10-03-2014 El diputado Carlos De Jesús Alejandro (PRD), secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que el 30 por ciento de los recursos destinados a los pueblos originarios presenta subejercicios, a pesar de que 80 por ciento de estas comunidades se encuentra en vulnerabilidad.

La causa de este menor gasto, denunció, son las reglas de operación inaccesibles para los 15.7 millones de indígenas que habitan en el país, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Por ello, manifestó, es necesario realizar políticas públicas orientadas al desarrollo de los pueblos indígenas en los ámbitos económico, social, político y cultural, y garantizar que el presupuesto destinado a este sector sea orientado de forma correcta, a fin de que las comunidades salgan del retraso y la marginación.

En entrevista, el legislador manifestó que “los pueblos indígenas no buscan dádivas o regalos. Lo que quieren son oportunidades para ser productivos y autosuficientes, es decir, que no sólo les den apoyos, sino herramientas que los incorporen a la vida activa del país”.

Afirmó que los programas y las acciones instauradas en la actualidad han mostrado resultados temporales e insuficientes para terminar con el rezago de los pueblos indígenas.

Consideró que un tema fundamental a atender es el principio de participación y consulta a los pueblos indígenas, al tenor de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, a fin de empatar objetivos, metas y generación de indicadores que permitan evaluar el efecto de las políticas públicas en la materia.

Precisó que es necesario homologar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución con los tratados internacionales, respecto a los derechos humanos, ya que esto permitirá a los indígenas un trato digno y que se les consideren sujetos de derecho público.

Además, que se les reconozca la manera colectiva de seleccionar a sus autoridades y figuras de gobierno, así como sus formas de expresión y tradiciones.

Refirió que los pueblos indígenas son engañados por grandes empresas mineras, ya que se les expropian sus tierras sin consultarles y al no pedirles su opinión sobre concesiones a proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros, en estas comunidades, violan principios internacionales.

“Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, sino que se respete su derecho a la consulta, la salvaguarda de los recursos minerales y ecosistemas y se les dé la oportunidad de participar en los proyectos como socios por ser dueños de la tierras, las cuales han preservado por muchos años y representan más del 90 por ciento de la riqueza ambiental del país”, puntualizó.

Afirmó que ante este panorama, es importante formular planes nacionales, programas sectoriales y quehaceres institucionales que fomenten el derecho a la representación de los pueblos indígenas y buscar mecanismos que faciliten las reglas de operación y que el presupuesto sea utilizado de manera responsable, ya que esto contribuirá a terminar con el rezago y vulnerabilidad de las comunidades rurales.

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