• Imprescindible garantizar acceso a la justicia a quienes sufren delitos de desaparición forzada y secuestro
• “Generan incertidumbre” cifras contrastantes del gobierno federal anterior y actual sobre estos casos

25-06-2014.-Ante la falta de certeza en la información de personas desaparecidas y secuestradas en México, es necesario que la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para evaluar el cumplimiento y observación de la Ley General de Víctimas, propuso el secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).

Mediante un punto de acuerdo presentado hoy en la sesión de la Comisión Permanente, expresó que los recientes descubrimientos de fosas clandestinas con restos de cuando menos 40 personas asesinadas en la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, apremian la adopción de medidas que busquen garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad de los ciudadanos.

Resulta imprescindible garantizar a las víctimas de los delitos de desaparición forzada y secuestro el acceso a la justicia y la consecuente reparación de daño, con base en la información objetiva de las autoridades de investigación y jurisdiccionales, dijo.

Recordó que la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Precisó que entre los derechos de las víctimas está el de que se realice una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral.

Así también, el derecho a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley.

El legislador federal destacó que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos

En los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, sostuvo que se debe garantizar el derecho a conocer su destino o paradero o el de sus restos, además de que toda víctima reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien, de manera eficaz y urgente, las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Dijo que la misma Ley determina que las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Destacó que entre los instrumentos para la atención a víctimas, se establece el Registro Nacional de Víctimas como un mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional a Víctimas. Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros.

Sostuvo que “a la fecha no existe certidumbre ni verdad en el registro de personas desaparecidas o víctimas del secuestro”. En mayo pasado, la PGR informó que la administración federal anterior enlistó 27 mil personas desaparecidas, pero la cifra se depuró y se consideró que sólo 13 mil podían considerarse como no localizadas, pues 14 mil estaban vivas y fueron ubicadas; en contraste, la Segob anunció que en los dos primeros años del gobierno actual, el número se elevó a 16 mil, de los cuales ocho mil han sido localizados con vida.

“Estos datos “generan incertidumbre sobre las acciones de gobierno en el combate a la delincuencia”, a lo cual se suma que las instancias de gobierno integrantes del Sistema Nacional de Víctimas “no han publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni creado un registro nacional de restos humanos no identificados”, afirmó.

Indicó que “continúan demorándose las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas en distintas entidades federativas del país, lo cual hace necesario la creación de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados para dar certeza en la información de personas desaparecidas y secuestradas en México”.

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