24-03-2014.-

• Fondos concentrados indebidamente en una sola cuenta, transferencias a objetivos distintos a los acordados, montos sin ser erogados: Juan Manuel Portal Martínez
• Se detectaron falta de contratos, facturas y recibos comprobatorios y retenciones no enteradas a terceros institucionales
• Deficiente entrega o ausencia de informes del destino y resultados de los fondos, además de sueldos a personal comisionado en otras dependencias o funciones distintas
• Obras y acciones que no benefician a la población y adquisiciones de bienes y servicios ajenos a los objetivos, entre otras deficiencias

Al continuar con las mesas de análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, relativa al Gasto Federalizado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, denunció que existe un monto pendiente de aclarar por 23 mil 524 millones de pesos.

Precisó que son recursos que al momento de las auditorías se encontraban en las cuentas bancarias correspondientes, sin haber sido erogados, y retenciones de terceros e institucionales que no se reportaron a la Federación.

Para ambos casos, señaló, se emitieron solicitudes de aclaración y posteriormente se emitirán pliegos de observaciones.

Portal Martínez detalló que el universo seleccionado para ser fiscalizado ascendió a 560 mil 142 millones de pesos, y la muestra auditada a 505 mil 720 millones, que representó el 90.3 de ese universo y el 60 por ciento del Gasto Federalizado Programable, que en 2012 ascendió a 850 mil 222 millones de pesos.

Como resultado del trabajo realizado por la Auditoría, puntualizó, se observaron recursos por un monto de 64 mil 333 millones de pesos, de los cuales 40 mil 809 millones (63 por ciento) fueron recuperaciones determinadas. De tal cifra, se reintegraron 10 mil 979 millones a las cuentas de los fondos federales.

La diferencia, 29 mil 829 millones de pesos, continuó, fueron estimados como probables y por las que se emiten pliegos de observaciones, en tanto que los restantes 23 mil 524 quedaron pendientes de aclarar.

“Este monto representa el 13 por ciento de la muestra auditada, y las recuperaciones determinadas el 8 por ciento de la misma, lo cual se considera sumamente preocupante, pues son porcentajes muy altos�, sostuvo.

Asimismo, advirtió que entre las principales observaciones de la Cuenta Pública 2012, se notó la transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las del fondo o programa, que representó un importe de 9 mil 227 millones de pesos, 14 por ciento del monto observado en el gasto federalizado.

Comentó que en diversas entidades federativas se presenta indebidamente la práctica de emplear cuentas concentradas para el manejo de los recursos de financiamiento, lo que “propicia opacidad y discrecionalidad en su administración, así como su destino a fines diferentes de los fondos y programas�.

Por otro lado, refirió el caso de los recursos no ejercidos a la fecha de las auditorías, problema que se ha registrado de manera recurrente en la gestión del gasto federalizado y presenta niveles críticos en algunos fondos y programas.

Esto “afecta el cumplimiento de las metas y los objetivos, además de generar opacidad respecto de su ejercicio posterior en los fines provistos por la normativa�, añadió.

También se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto, como contratos, facturas y recibos de pago del personal, lo cual se deriva de la ausencia o debilidad de los mecanismos de control interno.

“En este tipo de observación, se determinó un importe de 8 mil 211 millones de pesos, 13 por ciento del monto total observado en 2012. Se registró principalmente en el caso del Seguro Popular y en los subsidios para Centros de Educación, aunque estuvo presente en prácticamente todos los fondos�, explicó.

Por otra parte, abundó, existieron recursos aportados por la Federación que se retuvieron a los trabajadores pero no se enteraron a terceros institucionales, por un monto de 6 mil 852 millones de pesos, sobre los cuales la ASF ha solicitado la aclaración correspondiente. Tal observación, agregó, representó el 11 por ciento del monto total observado.

También se incluyó entre las observaciones a los recursos ejercidos que no se vinculan con los objetivos de los fondos y programas, que representó el 10 por ciento del importe total observado.

Portal Martínez refirió que existen otras insuficiencias que afectan la calidad de los resultados, la transparencia del ejercicio de los recursos y el proceso de rendición de cuentas, como la deficiente entrega de los informes trimestrales, el destino y resultado de los fondos así como los indicadores de desempeño.

A su vez, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) destacó que los resultados de fiscalización del gasto revelan, como en años anteriores, irregularidades recurrentes en prácticamente todos los fondos y programas revisados.

Se refirió a los fondos educativos, en donde se registraron, entre otros, pagos a trabajadores comisionados al sindicato; pago de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos no autorizados por la Federación y superiores a los tabuladores.

Pagos de impuestos estatales, a personal contratado por honorarios cuyas actividades no corresponden con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); prestaciones de estímulos laborales pagados en exceso y que no se ajustan a la normativa, tanto en el Conalep como en el INEA, además de falta de documentación comprobatoria.

Por lo respecta al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular, se registraron diversas irregularidades, como el pago de pasivos de ejercicios anteriores; falta de documentación comprobatoria del gasto; sueldos pagados a servidores públicos comisionados en otras dependencias; pagos a personal con plaza de médico que realiza funciones administrativas y la adquisición de medicamentos que no corresponden al cuadro básico o al Catálogo Universal de Salud, indicó.

De igual forma, recursos del Seguro Popular no aplicados; pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, entre otros.

En materia de fiscalización a la infraestructura social, se desconoce el destino de recursos de los fondos asignados al financiamiento de infraestructura básica estatal y municipal; falta de documentación comprobatoria; obras y acciones que no benefician directamente a la población en rezago social y pobreza extrema.

Asimismo, traspasos de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) a otras cuentas y recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) destinados a instituciones privadas para la adquisición de maquinaria.

En lo que respecta a los fondos de seguridad pública, Romero Gudiño destacó que se determinaron transferencias bancarias indebidas; adquisición de bienes y servicios ajenos a los objetivos de los fondos para seguridad; falta de documentación comprobatoria y traspasos de recursos del Subsidio para la seguridad de los Municipios (Subsemun) a otras cuentas bancarias ajenas.

De manera adicional, dijo, en convenios de instituciones de educación media superior y superior se detectaron irregularidades como pagos duplicados; pagos a personal jubilado; transferencia de recursos federales a otras cuentas bancarias; irregularidades en las cédulas profesionales y pago de categorías no consideradas en nóminas.

El director de la UEC hizo énfasis en la permanente revisión del marco normativo que regula al federalismo para acotar la irregularidad del ejercicio y la corrupción. Aseguró que el Sistema Nacional de Fiscalización solo tendrá utilidad pública si sus controles y sanciones permiten resultados en la prevención.

Propuso legislar en materia de gasto federalizado que contemple un solo ordenamiento jurídico para regular el ejercicio del gasto programable fiscalizable; combatir la recurrencia de irregularidades; sancionar la conducta de los servidores públicos; aumentar la capacidad ejecutora en las entidades federativas y municipios y propiciar una mayor participación social en la definición y supervisión de las obras.

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