• Participan en el foro “Combate a la Corrupción: reto del Congreso de la Unión”
• Asisten representantes del CIDE, INAP y de Programas de Anticorrupción en Contraloría Ciudadana

21-03-2014.-El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, aseveró que la corrupción no se resolverá con la creación de una Comisión para combatirla, propuesto en la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución enviada por el Senado.

“De hecho, la experiencia internacional muestra resultados mixtos en la labor de este tipo de instituciones, algunas ciertamente exitosas, pero muchas otras con resultados magros o pocos satisfactorios”, dijo durante el foro “Combate a la Corrupción: reto del Congreso de la Unión”, que tiene como objetivo analizar la iniciativa del Ejecutivo federal que plantea crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

Una estrategia que se limite a perseguir personas y servidores públicos “no generará un cambio sustantivo, e incluso, puede empeorar la situación. La solución al problema es lamentablemente más compleja que crear solo una institución que genere la percepción de sancionar a los corruptos”, abundó.

El presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), José Castelazo de los Ángeles, propuso atender vacíos de la minuta del Senado que tiene como objetivo crear la Comisión Nacional Anticorrupción, como definir una política de Estado anticorrupción, que no existe actualmente en el país.

La minuta, continuó, es una reforma compleja por sus implicaciones, en dimensiones como el régimen de responsabilidades de servidores públicos, el diseño institucional de un nuevo órgano que da autonomía constitucional y el modelo de auditoría y control gubernamental.

Sin embargo, Castelazo de los Ángeles expresó su confianza en que la minuta sea un éxito para reactivar el desarrollo social, económico y, sobre todo, dar seguridad a la sociedad.

En su momento, el profesor investigador de la División de Administración Pública (DAP) del CIDE, José Roldan Xopa, afirmó que el país desperdicia una gran cantidad de recursos en corrupción y, por lo tanto, no se hace el uso más razonable de la riqueza social.

“La iniciativa que crea la Comisión Nacional Anticorrupción da posibilidad de tener un punto de apoyo para construir un país más exitoso. No es un tema sólo de buenas conciencias, que tenga sólo un aspecto ético-moral. El problema de corrupción tiene que ver, en buena medida, con las condiciones de contexto”, expuso.

El doctor Sergio Rivera Sánchez, director de Programas de Anticorrupción en Contraloría Ciudadana, afirmó que este fenómeno no es un problema ético, sino de carácter social, por lo que consideró que debe haber una acción del Estado encaminada a que el ejercicio público esté exento de este mal.

“Es necesario configurar una estrategia de varios pasos: el diagnóstico de las causas, la identificación de las conductas indebidas, la prevención de su ocurrencia y, en su caso, la corrección mediante sanciones”, planteó.

Cabe destacar que el Pleno camaral recibió del Senado de la República el pasado martes 4 de febrero el documento que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución Política, con el fin de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno e instituciones.

La minuta deviene de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal que tiene como objetivo crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción.

Plantea crear un nuevo órgano encargado del combate a la corrupción, que esté a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción.

Esta figura se replicaría en todas las entidades federativas, garantizando la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la facultad del órgano federal de atraer asuntos que inicialmente son competencia de estados y municipios.

Asimismo, establece que el órgano responsable de combatir la corrupción aplicará el procedimiento administrativo sancionador con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

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