19-06-2014.- La Cámara de Diputados aprobó con la unanimidad de 438 votos a favor, el dictamen que elimina el “haber de retiro” para los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con la derogación de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se suprime la atribución de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral para determinar el “haber de retiro” de los Magistrados de la Sala Superior.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que en la reciente expedición y reformas de las leyes secundarias en materia político-electoral, se facultó indebidamente al Comité de Administración para poder determinar el “haber de retiro” de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

Resalta que el “haber de retiro” es una prestación económica de carácter no remunerativa que se identifica con las pensiones de los empleados públicos. Además, debe estar asignado por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, y se determina de forma anual y equitativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, precisa que es constitucional asignar “haberes de retiro” a los funcionarios públicos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales de este tipo de prestaciones.

Afirma que por sí mismo no es condicionante de la estabilidad e inamovilidad de los jueces o magistrados sino, en todo caso, complementario y sujeto a la norma.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), destacó que la disposición que ahora se deroga no establece parámetros de otorgamiento o cálculo alguno que permitan fijar el monto de los “haberes de retiro”, por lo que podría significar una trasgresión al artículo 126 constitucional.

Indicó que a la luz de las diferentes iniciativas presentadas sobre el uso de los recursos que se destinan a las remuneraciones de los servidores públicos, se deroga la facultad de la Comisión de Administración del órgano jurisdiccional en comento, para determinar el “haber de retiro” de los magistrados de la Sala Superior.

Moreno Cárdenas destacó que el objetivo es dotar de claridad y legitimidad al uso de los recursos que se destinan a las remuneraciones de los servidores públicos de los distintos órganos del Estado, en este caso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que la aprobación de la reforma electoral significó un cambio en el paradigma que rige la competencia política del país, toda vez que se redefinieron las atribuciones entre la Federación y los estados, se limitaron los gastos de campaña, se establecieron sanciones más severas y se construyó un nuevo perfil para el árbitro y la entidad encargada de la investigación de los procesos electorales.

Al iniciar los posicionamientos, el legislador Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) subrayó que con consenso de todas las fuerzas políticas se acordó esta modificación, pues esta contrarreforma se refiere a un tema que “lacera y lastima” a la sociedad, ya que en el sistema jurídico no debe existir derecho o condición laboral que no tenga que ser correlativa con los años de servicio prestados.

Hoy en México, dijo, existen ciudadanos que no gozan de ningún derecho laboral, y gente que tiene más de 30 años de trabajo y no tiene la oportunidad de alcanzar una pensión. “Éste es el punto que lacera a la sociedad y es lo que estamos tratando de enmendar con el dictamen. Eliminar la figura del “haber de retiro” a favor de los magistrados electorales”, agregó.

Por el PT, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara argumentó que con este dictamen se pretende revertir el daño a la imagen institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el fuerte cuestionamiento del vínculo de éste a las fracciones partidistas.

Se mostró a favor del dictamen, “sin omitir señalar que este galimatías legislativo es resultado del desaseo en el procedimiento parlamentario; aberración que se ha convertido en práctica común en la actual legislatura. Se dictaminan y aprueban leyes sin la posibilidad mínima, no sólo por su contenido y congruencia sino sin el debate abierto frente a la ciudadanía”, abundó.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) resaltó que desde el principio su grupo parlamentario estuvo en contra de la prestación a los magistrados, “pero también en la forma en la que se dio, que se incluyó durante la madrugada en el trayecto de una cámara a otra, y además, sin que ninguna fracción parlamentaria reconociera la paternidad de ese hecho”.

Puntualizó que durante la actual legislatura, la Cámara de Diputados se ha convertido en un territorio sin reglas, por lo que se manifestó para que los procedimientos transiten por las instancias parlamentarias debidas y “no por las cañerías de esta cámara”.

Del PVEM, el legislador Antonio Cuéllar Steffan se expresó a favor del dictamen, ya que la interpretación de la Ley Orgánica “pudo haber llevado a un desvío incorrecto de lo que tenía que haber sido un pulcro manejo del presupuesto para beneficio de los magistrados electorales”.

Sin embargo, expresó, una correcta interpretación pudo haber sido perfectamente equiparable a lo que sucede con relación a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No era la redacción correcta; jamás aprobamos aquí una pensión vitalicia a favor de los magistrados”, aseguró.

A su vez, el legislador Carol Antonio Altamirano (PRD) recordó que este dictamen elimina la discrecionalidad en el otorgamiento del “haber de retiro” de los integrantes del Tribunal Electoral, y consideró que lo que pasó es el ejemplo de lo que nunca debe repetirse en esta Cámara: “legislar al vapor, sin tiempo para revisar los proyectos”.

Luego de hacer un reconocimiento a todas las diputadas y diputados por la sensibilidad de corregir este tema, dijo que queda pendiente realizar una revisión integral del régimen de retiro del Poder Judicial y establecer un control racional a las pensiones.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) expresó que el “haber de retiro” permitió abrir la puerta para que los magistrados electorales tuvieran pensiones vitalicias, “cosa que en las condiciones en las que el país se encuentra es inadmisible a todas luces”.

Sostuvo que al no estar determinada en la ley la fijación del “haber de retiro” y su cálculo, se encuentra en franca contravención al artículo 126 de la Constitución Política, que literalmente establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado en las leyes posteriores, e hizo votos por lograr mayor seguridad jurídica y certidumbre para los gobernados, así como evitar dilapidar los recursos públicos.

Por el PRI, el diputado Abel Octavio Salgado Peña expuso que este dictamen es de una profunda claridad y sencillez, pero de una relevancia toral para garantizar la confiabilidad y solidez de las instituciones electorales y en particular del Tribunal Electoral.

“No vamos a avalar normas que ofendan a la sociedad y que no correspondan con los niveles de ingreso del promedio de la ciudadanía. Reiteramos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los órganos locales, la necesidad de cuidar que no existan excesos en la determinación de pensiones, haberes de retiro o cualquier otra remuneración que no corresponda con el equilibrio en los ingresos que deben tener los órganos jurisdiccionales”, agregó.

En pro del dictamen, los diputados del PRD, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Gloria Bautista Cuevas, así como los de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, destacaron que el “haber de retiro” dañaba la credibilidad de los poderes Legislativo y Judicial, y representaba un insulto a los mexicanos.

Bautista Cuevas expuso que esta prestación que ahora se deroga, otorgaba mayores privilegios a una burocracia ya de por sí privilegiada, pues “estos magistrados electorales no nada más tienen un sueldo aproximado de 150 mil pesos y otras prestaciones más para comida, automóviles, teléfonos celulares, tres bonos anuales y su aguinaldo”.

Monreal Ávila detalló que el “haber de retiro” fue un gazapo, un error, una inconsistencia que nunca debió haber existido, ya que el país “vive en decadencia y la corrupción se ha elevado a rango constitucional y la entrega de recursos ahora se ha convertido en un acto cotidiano”.

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