10-03-2014.-

• Las irregularidades de Oceanografía son un caso aislado en la paraestatal: Emilio Lozoya Austin
• Investigación y fincamiento de responsabilidades van despacio, pero serán contundentes: Jesús Murillo Karam
• Diputados expresan preocupaciones por extracción de gas shale y daños al medio ambiente

Los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, comparecieron ante las comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las especiales de la Cuenca de Burgos y la de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente, para ampliar sus respuestas a los cuestionamientos que por escrito les hicieron llegar los grupos parlamentarios sobre el caso Oceanografía y otros temas.

Antes de dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, ambos funcionarios protestaron decir verdad, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto al otorgamiento de contratos por parte de Pemex a la empresa Oceanografía, SA de CV., Emilio Lozoya Austin destacó que desde el primer momento se brindó apoyo total a la PGR, aportando todos los elementos a su alcance para coadyuvar en la investigación, persecución y castigo de aquellos delitos que pudieran haberse cometido.

Aseguró que las presuntas actividades irregulares, desplegadas por la empresa Oceanografía, son un caso aislado, cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes.

El funcionario reiteró el compromiso de Pemex con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la condena a cualquier acto de corrupción o actividad al margen de la ley. Agregó que la administración de la paraestatal será inflexible con cualquier acto que afecte la transparencia en sus contrataciones.

Afirmó que todos y cada uno de los miles de contratos de asignaciones que hace Pemex cada año, se sujetan a los procesos y autorizaciones que establece la normatividad vigente.

Adicionalmente, dijo, la actividad de la empresa es vigilada constantemente, “como lo prueba la realización sistemática de auditorías, tanto por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por el órgano interno de control dependiente de la Secretaría de la Función Pública”.

El director general de Pemex destacó que la mayoría de las auditorías han arrojado resultados positivos sobre la observancia de la normatividad, y en los casos en los que se detecta alguna irregularidad se procede a la sanción correspondiente.

Más adelante, se refirió a los contratos asignados de forma directa, como es el caso de la empresa Seadrill, para el arrendamiento de cuatro plataformas autoelevables para perforación en aguas someras.

Por su parte, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicó que tras las primeras denuncias contra Oceanografía, el Ministerio Público Federal actuó lo más rápido posible pero al mismo tiempo con prudencia. Reconoció que la investigación y el fincamiento de responsabilidades van despacio pero muy precisas, “con mucha contundencia para detener a los responsables y que quede claro el mensaje de que no habrá impunidad”.

En casos como éste, dijo el procurador, en el que la trascendencia de la búsqueda de responsabilidades pudiera afectar seriamente el desarrollo adecuado de partes fundamentales de la sociedad, la PGR tiene que actuar con mucho más responsabilidad.

¿Qué era lo que había?, se cuestionó. “El banco encontró una enorme cantidad de millones de dólares que habían sido defraudados, en razón de que estaban garantizados con estimaciones presupuestales falsas”.

Señaló que de haber actuado como generalmente se hace en la causa de los delitos y la PGR hubiera remitido responsabilidades solicitando la orden de aprehensión, se pudo haber dañado seriamente a los 11 mil trabajadores de Oceanografía.

“Pudimos haber dañado la operación de Pemex. Pudimos haber evitado el posible rescate de los recursos; incluso, pudo haber sido más difícil el procesamiento de los responsables. Lo que hicimos fue actuar como la ley nos lo permite, con un aseguramiento de la empresa, de manera tal que pueda seguir funcionando, con lo que garantizamos el trabajo y el salario de los trabajadores de la empresa”, subrayó.

Explicó que en lo que más retrasos tiene la PGR es en la fijación de responsabilidades. Explicó que la causa es que hoy, una consignación amerita sustento en evidencias plenas, claras y creíbles. “Y esas evidencias se logran con análisis técnicos, con búsquedas científicas, con evidencias concretas para que la consignación no sea fácilmente rebatida y provoque la libertad de quienes pueden ser los responsables”, indicó.

En consecuencia, dijo Murillo Karam, y tratándose de cuestiones tan complejas como es la contabilidad y el análisis de los recursos financieros, la búsqueda en otros países, la petición de información de todas las posibles causas que se dan, “provoca que vayamos despacio, pero muy preciso, con mucha contundencia en la búsqueda de algo que también es fundamental para el país. Detener a los responsables para que quede claro el mensaje de que no habrá impunidad”.

Previo a ello, la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que existe la preocupación por que el desarrollo energético de nuestro país se realice con total responsabilidad y cumplimiento de la normatividad ambiental a partir de la recién aprobada reforma energética.

Particularmente, dijo, tenemos preocupación por el tema de fracturación hidráulica, el famoso fracking y la cantidad de litros de agua que se utilizan para lograr la fracturación de roca para obtener el gas shale, además de los químicos que se utilizarían”.

A su vez, el diputado Héctor García García (PRI) presidente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, manifestó que de acuerdo con expertos, esta cuenca contiene más de 6 mil millones de pies cúbicos de gas, lo que la convierte en la reserva de gas natural no asociada directamente al petróleo más importante del país.

“En este sentido es de señalarse que esta comisión tiene especial interés en el impacto que tendrá la estrategia de Petróleos Mexicanos para mejorar la calidad de vida y ampliar las posibilidades de desarrollo de las y los mexicanos en esta región, así como las herramientas y medidas preventivas que se instrumentarán para evitar el impacto ambiental y el deterioro al medio ambiente”, expresó.

La preocupación central de las y los legisladores es el impacto que tendrá de igual forma la reforma constitucional y desde luego las previstas en las leyes secundarias para la Cuenca de Burgos y sus pobladores.

Consideró como una condición “sine qua non” que las reformas a las leyes secundarias tengan como eje transversal, un alto espíritu nacionalista que salvaguarde la soberanía nacional y que en la letra y en los hechos los intereses del Estado coincidan con los intereses de la nación.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), presidenta de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso restauración del Medio Ambiente, reconoció los esfuerzos de la paraestatal por implementar una estrategia integral de protección ambiental y remediación social y económica por su quehacer cotidiano.

Asimismo, indicó que debe continuar el proceso de indemnización de afectados por las actividades de Pemex, a través del desarrollo de proyectos productivos que permitan resarcir los daños.

Aseguró que con la reforma energética, se abre la oportunidad para que en las leyes secundarias se refuercen las iniciativas de conservación, evaluación del desempeño y compensación ambiental; se profundicen las actividades de reforestación; intensifiquen las actividades de remediación del suelo y se mejore la calidad del monitoreo para la prevención de derrames de hidrocarburos.

Además, para que se continúen las labores de capacitación en materia de seguridad industrial y prevención de accidentes.

La legisladora se pronunció por que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido en el caso de Oceanografía, además de que externó su preocupación y solidaridad con los miles de empleados afectados de la empresa Oceanografía, cuya situación laboral hoy en día es incierta.

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