24-03-2014.-Diputados y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, coincidieron en la importancia de contar con una la Ley del Gasto Federalizado para evitar que los recursos destinados a seguridad, educación o salud no se apliquen o se desvíen.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria (PRD), mencionó que tan sólo en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), de 10 entidades sólo Michoacán resultó limpio en sus dictámenes, aunque al interior de la entidad se calificó como negativo; mientras que en el Fondo para la Infraestructura Social, fue sólo Nuevo León. “De este tamaño es el problema al que nos enfrentamos”, apuntó.

Durante la última ronda de la segunda mesa de trabajo de “Gasto Federalizado”, coincidió en modificar el marco legal, a fin de crear mejores condiciones, ya que “es criminal que los recursos que van para seguridad, educación o salud se desvíen”.

Resaltó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, fue de 3.95 billones de pesos y el gasto federalizado fue del 30 por ciento, es decir 1.3 billones, de los cuales 850 mil millones pudieron haber sido auditados.

“Estos tuvieron que haber ido a las entidades y municipios para resolver las funciones primordiales en seguridad, educación, salud e infraestructura social”, señaló.

Ante estas circunstancias, cuestionó, ¿hubo suficientes recursos para Tanhuato, Michoacán, cuando fue asesinado su presidente municipal? Si en Tabasco hubo recursos para salud, ¿por qué a finales a finales del 2012 los enfermos fueron desalojados porque ya no había como atenderlos? y ¿el gobierno de Oaxaca contó con suficientes recursos para el sistema de formación de docentes?

Por su parte, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, dijo que gran parte de lo que provoca las desviaciones y la falta de aplicación adecuada de los fondos es la normatividad de algunos de ellos; por ello, coincidió en la importancia de tener la Ley del Gasto Federalizado.

También, el diputado Pedro Porras Pérez, del PRD, destacó que los legisladores deben actualizar el marco jurídico regulatorio de todos los fondos, a fin de obtener metas claras que permitan generar obras para educación y salud.

Mencionó que existen irregularidades en el manejo y aplicación de los recursos debido a la debilidad del marco jurídico, como es el caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o el Fondo para la Infraestructura municipal, en los cuales falta una clara normativa.

Asimismo por el PRD, el diputado Víctor Manuel Bautista López, solicitó conocer qué estados entregaron todos los informes trimestrales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) o quiénes no presentaron nada.

Primer ronda de preguntas y respuestas

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) cuestionó si la ASF practicará una nueva auditoría sobre los 448 mil millones que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz retiró el mismo día que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo la transferencia.

Precisó que estos recursos fueron retirados sin que se acreditara documental o contablemente o de manera financiera, administrativa y presupuestal, que este importe se utilizó en los 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamientos a esta entidad federativa.

El diputado Pedro Porras Pérez (PRD) pidió conocer el monto de los recursos mal utilizados de los fondos de Aportaciones para Educación Básica y Normal y el de Educación Media Superior, pues se detectaron una serie de pagos improcedentes, plazas de trabajadores no localizados en sus centros, comisiones al sindicato y otras dependencias que no tienen nada que ver con la educación.

Dijo que este escenario es “criminal”, pues un país donde la educación requiere de muchos fondos y donde ha estado evaluada por organismos internacionales, “es triste que los recursos dedicados a la educación se orienten a otros rubros o alguna situación política”, denunció.

A su vez, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) preguntó quienes son más ineficientes en el ejercicio de los recursos públicos, si los municipios o las autoridades estatales, pues “con estos datos se puede apreciar que son los estados los que mayores y más cuantiosas irregularidades cometen”.

Subrayó que “no se busca minimizar lo que ocurre en unos municipios y con los que no se debe ser permisivo para que cometan irregularidades”. Hizo votos por promover mejores acciones para resolver y dar solución a muchas de las observaciones de la Cuenta Pública.

En respuesta a los cuestionamientos, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, precisó que no hay ninguna condescendencia con ningún estado ni trato diferenciado. “Tenemos una planeación de cómo seleccionamos las auditorías y en esto no hay mano negra; no hay ninguna inclinación o desviación, es un procedimiento muy técnico”, precisó.

El coordinador de asesores de la ASF, Alfonso García Fernández, afirmó que se le dará seguimiento a los 33 de proyectos de inversión en infraestructura y equipamientos de Veracruz. “Vamos a revisar la cantidad de estos contratos, en dónde y cómo se hicieron y con mucho gusto les damos daremos los resultados”.

Salim Arturo Orcí Magaña, titular de la Unidad General de Administración de la ASF, expresó que las presiones que tienen las entidades federativas de gasto, y dada la importancia y volumen de los recursos del Fondo Aportaciones para Educación Básica y Normal, los orillan a tomarlos y financiarse temporalmente con ellos, pero “en muchas ocasiones, observamos que el recurso ya no regresa al fondo”.

Afirmó que en los estados es mayor la incidencia de las faltas en los gastos federalizados; sin embargo, aclaró que en los municipios hay una serie de factores que deben atenderse, como la rotación muy alta en el cambio de administraciones municipales, falta de profesionalización de los equipos y de permanencia, así como fondos con ambigüedad o abiertos que propician errores.

