• Responde así a cuestionamientos de diputados sobre lo dicho por funcionarios de que 100 por ciento de la renta será para la nación

• Se realiza tercera reunión de estudio hacia dictaminación de leyes secundarias de reforma energética

17-06-2014.- Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, se reunieron con expertos del sector privado y de Petróleos Mexicanos (Pemex), para analizar las leyes secundarias en materia energética remitidas por el Ejecutivo.

A la reunión asistieron Rogelio Gasca Neri, consultor y consejero independiente de las áreas de energía, finanzas, gobierno corporativo y proyectos de infraestructura; Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex.

Los diputados pidieron conocer sus puntos de vista sobre la renta petrolera, la transparencia y rendición de cuentas en Pemex, disminución de actos de corrupción, las implicaciones de la reducción de costos en tarifas eléctricas y el régimen fiscal de la paraestatal.

Al iniciar los cuestionamientos, la diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) pidió a los expertos centrar su opinión respecto de cómo operará el Centro Nacional del Gas Natural y cómo se le van a transferir los ductos de gas de Pemex y CFE para que los maneje.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) aseguró que de acuerdo con la Ley para el Fondo Mexicano del Petróleo, del ingreso proveniente de la renta petrolera se destinará al Presupuesto de Egresos de la Federación el 4.7 por ciento, como mínimo; una cantidad importante se destinará a la inversión en ciencia y tecnología y otra a energías renovables; “el beneficio será doble”, dijo.

Javier Treviño Cantú (PRI) destacó que la reforma energética tiene que ver con la competitividad de la planta industrial del país, por lo que preguntó a los invitados qué papel debe jugar México en este nuevo entorno de reindustrialización de América del Norte, donde las decisiones se están tomando hoy con base en los costos de la energía.

En su turno, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) cuestionó cuál es la mejor expectativa de futuro que se puede dar a través de la legislación a Petróleos Mexicanos. “Queremos verla como una empresa más que como una entidad del gobierno, pero pareciera que las iniciativas del Ejecutivo plantean lo contrario, sobre todo desde el punto de vista del régimen fiscal”, señaló.

Jorge Rosiñol Abreu (PAN) preguntó si con los esquemas de contratación de utilidad compartida, de producción, de licencias y de servicios la industria petrolera se podrá tener un mayor impulso y desarrollo de Pemex, y si traerán beneficios al Estado y, en consecuencia, a su población y a la mano de obra especializada.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) consideró que en la iniciativa del Ejecutivo se tiene que modificar el régimen fiscal de Pemex. Además, pidió la opinión de los especialistas sobre el nombramiento de los consejeros de la paraestatal y los miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, para garantizar su independencia.

La diputada perredista Claudia Elizabeth Bojórquez Javier sostuvo que los aspectos fundamentales de la reforma reflejan que las paraestatales Pemex y CFE “serán achicadas y las colocarán en un mercado financiero voraz, con amplias desventajas y atadas de manos”.

Carol Antonio Altamirano (PRD) expresó su inquietud respecto a la renta petrolera. Indicó que de acuerdo con funcionarios y el Ejecutivo, el 100 por ciento será para la nación y que las empresas no tendrán acceso a ella, “lo que en la práctica no será así porque se otorga una gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda para decidir qué costo le reconocerá a cada contratista. Si esos costos resultan inflados, automáticamente los contratistas se van a quedar con una parte, lo que representa un gran riesgo”, afirmó.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) cuestionó si esta reforma es eminentemente extraccionista y si hay piso parejo en la competencia entre la paraestatal y los demás competidores, “porque no vemos el cambio de régimen fiscal real de Pemex y con la discrecionalidad para Hacienda, corremos el grave riesgo de predestinar a Pemex a ser un jugador relegado en su propio terreno”.

En tanto, la diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) aseguró que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo cumplen cabalmente con la reforma constitucional y son altamente responsables.

Preguntó a los especialistas su opinión acerca de la integración del Fondo Mexicano del Petróleo, del fideicomiso que le dará vida y de las becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados para hacer frente a la implementación de la reforma energética, ya que es innegable que se necesitarán ingenieros especializados.

Tomás Torres Mercado (PVEM) aseguró que esta reforma es la más importante que se ha planteado en los últimos tiempos. “No es sólo para sacar más petróleo o explotar más el gas, sino generar una inversión racional, trabajos e ingreso que repercuta en la gente, y en empleos, tarifas, salud, educación y oportunidades para los jóvenes”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) comentó sobre la corrupción que pudiera generarse a partir del nuevo modelo de operaciones del sector energético, en relación con los contratos de utilidad compartida, de producción compartida, licencias y el tema de la fiscalización de costos, tomando como referencia los casos de Oceanografía, Los Ramones, Hewlett-Packard, Siemens y Mexicana de Lubricantes.

Consideró que con el Fondo del Petróleo hay mucha discrecionalidad, en donde “está no solamente la mano sino el cuerpo entero de Hacienda metido”. Además, pidió su opinión sobre la reducción de tarifas de electricidad y si esta reforma energética, sin los controles de fiscalización adecuados, no va a redundar en mayor corrupción.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) hizo ver el impacto que tendrá quitar el carácter de estratégico a la industria energética y cómo afectará a México, toda vez que da la impresión de que el Gobierno federal, al abrir Pemex a la inversión privada, pone en riesgo no sólo la estabilidad del país sino la seguridad energética.

