• El nuevo régimen hará a esta Comisión y a Pemex empresas productivas, eficientes y competitivas a nivel mundial: Treviño Villarreal

• Pemex “tardaría 200 años si pretendiera sacar sin ayuda de la iniciativa privada las reservas del subsuelo”: Beauregard Álvarez

24-06-2014.- Será posible reducir las tarifas eléctricas del país, en la medida en que la reforma energética se materialice, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de ser un monopolio con servicios de baja calidad, afirmó ante diputados el director de Finanzas de ese organismo, Francisco Javier Santoyo Vargas.

En respuesta a las preguntas de los legisladores de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, aseguró que se realizará todo lo que sea posible para bajar las tarifas de electricidad, a partir de que esta Comisión se transforme en una empresa de energía que procure la diversificación de combustibles.

Al continuar con el análisis de las leyes secundarias de la Reforma Energética, explicó que a través de la multiplicidad de combustibles y ampliar la gama de proveedores, se estaría en condiciones de obtener los mejores precios en beneficio de los consumidores.

Señaló que con la reforma constitucional, la CFE se convertiría en una empresa productiva del Estado y dejaría de ser manejada bajo el concepto de entidad de la administración federal. “Se pasaría de un monopolio cuestionado por su eficiencia, calidad de sus servicios y precios de las tarifas a un entorno de competitividad en beneficio de los consumidores”.

Enfatizó que lo que se busca es mayor competitividad y dinamizar el crecimiento del país, y para esto se requiere la conjunción de agentes públicos y privados, “ambos en condiciones de igualdad, eficiencia y productividad”, dijo.

Santoyo Vargas afirmó que no hay un plazo establecido para el desarrollo de un mercado eléctrico, por lo que es muy importante que se apruebe la legislación secundaria.

“Ésta permitirá que todos los posibles participantes tengan claras las reglas del juego y puedan empezar a tomar las decisiones de inversión, de participación, de creación de las fuentes de trabajo, que nos lleven precisamente a esa constitución de un mercado eléctrico”, explicó.

Al iniciar la reunión a la que también asistieron funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), indicó que con estas reformas Pemex y la CFE estarán en la posibilidad de crear valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental.

Con estas reformas, precisó, se deja de ver a Pemex y a la CFE como dependencias gubernamentales y se transforman en auténticas empresas, lo que implica que ambas quedarán fuera de la Ley Federal para Entidades Paraestatales, y se organizarán y funcionarán de acuerdo a lo establecido en sus propias leyes.

Treviño Villarreal sostuvo que estas empresas serán 100 por ciento del Estado mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión. Además, se les establece un régimen especial en diversas materias y se les otorga autonomía presupuestaria, estando sólo sujetas a un techo de endeudamiento, balance financiero y en materia de servicios personales que establezca el Congreso de la Unión.

Puntualizó que la elaboración del ejercicio del presupuesto, así como sus adecuaciones las realizará la empresa sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se busca que tengan un régimen de remuneración especial, únicamente sujeto al techo global de servicios personales que permita atraer al personal altamente calificado, evite la fuga de capital humano y sea acorde con las empresas de la industria con las que compiten en el mundo.

Detalló que con la Reforma Energética se crea una unidad profesional especializada en la materia, con reglas claras para la actuación de los funcionarios y trabajadores de Pemex y de la CFE, con el fin de evitar la corrupción; se establece un régimen especial para la contratación y procura de bienes, obras y servicios que permitirá con oportunidad y transparencia un entorno de competencia.

En síntesis, dijo, “con este nuevo régimen especial Pemex y CFE tendrán las herramientas necesarias para ser empresas productivas, eficientes y competitivas a nivel mundial”.

Al iniciar las rondas de preguntas, el diputado Williams Ochoa Gallegos (PRI) cuestionó cuáles fueron los criterios técnicos y económicos empleados por Pemex para solicitar la adjudicación de las áreas de exploración y los campos de producción, ya que aún no están definidos los esquemas que den certeza para asegurar la salud financiera, permanencia del organismo y mantener los recursos fiscales. Asimismo, cuáles son las razones de negocio por las que Pemex no se concentra en actividades de bajo riesgo y alta rentabilidad.