Orcí Magaña resaltó que a partir de la Cuenta Pública 2013, se instruyó a tener una actitud preventiva y tratar de orientar a las autoridades municipales a que puedan tomar decisiones adecuadas a través de una mesa. “Creemos que deben equivocarse menos. Es necesario que tengamos una mayor presencia de tipo preventivo”.

Segunda ronda de preguntas y respuestas

La diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN) lamentó que existan transferencias de recursos sin ser utilizadas por el gobierno de Tabasco en el 2012, por lo que cuestionó si hay denuncias de hechos contra funcionarios que resulten responsables para que no vuelvan a estar en funciones de gobierno.

En su oportunidad, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), preguntó sobre la eficiencia en el proceso de fiscalización para identificar si el trabajo que hace la ASF cumple con estándares y requerimientos legales.

El legislador Pedro Porras Pérez (PRD) cuestionó en qué estados ha sido recurrente el pago de concepto de nómina en anexos no autorizados, la transferencia de erogaciones que corresponden a otros programas con carencia de comprobación y la apertura de cuentas bancarias por servicios de salud que incorporan recursos de otras fuentes de financiamiento.

En sus respuestas, el auditor Juan Manuel Portal Martínez explicó que en el estado de Tabasco hicieron el uso de una cuenta concentradora o también nombrada “Licuadora”, en la cual se manejan de “forma irregular” todos los fondos. Destacó que así como en Tabasco, muchos estados hacen uso de la cuenta “Licuadora”.

También, el integrante de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, destacó que hay siete denuncias penales en el estado de Tabasco relacionadas con alrededor de un monto de mil 450 millones de pesos.

A su vez, el integrante de la ASF, Salim Arturo Orcí Magaña, destacó que existe una recuperación de 36 mil 600 millones de pesos derivado de la fiscalización en el Gasto Federalizado por parte de la ASF.

“El tramo principal donde más se desvían los recursos es entre las secretarias de finanzas de los gobiernos estatales y los organismos operadores o ejecutores de los recursos. Cuando el recurso llega a las secretarias de finanzas, hay un manejo complejo de los recursos que genera opacidad, se autofinancian, se prestan para otros fondos, se pagan cuestiones locales que no están consideradas en los objetivos de los fondos”, detalló.

Por su parte, el integrante de la ASF, Jesús Torre Rodríguez, explicó que el concepto de transferencias de recursos a otros fondos o programas se presentó en los estados de Baja California Sur, Jalisco, estado de México, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, por un monto de 707 millones de pesos.

Respecto al pago de concepto de nómina en anexos no autorizados, se presentó en los estados de Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala, por un monto total de 144 millones de pesos.

Tercera ronda de preguntas y respuestas

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) señaló que el gobierno de Veracruz, entidad de donde es originaria, transfiere recursos federales para programas específicos a cuentas que generan intereses, para después regresarlos a la cuenta del programa original.

¿Qué responsabilidad existe de los servidores públicos por transferir los recursos federales a estas cuentas para posteriormente reintegrarlas a las primeras? ¿Quiénes son los funcionarios sancionados en el estado de Veracruz? ¿Qué sucede con los intereses generados y el enriquecimiento ilícito?, cuestionó la legisladora.

Del PRI, la diputada Socorro de la Luz Quintana León consideró que los mecanismos para que los estados disminuyan su endeudamiento existen en una ley que al parecer ya no es aplicable. “Hay mucho dinero en el Distrito Federal que podría estarse viendo para la aplicación en otros estados”, recomendó.

Aseguró que en muchos de los estados existe desviación de fondos, ya que no se aplican para lo que fueron etiquetados.

La diputada del PRI, Elsa Patricia Araujo de la Torre dijo que si no tenemos una administración honesta y eficiente no puede haber progreso; además, confirmó, que a pesar de que existen leyes al respecto, no se aplican castigos ejemplares en contra de quienes no hacen bien su trabajo.

Respeto al Seguro Popular, dijo que durante 2011 y 2012 se presentaron subejercicios cercanos al 30 por ciento a nivel nacional, lo que calificó como grave, dada la importancia de este instrumento para la atención de la población.

Arturo Orcí Magaña, titular de la Unidad General de Administración, indicó que en el caso de Veracruz se recuperaron 7 mil millones de pesos asignados para rubros específicos, pero que fueron desviados, así como un reintegro de mil 320 millones de pesos por concepto del Seguro Popular.

“El reintegro de estos fondos de las cuentas federales a las cuentas estatales tiene que ser considerado junto con los rendimientos financieros”, precisó.

Ricardo Miranda Burgos, director General de Análisis e Investigación Económica, mencionó que existe un proyecto de Ley sobre disciplina y responsabilidad hacendaria que, en caso de lograrse, ocasionaría que el gobierno federal de garantía al endeudamiento de los estados, basado en una adecuada solidez de las finanzas públicas y con un manejo responsable.

Jaime Alvarez Hernández, director general de Investigación y Evaluación, advirtió que con esta mayor disciplina financiera, de aplicarse, implicaría una mayor exigencia a los gobiernos locales en relación del manejo de recursos federales transferidos.

“Los estados y municipios tienen un entorno de presión muy fuerte para que desvíen recursos del gasto federalizado a fines no previstos por la normativa”, reconoció.

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