• Aprueban minuta destinada a cambiar hábitos alimenticios en escuelas públicas y privadas

11-03-2014.- La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó la minuta que reforma la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para establecer un máximo de 18 meses para que los planteles educativos particulares instalen bebederos bajo la supervisión de las autoridades competentes, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Cámara de Diputados avaló en diciembre de 2013 un dictamen para hacer garante la oferta suficiente de agua potable para consumo humano y de bebederos con suministro continuo del líquido en las escuelas públicas y privadas del país, y una vez analizado por el Senado, se devolvió con modificaciones a sus transitorios.

En las reformas enviadas por el Senado, se elimina el sexto transitorio, en el que se daba prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para la instalación de bebederos de agua. La comisión hizo suyos dichos cambios, así como el citado plazo de 18 meses (anteriormente era de 180 días).

El documento que sustenta la propuesta advierte que México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor obesidad, al padecerla 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por los Estados Unidos (35.9 por ciento).

Destaca que México ocupa el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en niñas, colocándose muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 20.4 y 21.9 por ciento, respectivamente.

Un factor tiene repercusión en estas cifras: los hábitos alimenticios. “Entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas con alto contenido calórico se ha duplicado entre los jóvenes y triplicado entre adultos mexicanos, incidiendo en el aumento de peso”, acota.

Señala que según varias estadísticas, los mexicanos consumen cerca de 163 litros de refresco al año, superando en 40 por ciento el consumo de un estadounidense promedio (118 litros anuales), “lo que nos convierte en el país consumidor de refrescos número uno a nivel mundial”.

Recomendaciones y estudios a nivel internacional sustentan que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, por lo cual se debe incidir en tal población expuesta y modificar su patrón de hábitos por medio de la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante.

La minuta considera que los centros educativos son el lugar idóneo para la formación de hábitos alimenticios y cívicos. No obstante su prevalencia en las escuelas, los tradicionales bebederos han desaparecido por dos factores: la falta de mantenimiento y la percepción de que el agua no necesariamente era apta para consumo humano y podría ser factor de riesgo a la salud.

“Hay que invertir para cambiar esta percepción y dar accesibilidad nuevamente al agua bebible gratuita en las escuelas, garantizar que el gasto en educación tenga recursos específicos para la disponibilidad constante de agua potable para los alumnos, no sólo porque evita que opten por bebidas azucaradas por ser las de mayor disponibilidad, sino porque incide en sus hábitos de consumo durante su vida”, sostienen.

Un informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), subraya que de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrían ascender para 2017 a 101 mil millones de pesos.

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática, agrega el documento.

La comisión dictaminadora coincide en que es fundamental contar con una política de Estado para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana con el objeto de instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes.

“Por ello, las medidas de ingreso y gasto deben de ser consistentes a un solo objetivo: mejorar la salud de la niñez, que será la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las familias y del país en su conjunto”, concluye.

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