13-03-2014.-El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que contribuye a una mejor rendición de cuentas de recursos asignados a dependencias que realizan proyectos en materia de cambio climático y garantiza la transversalidad en las políticas públicas encaminadas a atender la problemática.

El dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, fue aprobado por unanimidad de 388 votos, con el que se armonizan también los términos y definiciones de esta norma con los convenios, acuerdos y protocolos internacionales.

Establece que las acciones e intervenciones de mitigación de los gases de efecto invernadero, derivan, entre otras causas por la acción humana, es decir, tienen un carácter antropogénico.

Este término se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin esa influencia.

Normalmente, este concepto se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos, como consecuencia de las actividades económicas, por ejemplo, la producción de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles.

Las fuentes antropogénicas incluyen industria, agricultura, minería, transporte, construcción, urbanización y deforestación.

El concepto amplía y define “vulnerabilidad” como “el nivel en el que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluido la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación del clima a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación”.

Busca que los recursos en materia de combate al cambio climático, se ejerzan y se adecuen a las medidas de transparencia y rendición de cuentas, bajo el esquema propuesto de establecer indicadores de gasto-eficiencia.

Garantiza que las políticas públicas encaminadas a atender el cambio de clima consideren desde su diseño la transversalidad, es decir, que en la construcción de las políticas se tomen en cuenta, desde sus inicios, las acciones articuladas de los diversos actores sociales y políticos, que contribuirán a llevar a buen puerto su implementación.

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Cambio Climático, Ramón Antonio Sampayo Ortíz (PAN) señaló que los integrantes de la instancia legislativa consideraron positivo modificar las fracciones XXIII y XXXIV del artículo 3 de la Ley General de Cambio Climático, porque establece que las acciones e intervención de mitigación de los gases efecto-invernadero derivan, entre otros, la intervención humana, es decir, tienen un carácter antropogénico.

“En relación a la propuesta de reforma que pretende ampliar la definición de vulnerabilidad, estaremos abarcando de una manera más incluyente el nivel en que son susceptibles o incapaces cualquier sistema humano productivo o natural ante los efectos adversos del fenómeno de cambio climático”, dijo.

Aseguró que el dictamen da precisión a definiciones de la Ley General del Cambio Climático, contribuye a una mejor transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados a las dependencias que realicen proyectos en materia de cambio climático y obliga a diseñar políticas públicas con un sentido de transversalidad que permitan eficientar su implementación y ejecución.

Durante su intervención, la legisladora Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) señaló que el dictamen enriquecerá el orden legal con el propósito de precisar, de manera más amplia, el concepto de mitigación e incluirá los problemas ambientales ocasionados por el hombre, es decir, su impacto en el medio ambiente.

Consideró un acierto la ampliación del término vulnerabilidad para hacerlo más afín con el glosario de la ley en la materia, y poder contar con una definición más completa que logrará que las acciones emprendidas se encuentren en concordancia con lo establecido en la Estrategia Nacional del Cambio Climático.

En representación de la bancada del PT, la diputada Loretta Ortíz Ahlf señaló que la propuesta de modificación incluye dos líneas generales: inserta un término antropogénico donde se logra incluir a la industria, la agricultura, la minería, el transporte, la construcción, la urbanización y la deforestación.

“No solo contempla términos de semántica, sino más bien aclara que una actividad producida por el hombre es también la responsable de los efectos del cambio climático. El dictamen tiende a ser incluyente y rescata una visión más amplia, contemplando una adaptación en los sistemas humanos y naturales para controlar el daño al medio ambiente”, indicó.

En su exposición, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) afirmó que las reformas dan relevancia, eficacia y perfeccionamiento a los ordenamientos legales que protegerán a las nuevas generaciones del deterioro ambiental y el cambio climático antropogénico.

“Se plantea garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público. Cualquier ciudadano podrá acceder a informes, para así conocer resultados de impacto por programas, gasto eficiencia, índices de consumo de energía y gases de efecto invernadero, entre otros”, dijo.

Por parte del grupo parlamentario del PVEM, el legislador Carlos Octavio Castellanos Mijares destacó que el dictamen armoniza los términos y definiciones utilizados en la Ley General de Cambio Climático con los convenios, acuerdos y protocolos internacionales.

Informó que México, en el 2011 contribuyó con la producción del 1.4 por ciento de las emisiones globales del bióxido de carbón, con lo cual la Agencia Internacional de Energía colocó a nuestro país como el doceavo en producción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

En su posicionamiento, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), expresó su apoyo para que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático rinda a más tardar, en el mes de agosto de cada año, un informe público detallado de acciones que se llevarán a cabo en los recursos del fondo para el cambio climático.

“Es prioritario, para cumplir con los compromisos mundiales, estar informados de los avances o limitaciones de las políticas públicas implementadas”, dijo la también secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

En representación de la bancada del PAN, Sergio Augusto Chan Lugo coincidió en que las reformas establecen que las acciones e intervenciones de mitigación de los gases de efecto invernadero derivan, entre otras, por la intervención humana. Asimismo, garantiza un ámbito especial de transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos.

“La comisión dictaminadora estimó pertinente que en la construcción de las políticas se tomen en cuenta, desde sus inicios, las acciones articuladas de los diversos actores sociales y políticos que contribuirán a llevar a buen puerto su implementación”, sostuvo.

Por el PRI, el legislador José Noel Pérez de Alba afirmó que al reforzar los principios de transversalidad y direccionalidad contenidos en la ley, se fomentará la participación de los sectores públicos y privados en la creación de políticas públicas en materia de cambio climático.

“Lo que contribuirá a que, al ser escuchadas todas las voces, se generen y se ejecuten acciones dotadas de consenso y legitimidad”, señaló.

El dictamen, que deviene de tres iniciativas presentadas por los diputados Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y Rodrigo Chávez Contreras (Movimiento Ciudadano), reforma el artículo 3o., fracciones XXIII y XXXIV y se adicionan los artículos 26, fracción VI, con un segundo párrafo y 107, con un segundo párrafo a la Ley General de Cambio Climático.

Fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 18 de marzo a las 12:00 horas.

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