• Destaca CMIC que liberación del sector energético da oportunidad de crecer a empresarios

• Adolfo Hellmund asegura que leyes secundarias ponen en riesgo renta petrolera y viabilidad financiera de Pemex y CFE

• Este jueves se reúnen diputados con el gobernador del Banco de México

18-06-2014.- Ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Édgar Abraham Amador Zamora, afirmó que la reforma energética no tendrá una afectación importante, ni positiva ni negativa, sobre la composición y el monto de la Recaudación Federal Participable (RFP) de las entidades federativas, en los primeros dos o tres años de su vigencia.

Sin embargo, planteó establecer un mecanismo que neutralice cualquier consecuencia dañina que se traduzca en una merma para la RFP.

En el segundo encuentro con expertos independientes para analizar las leyes secundarias en materia energética, remitidas por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión Mixta Pemex-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Ochoa Zúñiga, expresó que los beneficios tangibles de la reforma serán la infraestructura de ductos, la producción de gas natural, la sustitución del combustóleo y la producción de amoniaco, lo que beneficiará a los mexicanos.

A su vez, Adolfo Hellmund López, asesor en economía, financiamiento, fusiones, adquisiciones y obtención de capital, sostuvo que los planteamientos de leyes secundarias ponen en riesgo la renta petrolera y la viabilidad financiera a mediano plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no se garantiza una reducción de precios de la energía.

Los diputados pidieron conocer sus puntos de vista sobre la renta petrolera, transparencia y rendición de cuentas en Pemex y en la CFE, ventajas del uso de tecnologías, expropiaciones de predios, régimen fiscal de Pemex y posibles daños ecológicos por fracking para la explotación del gas shale y lutita.

En las rondas de preguntas y respuestas, los diputados Javier Filiberto Guevara González y Abel Octavio Salgado Peña, del (PRI), coincidieron en señalar que las leyes secundarias deberán establecer lineamientos claros y precisos sobre la compra y expropiación de tierras indispensables para el adecuado funcionamiento del sector energético.

Guevara González demandó contemplar reformas a la Ley Agraria para evitar bloquear proyectos, afectar tiempos o licencias, garantizando precios justos y razonables para los propietarios de tierras, así como un eficaz mecanismo para solucionar los conflictos. “Las leyes secundarias deberán garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno para alinear intereses, permitir el fomento de la inversión y garantizar la competitividad”, señaló.

La diputada Paulina Alejandra Del Moral Vela (PRI) se pronunció por aprovechar la tecnología que existe en el mercado para obtener una mayor renta petrolera a la que hoy se tiene. Consideró que “de nada sirve a los mexicanos ir pregonando que tenemos abundante petróleo si no tenemos la tecnología ni los recursos financieros para explotar primero, luego extraer y posteriormente procesar los hidrocarburos que están en las profundidades del Golfo de México”.

Juan Bueno Torio (PAN), antes de recordar el retiro de su grupo parlamentario de la mesa de discusión, aseguró que Acción Nacional no acompañará los dictámenes de las leyes secundarias si se mantiene el apartado en torno a las expropiaciones de predios. Tampoco avalará, añadió, el régimen fiscal de Pemex propuesto y no permitirá que se mermen los recursos de las entidades federativas.

No obstante, Bueno Torio aseguró que su fracción analizará y discutirá en su momento estos temas. “Por lo pronto, el Partido Acción Nacional anuncia que por acuerdo de sus grupos parlamentarios deja de participar en estas mesas, subrayó.

Fernando Cuéllar Reyes y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD, coincidieron en que la reforma no garantiza la seguridad energética para los próximos 30 años, se mantiene la petrolización de las finanzas públicas y no hay autonomía presupuestal ni de gestión para Pemex.

Advirtieron que su partido no permitirá ninguna afectación al pacto fiscal ni a la RFP, y tampoco solapará el despojo a las comunidades campesinas e indígenas. Bojórquez Javier manifestó su preocupación por saber en cuánto se espera aumentar la producción petrolera.

Luis Espinosa Cházaro (PRD) consideró necesario un verdadero debate de la reforma, ya que el dictamen dista mucho de ser en beneficio de México y hay grandes carencias que ponen en riesgo la seguridad energética y la soberanía del país. “No encontramos en el PRD las ventajas de las que se habla en los millones de spots de esta reforma para servir a México”.

En tanto, Ricardo Astudillo Suárez y Laura Ximena Martel Cantú, del PVEM, abordaron el tema del fracking para la explotación del gas de lutita y gas shale, así como los posibles daños ecológicos.

