadamente. Aclaró que “a quien se deben éstos son a los intereses de los consumidores y no de las empresas”.

Respecto a la Comisión Reguladora de Energía, dijo que con la apertura a particulares en la generación de energía eléctrica y su comercialización se requiere de un órgano fuerte, sólido, para que los consumidores tengan las garantías de que las tarifas no serán determinadas con un criterio político sino producto de análisis técnicos.

Por ello, consideró que las tarifas eléctricas van a bajar porque serán producto y consecuencia de que la reestructuración del sector; serán calculadas con criterios técnicos, no políticos.

Por el PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena comentó que el dictamen de esos entes “es muy pobre y falla rotundamente en su pretensión de fortalecerlos”. Consideró que en realidad “serán organismos sujetos a las decisiones políticas de la Secretaría de Energía, con el riesgo de que en su integración queden personas que actúen como representantes de las empresas reguladas”.

“Las figuras novedosas de los órganos reguladores coordinados y el Consejo de Coordinación del Sector Energético, no tienen otro objetivo que acrecentar el control de la Secretaría de Energía sobre las que hoy son sus órganos desconcentrados, por lo que es notable el retroceso en las perspectivas de tener instituciones de mercado realmente autónomas”, agregó.

Sostuvo que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos queda como una oficina dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director ejecutivo será nombrado y removido libremente por el presidente de la República. “La subordinación de los órganos reguladores al Poder Ejecutivo los hará inoperantes”.

En contraste, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM) aseguró que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tendrán cierta dependencia del Ejecutivo federal, pero también se les dota de autonomía técnica y de gestión y presupuestaria.

“Ambas serán las instituciones encargadas de hacer cumplir los objetivos de la reforma energética respecto a garantizar la rectoría del Estado en el sector, en beneficio de todos los mexicanos”, expresó.

Afirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos será un nuevo órgano especializado en protección ambiental y en la seguridad de la industria del petróleo.

Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que los órganos reguladores serán “quienes regenteen los recursos energéticos del país”, luego de destacar que la Comisión de Hidrocarburos tendrá toda la información de las reservas del país.

También aseguró que las funciones de la Agencia serán inútiles. “Es un parapeto para justificar la utilización indiscriminada del fracking, de la fractura hidráulica en nuestro país”, indicó.

“Es verdaderamente absurdo que en la ley que regula esta agencia no hay una sola palabra al tema de la fractura hidráulica, como si por esta razón se desapareciera el peligro ecológico que se cierne sobre amplias extensiones del territorio nacional”, destacó.

El diputado José Benavides Castañeda (PT) consideró que la creación de los órganos parece parte de una serie de requisitos necesarios para justificar la apertura del sector energético, y no para contribuir con especificaciones técnicas ni políticas que contribuyan a la creación de un sistema eficiente de control.

Lamentó que se le dan atribuciones a una Comisión Nacional de Hidrocarburos para que a nombre del gobierno federal realice los trámites en materia de asignaciones y licitaciones de contratos de exploración y extracción, pero contra toda lógica, puntualizó, no tendrán injerencia ni en la determinación técnica sobre qué tipo de contratos realizar ni de la determinación económica.

Destacó que la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental estará manipulada por el Ejecutivo, “tomando en cuenta que será el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, el que determine cuáles son las áreas de explotación, por lo que al obedecer las acciones que determine el Ejecutivo la agencia nunca podrá ir en su contra”.

En representación de Nueva Alianza, Dora Talamante Lemas destacó que esos instrumentos reforzarán las medidas anticorrupción que garantizarán la seguridad energética del país, porque serán “árbitros” que vigilarán el cumplimiento de la competencia efectiva y el juego limpio por parte de todos los agentes involucrados.

Resaltó la importancia de cuidar a los integrantes de los órganos reguladores “porque así buscaremos que asuman la responsabilidad social que conlleva su cargo, actuando con imparcialidad, transparencia y ética pública”.

“Al conformarse la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dotamos a este ámbito de un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección de los recursos naturales y medio ambiente”, dijo.