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) pidió abundar sobre la carga laboral que tienen ambas empresas y sus sindicatos; cuáles son los mecanismos de compensación que se consideran para retener el talento y atraer nuevos profesionistas, ya que cerca del 30 por ciento de los técnicos y profesionales de Pemex están por retirarse; en cuanto a los costos de producción de petróleo, y qué dispositivos tendría CFE para rendir cuentas sobre sus propios recursos.

Samuel Gurrión Matias (PRI) dijo que en materia de energía eólica hay grandes inversiones que se están haciendo en todo el país como Oaxaca en donde se han instalado campos eólicos con inversión extranjera. Preguntó si en la reforma se prevén algunos instrumentos de negociación para beneficiar a la comunidad y si es cierto que las tarifas eléctricas bajarán.

Por su parte, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) preguntó si consideran que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades de más que pueden impactar de manera negativa en el desarrollo de las empresas productivas del Estado. Además, si creen que con la “supuesta autonomía presupuestal que se le da a las empresas productivas del Estado éstas podrán hacer frente a los nuevos competidores en el desarrollo de inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo tecnológico”.

Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN) externó su inquietud sobre la tasa impositiva a Pemex y si con la Ronda Cero será suficiente para competir; también, qué pasará con toda la energía eléctrica que hoy se trasmite y no se cobra y cuándo se verán los resultados en la reducción de las tarifas eléctricas. “Lo que menos se busca es tener un Pemex y CFE débiles; queremos mejores condiciones con un mercado competitivo y, que al final, el consumidor tenga gasolinas de calidad y más baratas, así como mejores tarifas eléctricas”.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN) pidió su opinión respecto a las reglas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas a las cuales quedan sujetas las empresas productivas del Estado, y “cómo consideran que van a cumplir con este anhelo de los mexicanos de que se combata la corrupción en este país y en este sector”.

El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro (PRD) pidió información sobre cuál consideran que es el mayor riesgo de la reforma energética y qué sugerirían al Congreso de la Unión para modificar específicamente en materia de exploración y producción. Asimismo, preguntó: ¿verdaderamente usted considera que hay un piso parejo en materia fiscal, de autonomía presupuestal y de gestión entre Pemex y la trasnacionales que vendrán y en qué proporción se debe compartir la renta petrolera?

Fernando Cuéllar Reyes (PRD) argumentó que con esta reforma la CFE dejará de tributar al Gobierno federal el aprovechamiento de 6.5 por ciento sobre los activos fijos netos, que es el equivalente que la Secretaría de Hacienda asigna por concepto de los subsidios totales, por lo que cuestionó a qué destino de carácter social se distribuirá este monto. Además, qué se hará para evitar actos de corrupción; cómo creen posible que bajen las tarifas, y de qué manera CFE podrá ser competitiva.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) subrayó que son muchas las preguntas que tienen los legisladores, por lo que consideró que se debe dar el tiempo para discutir las reformas. Cuestionó si “ya han pensado en cuánto será la disminución de empleados de esas dos grandes empresas de nuestro país”.

Del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez inquirió cuáles serán realmente los apoyos, subsidios, oportunidades, tarifas preferenciales, créditos, en la que CFE va apostar con base en las reformas para que se generen estas oportunidades y que los ciudadanos realmente puedan acceder a consumir las energías renovables.

Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) preguntó si realmente con estas reformas secundarias Pemex y CFE operarán con verdaderos criterios de empresa, es decir con plena autonomía operativa, administrativa y financiera; cuáles serán los juicios de evaluación que les permitirá establecer prioridades de inversión a corto, mediano y largo plazos, y en qué consistirán las percepciones extraordinarias que se les entregarán a los servidores públicos de ambas paraestatales.

David Pérez Tejada Padilla (PVEM) pidió explicar cómo se va a garantizar el respeto de las garantías constitucionales de un medio ambiente sano y de derechos humanos por la afectación que se pueda dar a los posibles dueños, poseedores o perjudicados en estos casos de utilidad pública.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que el problema es que Pemex y CFE siguen restringidos porque no pueden rebasar su límite de balance financiero, es decir, Hacienda controla el monto de financiamiento que pueden tomar. “Estas empresas están controladas en sus finanzas, operación y administración y, por otro lado, se abre manga ancha para que los particulares puedan explotar nuestro recurso sin una adecuada regulación”. Cuestionó si es posible la reducción de tarifas de electricidad y en qué tiempo se darían.

Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) manifestó su preocupación sobre la transparencia y el manejo de los recursos que van a llegar y cómo se distribuirán. Además, inquirió si realmente bajará el costo de luz y en cuánto quedará, pues “la publicidad que hay en los medios de comunicación da una garantía de que reducirán los precios de la gasolina y de la luz, sin embargo, no se ha aclarado en términos porcentuales en cuánto quedarían”.

Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) señaló que el problema de las tarifas eléctricas se tendría que resolver con el combustible que se utiliza y no el permitir la entrada a mercados de actores privados, por lo que preguntó por qué no se optó por cambiar de combustóleo a gas en lugar del esquema de mercado.

Por el PT, Ricardo Cantú Garza resaltó que esta reforma no deja claro “los tan prometidos beneficios y fortalecimiento de Pemex”. Preguntó cuáles son las consecuencias de no asegurar a través de las leyes secundarias un fortalecimiento tanto a Pemex y a las demás empresas productivas del Estado que participen en el sector y si no es prioridad tener una empresa fuerte, que pueda competir y no dejarla en una situación vulnerable”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) preguntó por qué los miembros independientes del Consejo de Administración de Pemex y CFE serán de tiempo parcial. Pidió abundar sobre el tema de la carga fiscal de Pemex y el dividendo estatal.

Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) cuestionó cómo atenderá Pemex las obligaciones de contingencias laborales que crece a tasas aproximadas del 20 por ciento anual, considerando que al implementar la reforma energética pudiera ser desventajosa; cómo se evitará un sobreendeudamiento ante el pasivo laboral y de pensiones, el cual al finales de 2012 superó el billón de pesos, y lamentó que estas iniciativas no contemplen alguna figura legal que obligue a CFE a producir energía de forma sustentable.

Dora Talamante Lemas (Nueva Alianza) inquirió si la CFE está dotada de capacidad operativa para llevar a cabo las tareas de comercialización con gas natural y qué opinión les merece la posible creación de una nueva empresa productiva del Estado que se encargue exclusivamente de este energético.

El director de Finanzas de la CFE, Francisco Javier Santoyo Vargas destacó que la propuesta busca que la Comisión se transforme de una empresa productiva del Estado a un pilar de la industria eléctrica nacional capaz de competir con el sector privado en igualdad de condiciones.

Resaltó que con esta reforma CFE pasaría como empresa productiva del Estado y a pagar impuestos dentro del régimen general de las personas morales. Es decir, en lugar de calcular el impuesto sobre el remanente distribuible ahora se calculará sobre el resultado fiscal. “Con este nuevo régimen fiscal, la Comisión transitará de una persona moral con fines no lucrativos”.

Indicó que al abrogarse la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica desaparece el esquema del aprovechamiento y se establece la obligación de pagar un dividendo al gobierno federal a partir del año 2016.

Santoyo Vargas expresó que es relevante que en materia de servicios personales, se podrá determinar de manera autónoma la distribución del presupuesto, sujetándose al techo aprobado, incluyendo tabuladores de remuneración, estructura orgánica y política de recursos humanos, así como creación, sustitución de plazas y nuevas contrataciones.

En lo que se refiere al régimen de la deuda pública, expuso que el Consejo de Administración tendrá las facultades de aprobar las características generales y las políticas de contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública, y las empresas productivas estarán enviando anualmente a la Secretaría de Hacienda, la propuesta global de financiamiento para ser incluida en la iniciativa de Ley de Ingresos.

Mencionó que el verdadero riesgo para una empresa eléctrica hoy día es la tecnología. “Está avanzando a pasos agigantados, está siendo cada vez más barato el uso de la energía eólica; lo que quiere decir que potencialmente cada uno de los 36 millones de clientes que tenemos hoy estarán en condiciones, en el futuro, de estar generando electricidad”.