Puntualizó que un mito de la reforma energética es suponer que al permitir la inversión privada se acabarán los casos de corrupción. Inquirió a los especialistas si existe una fórmula para eliminar la corrupción y si se tendrá la capacidad de ahorrar en el Fondo Mexicano del Petróleo, dada la carga fiscal y financiera que se le da a la paraestatal.

De Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco destacó la importancia de que la legislación secundaria establezca los mecanismos que permitan la captura de la renta petrolera a favor de la nación. Preguntó qué implicaciones tendría en el mercado de hidrocarburos que el Estado mexicano obtenga el 100 por ciento de la renta petrolera, en caso de que así sea.

Dora María Talamante Lemas, del mismo partido, consideró que los cambios en materia energética son necesarios, pero no suficientes para lograr tener una empresa que nos coloque en los primeros lugares a nivel mundial. Pugnó por encontrar esquemas más transparentes y de rendición de cuentas, más eficaces y estrategias de protección al medio ambiente.

En su turno, Rogelio Gasca Neri, consejero independiente en materia de energía, expresó que la reforma energética es histórica, pues este cambio de paradigma es fundamental para el país y necesaria para enfrentar los retos en la materia.

“Pronostico que va a ser un éxito en cuanto a los problemas que tenemos; nos va a permitir enfrentar los retos que vemos en el horizonte y también aprovechar oportunidades para el sector público, privado y social en términos de hidrocarburos”, agregó.

Hizo votos para que se elaboren bien los contratos y se cuide todo el clausulado; que su asignación sea transparente; su ejecución, impecable, y su seguimiento y control en el día a día, eficiente, con reglas claras y con la habilidad de ajustarse a los cambios no previstos que se presenten.

Puntualizó que uno de los problemas de la reforma de 2008, fue “habernos creído que podíamos tener recursos nada más con sólo desearlo, lo que contrastó con la realidad. Mostró claramente que creer que íbamos a producir enormes cantidades de petróleo, iba a ser un mito, lo que dio lugar a que pensáramos en otra reforma más ambiciosa, más realista, que es la energética que ha propuesto el Ejecutivo”.

Consideró necesario que las leyes reglamentarias en materia energética reflejen el cambio constitucional y garantizar que haya transparencia total en el trabajo de las comisiones Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos.

Gasca Neri sostuvo que la única forma de bajar las tarifas eléctricas, sin que haya subsidios del gobierno o del sector productivo, es bajando los costos. Eso sería posible con la participación privada y una generación más eficiente, sostuvo.

Aclaró que si se bajan las tarifas por decreto, “alguien va a tener que pagar por ello; si es por subsidio, pagamos todos los contribuyentes y si es través de una tarifa vamos a pagar el pato todos, como lo estamos pagando ahorita”.

A su vez, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada Pascal, precisó que con la reforma energética se busca lograr una mayor producción y, por lo tanto, una mayor renta petrolera que se traducirá en más ingresos para el gobierno.

Una mayor renta petrolera, dijo, permitirá financiar aquellos programas que deben capitalizarse con recursos no renovables, es decir, traducirse en inversión, infraestructura, educación, salud y no sólo en un gasto corriente que se vuelva a despilfarrar o desperdiciar.

Se requiere, puntualizó, que estos ingresos compensen las pérdidas por la caída de la plataforma y se traduzcan en infraestructura y mayores empleos, pues el país vive una precarización en los salarios, sueldos y trabajos.

Aclaró que la renta petrolera no es la solución mágica pero puede aportar mucho si es bien utilizada. “Estas iniciativas tienen muchas cualidades, por lo que creo nos pueden llevar a una buena reforma energética y lograr generación de empleos en el país; es importante que se canalicen muy bien los excedentes y los fondos”.

Pidió a los legisladores “encontrar el equilibrio”, entre seguir alimentando los requerimientos del gobierno y dejar que Pemex sea una empresa productiva, eficiente y sin corrupción, y aseguró que en México “vivimos la maldición del petróleo” desde los 70 y los 80, cuando se estableció como la única solución para el crecimiento económico y el gobierno federal olvidó crecer de una manera madura, sustentable con base a las finanzas públicas.

En tanto, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex, aseguró que al introducir las figuras de contratos de licencia y de producción compartida en esta reforma energética, hay una decisión del Estado mexicano de compartir una proporción de la renta petrolera.

“No hay forma de establecer un contrato de licencia o de producción compartida, sin que en el contrato mismo haya una forma de distribución del riesgo geológicos que estas modalidades contractuales implican”, afirmó.

Destacó que mientras no haya una producción adicional significativa en México, la cual va a tardar, “no habrá un aligeramiento fiscal para Pemex sustantivo”, porque estará sujeto al límite que se establece en el Fondo Mexicano del Petróleo del 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Estas reformas, precisó, mantiene un peso muy importante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las decisiones presupuestales de Pemex y, sobre todo, hay una lamentable ausencia del tema de ciencia y tecnología, pues lo único que está en la iniciativa es la imposición de un límite de 5 mil millones de pesos, que se destinarían a la investigación y al desarrollo, “lo cual sería la gran aportación de México en estos rubros”.

Ruiz Alarcón destacó la necesidad de definir claramente hacia qué modelo se desea transitar para el sector energético “y si estamos optando por hacer de Petróleos Mexicanos una empresa productiva”.

En el tema de corrupción, consideró que se requiere de un Pemex fuerte, flexible y con la suficiente autonomía, “porque de otra manera no es un aliado adecuado para las operadoras internacionales”.

Puntualizó que “si la paraestatal recibe de este Congreso los elementos jurídicos suficientes va a poder cumplir con toda responsabilidad y eficiencia su papel de estar al servicio de la patria”.

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