08-03-2014 El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, propuso exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, y la Comisión Nacional del Agua, garantice una consulta pública a los habitantes de Veracruz y la opinión de especialistas en materia ecológica ambiental, sobre la construcción de una presa hidroeléctrica en esa entidad.

Asimismo, dar publicidad a los estudios de impacto ambiental de la obra y garantizar la viabilidad de propuestas alternativas para evitar la afectación de personas y comunidades en la zona de ejecución.

A través de un punto de acuerdo, el legislador señaló que ante la inminente construcción de la presa hidroeléctrica que se pretende realizar bajo la modalidad de proyecto de prestación de servicios, es necesario tomar en cuenta la posición de la comunidad veracruzana, en particular de los habitantes de los municipios aledaños al río “Los Pescados”, en la cuenca Jalcomulco.

Aseguró que no se han garantizado ni se han hecho públicos los estudios especializados sobre el negativo impacto ambiental ecológico y social que se presentará en la zona, a mediano y largo plazo, y menos aún se avala el respeto a las personas y comunidades que serán afectadas con la hidroeléctrica.

Por ello, también propuso exhortar al Congreso del estado de Veracruz a realizar la máxima publicidad del expediente y modelo de contrato del proyecto de propósitos múltiples Xalapa, autorizado en el acuerdo del Congreso de la entidad y publicado en su gaceta el 12 de marzo de 2013.

De igual forma, pide al gobernador de Veracruz dé máxima publicidad al contrato suscrito con la empresa Odebrecht Participações e Investimentos, S.A. y los acuerdos de accionistas por los que se obliga al estado al pago del aumento de capital por 355 millones 795 mil 600 pesos, así como los resultados y dictámenes correspondientes del impacto ambiental del proyecto, en el marco del contrato en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV.

También planteó solicitar al Ejecutivo federal que, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, y de la Comisión Nacional del Agua, garantice la consulta pública a los habitantes de la región y de especialistas en materia ecológica ambiental sobre la obra a realizar y la publicidad de los estudios de impacto ambiental de la misma, así como garantizar la viabilidad de propuestas alternativas para evitar la afectación de personas y comunidades en la zona de ejecución.

Igualmente, pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar los alcances y afectaciones que en esta materia genera el proyecto a personas y comunidades de la región, adoptando las medidas cautelares necesarias para evitar la violación a los derechos humanos de los habitantes de la zona.

El legislador explicó que mediante decreto aprobado por el Congreso de Veracruz el 5 de marzo de 2013, se autorizó al gobernador de Veracruz llevar a cabo el proyecto de propósitos múltiples Xalapa, a través del esquema de prestación de servicios.

De esta forma, dijo, se permitió al mandatario iniciar el procedimiento de contratación, por parte de la Comisión de Agua del estado, de la sociedad de propósito específico como prestador de servicios del proyecto de propósitos múltiples Xalapa, así como a formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios con un plazo de operación por 25 años.

Precisó que el 30 de julio de 2013, el Congreso de Veracruz aprobó el decreto por el que se autorizó al gobernador a reemplazar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario por la de Finanzas y Planeación como representante del gobierno del estado en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV.

Asimismo, para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se dé cumplimiento a las obligaciones a cargo del gobierno del estado bajo el acuerdo de accionistas, incluyendo, sin limitarse, la suscripción y pago de un aumento de capital de la sociedad.

Huerta Ladrón de Guevara detalló que en el artículo segundo de este acuerdo se determinó: se autoriza al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del gobierno, bajo el acuerdo de accionistas, de fecha de 19 de abril de 2013, celebrado por Odebrecht Participações e Investimentos, SA, y el gobierno, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, incluyendo, sin limitarse, la suscripción y pago de un aumento de capital de hasta por la cantidad de 355 millones 795 mil 600 pesos, de conformidad con el acuerdo de accionistas y las disposiciones legales aplicables.

Resaltó que conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, toda persona tiene el derecho fundamental a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estando obligado el Estado mexicano a garantizarlo, por lo que el daño generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos dispuestos en la ley.

Del mismo modo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la obligación de garantizar la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados en los programas de ordenamiento ambiental, lo que no ha sucedido a la fecha, así como la consulta pública de los mismos, omisiones que vulneran derechos fundamentales de los afectados, puntualizó.

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