Precisó que la empresa eléctrica tiene que moverse. “Es la oportunidad de ser una empresa productiva del Estado, con la flexibilidad suficiente para soportar todo el funcionamiento del sistema eléctrico nacional al convertirse en una empresa generadora de energía”.

En tanto, el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Gustavo Hernández García, detalló que México tiene un gran potencial petrolero, pues cuenta con reservas de hidrocarburos y recursos prospectivos en tierra y en mar; y se cuenta con una empresa nacional que tiene una gran experiencia y que en los últimos años ha logrado estabilizar la producción en alrededor de dos millones 500 mil barriles diarios de crudo.

Puntualizó que en 110 años se produjo un volumen que ronda los 56 mil millones de barriles de crudo equivalente, y se tienen reservas probadas más probables, más posibles por poco más de 42 mil millones; recursos prospectivos convencionales por 52 mil millones, de los cuales 27 se estiman en aguas profundas del Golfo de México y recursos prospectivos no convencionales, esto es, aceite y gas lutitas por 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente adicional.

Con la propuesta, expuso, se incrementará sustancialmente la autonomía presupuestal de gestión de Pemex, una mayor oportunidad para la inversión de excedentes, flexibilidad para acomodar el presupuesto en diferentes rubros de gasto y el tema de servicios personales entrara a un ambiente de competencia.

Hernández García explicó que el mayor riesgo de la reforma energética es el recurso humano, tanto por el régimen especial de remuneraciones que se establecerá para Pemex, la retención y búsqueda de talento, así como el trabajo con las instituciones de educación superior para formar una gran cantidad de especialistas el subsuelo: geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros.

“Todo aquel que venga a trabajar en actividades de ingeniería petrolera en el país deberá acreditar este examen de certificación (del Colegio de Ingenieros Petroleros), para poder ejercer ese puesto, estamos buscando también que se haga lo mismo para especialidades de Geociencia”, dijo.

Indicó que con la reforma se utilizarán las asociaciones y alianzas como un vehículo para optimizar el portafolio de Pemex. “Reducir el riesgo en cierto tipo de proyectos y ampliar las capacidades financieras y de ejecución, así como acortar los tiempos entre el descubrimiento y la primera producción y comercialización de los primeros barriles”, dijo.

Mario Alberto Beauregard Álvarez, director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, explicó que la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos se divide en el régimen fiscal que le van a aplicar a las asignaciones, es decir, todo lo que se solicitó en la Ronda Cero, y aquel que le aplicará al régimen de contratos para exploración y producción.

Agregó que el régimen de asignaciones es el mismo que se tiene actualmente y que está establecido en la Ley Federal de Derechos, y se trata de un sistema normativo para las tareas de exploración y producción, y un gravamen para las áreas de transformación industrial conocido como impuestos sobre rendimientos petroleros, que impone una tasa del 30 por ciento al ingreso neto de manera similar al Impuesto Sobre la Renta, sin la posibilidad de amortizar pérdidas.

“Este tema es importante porque a todas las asignaciones que reciba Pemex derivadas de la Ronda Cero les aplicará este régimen fiscal y será paulatinamente que la paraestatal podrá ir migrando estas asignaciones a contratos, sujeto a las autorizaciones que den las autoridades en el país”, añadió.

Beauregard Álvarez aseguró que si Pemex pretendiera sacar de manera individual las reservas del subsuelo, es decir, sin ayuda de la iniciativa privada, se tardaría 200 años en hacerlo debido a su nivel de presupuesto y de deuda que tiene la paraestatal.

Explicó que el cambio del régimen actual al régimen de contratos se dará paulatinamente, porque se debe de cuidar los ingresos que el gobierno federal recibe de Pemex.

“Si no los recibe de Pemex, de la noche a la mañana, obviamente tendríamos un hueco y un problema fiscal en este país difícil de cubrir. Y ése es el gran equilibrio con el que tenemos que jugar. Y que nosotros como empresa, obviamente queremos el régimen fiscal más benéfico para Pemex, pero como mexicanos tenemos que ver que aquí hay equilibrios, que es muy importante mantener”, dijo.

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