Astudillo Suárez aseveró que el sector petrolero no puede estar por encima de los cuidados del medio ambiente y cuestionó cómo tendrá que ser el marco jurídico para proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo de la industria energética. Martel Cantú preguntó qué otro tipo de contratos podría celebrar Pemex, además de los de servicios, licencia, utilidad compartida y producción compartida ya contemplados en la reforma.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) se refirió también al tema del fracking del que, dijo, se prevé una devastación social ambiental, sanitaria y de derechos humanos, por lo que propuso la creación de “un gran frente más allá del discurso”, y acusó que la Agencia de Seguridad Industrial y Medio Ambiente es un ente burocrático más, dependiente de la Semarnat, que no tiene la capacidad de sancionar ni de resistir la embestida que vendrá del fracking.

María Sanjuana Cerda Franco (NA) cuestionó sobre la importancia de mantener el actual esquema de asignaciones, a través del cobro de derechos o, en su caso, dijo, qué medio se propone para que los ingresos del país no sufran un detrimento. Además, preguntó en qué medida garantizarán las facultades otorgadas a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, y si existe duplicidad de funciones o interferencia entre los órganos reguladores con la Secretaría de Energía.

El secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Édgar Abraham Amador Zamora, comentó que con esta reforma la producción de hidrocarburos se va a dividir en contratos y asignaciones. Los primeros, afirmó, tendrán un papel predominante en la dinámica de la RFP en el futuro, pues van a recibir, en términos de ingresos fiscales, contraprestaciones establecidas en contratos a favor del Estado y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que causen los contratistas.

Actualmente, explicó, la fuente de ingresos primordial de la RFP es el derecho que paga Pemex. El derecho es un costo para Petróleos Mexicanos, por lo tanto viene al inicio de la cadena de pagos de Pemex con los contratos. La fuente de ingresos para la RFP será el ISR, el cual es un resultado del ejercicio, no es un costo. “No es lo mismo para la RFP ser alimentado por el derecho que por el ISR”, dijo.

Amador Zamora resaltó que de aquí al 2015 Pemex va a recibir asignaciones, y las empresas contratos, pero a partir de esa fecha la paraestatal podrá cambiar sus asignaciones por contratos.

Refirió que en el Fondo Mexicano del Petróleo se asigna una partida para los estados y los municipios, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), donde se plantea una modificación positiva, que en caso de excedentes haya una proporción fija de los ingresos petroleros.

Expuso que la reforma también propone modificar la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a la conformación de la RFP y norma los contratos y las asignaciones. En lo que se refiere a los contratos, dijo, el 79.73 por ciento del ISR contará para la RFP, pero en un escenario en el que la producción de Pemex asociada a las asignaciones decae y la producción asociada a contratos sube, la mezcla de la RFP entre los ingresos provenientes de asignaciones y de contratos va a cambiar.

Planteó a los diputados establecer un mecanismo que neutralice cualquier afectación negativa para las finanzas estatales en el caso de que esta mezcla se traduzca en una merma para la RFP, “que seamos capaces de que este 79.73 por ciento se pueda ajustar en caso de que los ingresos derivados para las asignaciones se reduzcan”.

En los primeros dos, tres años de la nueva industria, agregó, las inversiones van a ser cuantiosas y los ingresos van a ser menores, y en lo que los proyectos maduran el ISR generado por los nuevos contratos es predecible que sean reducidos, pero cuestionó qué va a pasar con la contribución de esos contratos a la RFP, ya que no es predecible que sean significativos y “podemos entonces tener alguna afectación a las finanzas estatales”.

Con la reforma energética, aseguró, los ingresos del gobierno federal que se reciben por derechos podría disminuir en el tiempo y eso es predecible. Además, las asignaciones desaparecerán y únicamente superará con los contratos. Señaló que de aquí a 10 o 15 años, cuando ya no haya asignaciones y sólo sean contratos, “vamos a aportar solamente el 79.73, porque no vemos cómo calibrar cualquier impacto que pueda tener sobre la RFP”.

A su vez, el presidente de la Comisión Mixta Pemex-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Ochoa Zúñiga, detalló que tuvieron que pasar 75 años para que una legislación reformara las leyes energéticas que, con el tiempo, se habían hecho arcaicas. Con esta reforma energética se conserva para la nación la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo y para el Estado el monopolio jurídico de la expropiación y extracción, sostuvo.

Esta reforma, dijo, abrió a la inversión privada nacional y extranjera todas las actividades abajo de la cadena petrolera, desde la refinación y el procesamiento del gas a la venta del consumidor, incluyendo los intercambios con el exterior, al mismo tiempo se organizó la industria como una secuencia de mercados abiertos a la competencia.

Adelantó que la mayor producción de gas natural asociada a la participación privada en el corto plazo aumentará la estructura de ductos, lo que facilitará la importación de gas natural del orden de 4 dólares, sustituyendo las compras a precios del orden de 18 dólares y que hoy representan el 25 por ciento de la demanda de Pemex.