Durante la discusión, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) mencionó que su voto sería en contra, pues esta reforma pretende fortalecer y da garantías a los competidores. “Es impopular para la sociedad, pues se cobrará a todos los mexicanos, a fuerzas, el costo de la corrupción, la impunidad y los negocios del Pemexgate”. Añadió que el Pemexproa es el verdadero crimen de este siglo, ya que no ayuda a Pemex a competir, es para poderlo vender sin esos pasivos”.

El diputado Manuel Añorve Baños (PRI) señaló que esta reforma recoge elementos que fortalecen el proceso económico, jurídico y social, además de que promueve la rendición de cuentas, la competencia, la eficiencia, la producción y la transparencia. Aclaró que estas normas están diseñadas con un profundo espíritu nacionalista que antepone el interés general y salvaguarda la soberanía.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) declaró que el diseño de estos órganos aumentan la burocracia y permite que las empresas transnacionales tengan seguridad jurídica. “Este tipo de instancias, en el pasado, han sido ineficaces y ahora sólo se les prepara para conducir el proceso de la privatización del sector energético y el debilitamiento de las empresas públicas que le quedan a la nación”.

La diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) se pronunció a favor de esta reforma, pues crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, la cual contribuirá a resolver los estudios de riesgo ambiental, así como regular y expedir licencias, autorizaciones y permisos en materia de protección ecológica.

Por su parte, la diputada Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano) dijo que los órganos reguladores no tendrán autonomía, pues los comisionados serán asignados por el Ejecutivo, además de que se abren las puertas del Consejo Consultivo a representantes del sector energético, asignatarios, contratistas y permisionarios, es decir, las empresas internacionales aconsejarán cómo regularlas. Por otro lado, planteó reconsiderar la práctica del fracking, pues no se conoce a profundidad sobre el tema.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) indicó que esta reforma permitirá forjar una nueva historia para el país, ya que abre la participación de nuevos inversionistas, los cuales fortalecerán la cadena productiva; sin embargo, sostuvo que para que exista un buen cumplimiento de la ley se requiere de un órgano especializado que vigile la adecuada ejecución de la norma y el correcto uso de los mecanismos de prevención de los desastres a consecuencia de la explotación de los hidrocarburos.

Por el PT, el legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara expresó que en la ley de estos entes no se presenta un diseño institucional que les garantice autonomía para decidir en asuntos de trascendencia, ya que están subordinados al Ejecutivo federal. “Se fortalece una visión presidencialista y centralista; no hay equilibrio; se abona a la cultura de la impunidad y se reproduce la corrupción”.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) resaltó que hoy se les fortalece con un presupuesto para que se preparen y hagan frente a los desafíos que el nuevo modelo energético plantea. Agregó que con la Agencia se establecen instrumentos de sanciones severos, los cuales “harán que las empresas entren en regla y se ciñan a lo que dice la legislación y normatividad; hay paliativos por derrame de hidrocarburos”.

Margarita Elena Tapia Fonllem, diputada del PRD, mencionó que la seguridad energética es un sueño lejano, y en el nuevo esquema de los órganos reguladores, no hay criterios adecuados para contribuir con las autoridades administrativas y de control, para avanzar en el combate de la transparencia y corrupción.

Del PRI, el diputado Abel Octavio Salgado Peña aseguró que con estas reformas se amplían las facultades de los entes reguladores, los profesionaliza y los convierte en órganos autónomos. Además, señaló, la Agencia asegura que la extracción de hidrocarburos se dé con respeto al medio ambiente, es decir, “tendrá dientes, no será un organismo ineficaz que sólo sirva para ensanchar la administración”.

La legisladora Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) consideró que el dictamen carece de un impacto presupuestario sobre la creación de la Agencia Nacional; representa un retroceso de más de 25 años de la política ambiental y está lejana de las normas internaciones en el sector hidrocarburos y el medio ambiente.

Reservas

Para su discusión en lo particular se reservaron de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética los artículos del 1 al 16; del 18 al 33, del 35 al 42; así como los artículos Transitorios Primero y Cuarto.

De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 32 y 33.

Mientras que de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, los artículos del 1 al 20; la adición de un artículo 21 Bis; del artículo 22 al 38. También los Transitorios: segundo, cuarto y quinto, así como la adición de un Décimo Transitorio y de otro Transitorio.

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