• El 30.6 por ciento de esta población se encuentra en pobreza extrema: Aparicio Jiménez

• Las mediciones deben orientar la política pública, para que los pobres sean prioridad del Estado, agrega

26-06-2014.-La Comisión de Asuntos Indígenas solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evaluar el ejercicio total de los 78 mil millones de pesos (mdp) destinados a los pueblos indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, para que las asignaciones del próximo año se den con base en los resultados obtenidos en el combate a la pobreza.

En reunión con el director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval, Ricardo Aparicio Jiménez, la presidenta de la comisión, Eufrosina Cruz Mendoza, precisó que actualmente el Coneval sólo evalúa 11 mil 600 mdp de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pero se requiere que también revise los recursos dirigidos a programas para este sector de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de otras dependencias federales que es el presupuesto transversal.

“Eso nos ayuda a que en el presupuesto del próximo año tengamos herramientas para exigir a estas dependencias que si no pueden ejercer y destinar esos recursos a la población indígena, los redireccionemos a la CDI, para abatir la pobreza”, explicó.

Previamente, Ricardo Aparicio Jiménez afirmó en su exposición que el 30.6 por ciento de población indígena se encuentra en pobreza extrema y 3 de cada 4 no tienen ingresos suficientes para satisfacer su canasta básica.

El funcionario del Coneval destacó que la población indígena tiene menos posibilidad de acceder a la alimentación en un 50 por ciento, a diferencia del resto del país; uno de cada 3 tiene rezago educativo, contra 1 de cada 6 entre la población no indígena, y 3 veces menos acceso a los servicios de seguridad social y espacios de vivienda.

“Este es el diagnóstico que tenemos como país, y el reto para los tres Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno es abatir estas carencias”, indicó.

Aparicio Jiménez comentó que el Coneval evalúa con base en resultados y aseguró que transmitirá “a nuestro secretario ejecutivo el interés de esta comisión de tener las evaluaciones con una perspectiva transversal y no solamente de la CDI”.

Agregó que del total de los mexicanos, uno de cada 10 es indígena; esta población es fundamentalmente rural y sólo el 5 por ciento no es pobre ni vulnerable; el 45.5 por ciento está en pobreza y uno de cada 10 en pobreza extrema, mientras que sólo el 20 por ciento cuenta con un ingreso suficiente y no tiene ninguna carencia.

Precisó que 6 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a seguridad social; uno de cada 5 no cuenta con ingreso suficiente para comprar la canasta básica; uno de cada 4, presenta carencia de alimentación; uno de cada siete, de calidad y espacios de la vivienda, y hay uno de cada siete menores de 15 años presenta desnutrición crónica.

Enfatizó que la pobreza es 60 por ciento mayor en los ámbitos rurales, que son las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes y, en particular, entre la población indígena es de 62 por ciento, “la más pobre del país, no hay grupo social que tenga esos niveles”, dijo.

Detalló que del 9.8 por ciento de la población a nivel nacional en pobreza extrema, el 30 por ciento es población indígena.

Aparicio Jiménez explicó que los indicadores para medir la pobreza son ingreso, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud y seguridad social, carencia de calidad en espacios y servicios de la vivienda, así como alimentación.

Aclaró que con las mediciones se busca que todas las personas tengan empleos bien remunerados y con prestaciones sociales, alimentos suficientes, viviendas con todos los servicios y que no haya niños en edad escolar que no asistan a la escuela.

“Esto es lo que hay detrás y es a lo que aspiramos con esta medición, que es un piso mínimo de los ejercicios de los derechos sociales”, enfatizó.

Consideró que las mediciones deben orientar la política pública para que las personas con un ingreso insuficiente y no tengan para comprar la canasta básica, sean prioridad para el Estado.

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