Mencionó que en el mediano plazo propiciará la explotación de otros campos para abrir, incluso, estas compras al exterior. “La sumatoria de efectos a corto y mediano plazo incidirán en menos costos para la industria, consumidores y, especialmente, en la generación de energía eléctrica”.

En cuanto al riesgo de afectaciones al medio ambiente, precisó que se establecen medidas para protegerlo. Además, en coordinación con las empresas petroleras, se establecerá un plan nacional de contingencia para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas al mar.

Ochoa Zúñiga argumentó que una preocupación de los mexicanos es prevenir y evitar la corrupción; para ello, se consideran instancias de gobierno, rondas de licitaciones públicas, cláusulas de transparencia, ingresos al Estado, publicación de costos, rendición de cuentas y revelación de la información por parte de la CFE y Pemex para evitar prácticas de depredación.

Indicó que la reforma instaura un modelo energético basado en la explotación controlada del petróleo y del gas natural, y que la liberación del sector energético “nos da la oportunidad de crecer en el sector empresarial e industrial, coadyuvando con el desarrollo del país, y a los mexicanos nos da la oportunidad de mejorar nuestras condiciones”.

Respecto al fracking, explicó que no afectaría totalmente la superficie ni tampoco tendríamos muchos problemas de contaminación si se da una regulación adecuada y el manejo por parte de personal capacitado.

Adolfo Hellmund López expresó que los planteamientos de leyes secundarias no garantizan una reducción de precios de la energía a consumidores y a empresas, no dan preferencia a la industria nacional como proveedora del sector y ponen en riesgo la propiedad privada al permitir la expropiación “por causas que no se pueden calificar de otra forma más que de utilidad privada”.

Dijo que con unas leyes secundarias que no restringen la participación de empresas privadas en los yacimientos más rentables, como son los de tierra y aguas someras, ni tampoco establecen porcentajes mínimos de ingresos fiscales por barril similares a los que hoy se obtienen a través de Pemex, “el riesgo de una crisis fiscal hacia el final de sexenio es muy real”.

“También es posible que para evitarla se tengan que incrementar los impuestos al resto de la sociedad con los impactos que esto generaría en menor crecimiento. Además, existe el riesgo de una crisis en Pemex si la empresa se queda sin reservas probadas y por lo tanto no puede mantener su nivel de producción”, resaltó.

Afirmó que las leyes secundarias permiten la privatización a precios de remate de las actividades industriales de Pemex y también ponen en riesgo la capacidad de generación de la CFE, ya que abren el mercado a la competencia sin darle elementos a esta compañía para competir.

“Lo más probable, es que CFE siga cerrando sus plantas en lugar de modernizarlas, adecuarlas para que usen combustibles más baratos y, al mismo tiempo, que los productores privados sigan aumentando su participación de mercado”, dijo.

Con este modelo de industria, resaltó, las empresas privadas capturarán a los clientes más rentables, mientras que la CFE se quedará con los de menor rentabilidad volviéndose inviable financieramente en el mediano plazo, momento en que se podrá rematar para que sea “rescatada” por el sector privado.

La novedad en las leyes secundarias, precisó, es el procedimiento, porque las empresas privadas que participen en el sector energético van a poder expropiar de facto a los dueños de la superficie a precios fijados por el Instituto Nacional de Avalúos que no se caracterizan por ser de mercado, pues “tienden a ser muy bajos”.

Hellmund López propuso una alternativa para fortalecer y modernizar al sector energético sin privatizar sus actividades y activos, al establecer una verdadera autonomía presupuestal y financiera, donde la limitante del endeudamiento de Pemex y la CFE fuera básicamente que la deuda que estas empresas contrataran, tuviera un costo financiero menor que el rendimiento ajustado por riesgo de los proyectos que se financiaran.

De adoptarse esta medida, aseguró, no habría necesidad de privatizar las actividades del sector, dada la altísima rentabilidad de las tareas de exploración y explotación de petróleo, y no habría necesidad de compartir la renta petrolera con empresas privadas.

Dijo no estar de acuerdo con los impuestos verdes, “creo que ya hay más que suficiente carrera de impuestos para los mexicanos. Proponemos austeridad, combate a la corrupción y mejor fiscalización a las grandes empresas”, apuntó.

Al concluir la reunión, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), dijo que las opiniones de los expertos ayudan a los legisladores a profundizar en los asuntos de la reforma energética y que son competencia de estas comisiones.

Recordó que mañana jueves 19 de junio, a las 9:00 horas, acudirá el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, en el Auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, del edificio “E”.

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