04-03-2014.-

Funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Secretaría de Economía (SE), académicos, especialistas y representantes empresariales, coincidieron en que la iniciativa de ley secundaria enviada a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo en materia de Competencia Económica, debe perfeccionarse para brindar certeza jurídica a los agentes económicos.

En el marco del foro de análisis de la iniciativa que expide la Ley Federal de Competencia Económica, organizado por la Comisión de Economía, la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, destacó que la iniciativa “conserva el corazón” de la reforma constitucional, que es eliminar barreras y regular insumos.

“Hay textos que se pueden mejorar y un ejemplo es el artículo 25 de la iniciativa de ley. Nos parece que es demasiado estricta en términos del contacto con los agentes económicos, porque una cosa es cuidar la relación entre unos y otros y otra que sea muy rígida en las audiencias; otro ejemplo, agregó, es el artículo 94”.

La funcionaria entregó a la Comisión de Economía, una relación de propuestas para modificar la ley que será dictaminada próximamente por los legisladores.

Durante su ponencia, Palacios Prieto afirmó que la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia cumple con el propósito de la reforma constitucional, al establecer condiciones de libre mercado y eliminar barreras para la competencia, además de sancionar prácticas monopólicas.

Otorga a la Cofece, dijo, nuevos instrumentos que resultan indispensables para proteger el funcionamiento de los mercados y la dota de pesos y contrapesos en sus decisiones, al precisar las facultades y obligaciones de los comisionados.

Asimismo, comentó que la propuesta del Ejecutivo preserva los conceptos fundamentales que hacen operable la política de competencia en el país, otorga certidumbre a todos los participantes de los mercados y salvaguarda sus derechos.

Señaló que los objetivos fundamentales de la legislación reglamentaria deben ser que las familias puedan acceder a productos con mejor calidad a los menores precios posibles, y garantizar que los empresarios tengan un “suelo parejo” para el desempeño de su actividad, con insumos estratégicos a precios más bajos.

Incrementar la competencia en el país podría contribuir de forma sostenida al crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) en 2.5 por ciento y a reducir los precios en un 30 por ciento en aquellos sectores no competidos, consideró.

Explicó que los beneficios sociales que se esperan en materia de competencia, sólo podrán alcanzarse con la entrada en vigor de una ley secundaria acorde con la reforma constitucional y las necesidades regulatorias de los mercados mexicanos.

Palacios Prieto externó su confianza en que los conceptos básicos propuestos por el Ejecutivo sean valorados por los diputados y conservados en el proyecto final de la ley.

A su vez, la subsecretaria de Competencia y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez, mencionó que el objetivo de la ley es hacer que los bienes y servicios sean más baratos y de mejor calidad, en beneficio del poder adquisitivo del consumidor.

Indicó que cuando no existen alternativas de compra, el consumidor se enfrenta al dilema de prescindir de algo que necesita o pagar de más por el producto.

Afirmó que los sobreprecios injustificados afectan en mayor medida a la población de menores ingresos, que no pueden destinar otros recursos en adquirir otros bienes o servicios o simplemente en ahorrar.

Por su parte, especialistas, académicos y representantes empresariales argumentaron que con la ley secundaria se otorgan facultades excesivas a la Comisión Federal de Competencia Económica, incluso, más allá de lo que establece la Constitución Política.

En tal sentido, plantearon a diputados precisar las facultades de la Cofece, en particular, evitar que exista sobrerregulación del mercado y que se desincentive la inversión.

Ruiz Chávez subrayó que la nueva legislación busca que el consumidor deje ser un ente cautivo para que las empresas lo satisfagan constantemente, con mejores precios y mayor calidad.

El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, dijo a su vez que la norma secundaria busca fomentar la competencia para darle a los consumidores mejores opciones de calidad y precio, pero se debe tener cuidado en no inhibir las inversiones privadas.

“El fortalecer los derechos de los consumidores deben ser el objetivo de esta ley, pero no debemos olvidar un actor central en este proceso que es la empresa privada”, dijo.

Consideró también que la economía mexicana “ha sido un invernadero de monopolios, situación que debe cambiar en beneficio de los consumidores”.

Ramiro Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expresó que es necesario definir cuáles son las barreras a la competencia en el mercado mexicano y cuáles están bajo una regulación.

“El ejercicio legislativo necesita discriminar entre la presencia de insumos esenciales que requieren de una regulación y de ésos cuáles están bajo las facultades de otras entidades regulatorias especializadas”, comentó.

Afirmó que no todas las barreras a la competencia están asociadas a una normatividad, ya que existen “circunstancias e inversiones que son producto de la dinámica del mercado y del esfuerzo de los particulares”.

Luis de la Calle Pardo, representante del sector empresarial, refirió que algunas de las facultades propuestas en la iniciativa para la Cofece, como la capacidad para eliminar barreras y regular el acceso a insumos esenciales, invaden las esferas de competencia del Ejecutivo, del Congreso y de autoridades estatales y municipales.

Es fundamental, dijo, que en ausencia de prácticas monopólicas, las nuevas facultades de eliminar barreras y de determinar insumos esenciales no se conviertan en un instrumento para justificar una mayor intervención del Estado en la economía.

Jorge Gaxiola, también representante del sector empresarial, destacó que la facultad que se plantea en la iniciativa del Ejecutivo para que la Cofece pueda establecer las condiciones para el acceso al mercado a los insumos esenciales, corresponde a autoridades distintas a este organismo.

Indicó que la soberanía de la Comisión para tomar decisiones al respecto, independientemente si existen prácticas anticompetitivas previas, deberá ser acotada por el Poder Legislativo, ya que la facultad para la expedición de leyes es exclusiva de los legisladores.

Lucía Ojeda Cárdenas, otro miembro de la clase empresarial, celebró que la ley pretenda conservar los aspectos básicos de la reforma; no obstante, agregó, existen ambigüedades e imprecisiones que de no corregirse podría generarse un retroceso e incertidumbre con efectos contrarios al objetivo principal.

Esto es, desincentivar la inversión o generar costos de transacción innecesarios, inhibirían el funcionamiento eficiente de los mercados, concluyó.

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