• Inauguran el primer foro “La corresponsabilidad social y ambiental ante los megaproyectos de desarrollo en México”
• Necesario diseñar una Ley General de Aguas, opinan legisladores y expertos

26-03-2014.- Los diputados tenemos una gran labor en materia de los derechos humanos y ambientales, ya que en México se violan y abusa de ellos, pues en algunas comunidades la gente muere por consumir agua contaminada con químicos, particularmente “los niños que caen envenados“por esta causa, aseguró el presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable, diputado René Fujiwara Montelongo (NA).

Durante la inauguración del primer foro “Derechos Humanos y Ambientales, la corresponsabilidad social y ambiental ante los megaproyectos de desarrollo en México”, el legislador explicó que el evento será un punto de reflexión para que los diputados fortalezcan estas garantías.

Resaltó que con la reforma energética, el "fracking", técnica que se utiliza para extraer gas natural del subsuelo, implicará muchos litros de agua, lo que vulnerará nuestra seguridad hídrica.

El también secretario de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que con la modificación del artículo 4 constitucional, en el que se estableció el derecho humano al agua, se otorgó al Congreso un plazo de 360 días para reglamentar una Ley General de Aguas, la cual hasta el momento no se tiene y “hoy estamos excedidos por 776 días, por lo que será parte de nuestra labor legislativa”.

“La importancia de los derechos humanos es que toman sentido cuando se viven realmente en la gente, cuando están presentes en el hogar, en escuelas, fábricas, oficinas o en las calles, y están contemplados en documentos nacionales e internacionales, por lo que debemos trabajar en ellos”, agregó.

La diputada del PVEM, Martha Edith Vital Vera, dijo que estos temas son de interés de los legisladores, por lo que es importante escucharlos.

En su turno, la directora general de Telar Social México y miembro de la Red Ambiental Mexicana, Montserrat Salazar Gamboa, precisó que hablar de desarrollo nos debe remitir al crecimiento económico, progreso e industrialización, el cual debería elevar la calidad de vida de la población.

Sin embargo, enfatizó, dicho paradigma nos ha llevado a la lógica de la construcción de infraestructura en carreteras, puertos, aeropuertos, acueductos, exploración y explotación minera, gasera y petrolera, como un indicador de involución y pobreza.

El desarrollo nacional, dijo, ha sido encaminado a programas y políticas a corto plazo que, en su aplicación por regiones, han contradicho y violentado los derechos humanos como el tener una vivienda adecuada, acceso al agua potable, saneamiento, cultura, educación y medios de subsistencia suficientes.

Destacó que existen afectaciones en las comunidades indígenas, desalojo forzoso de sus habitantes y daños en sus sitios sagrados, así como un desenfrenado desarrollo urbano que demanda recursos humanos de manera insostenible, cuando debiera centrarse en la seguridad de la gente y su territorio.

Por ello, añadió, el foro busca generar un diálogo temático y constructivo con actores estratégicos que expondrán casos ilustrativos de las afectaciones directas a sus comunidades por la construcción de megaproyectos de desarrollo.

En el tema, “Comunidades y Megaproyectos: casos en México”, la investigadora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Elena Burns Stuck, mencionó que actualmente se expulsan 800 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, la suficiente para el buen vivir de los 20 millones habitantes del Distrito Federal; con ello, señaló, tendríamos 110 litros de agua por habitante al día.

Manifestó que al aprobar la construcción del Túnel Emisor Oriente, se prometió poner fin a las inundaciones en el Valle de México, lo cual no se ha logrado; por el contrario, se invirtieron en un inicio 19 mil millones de pesos y a la fecha lleva 22 millones.

A pesar de que su alcance físico es solamente del 26 por ciento, aún no llega a la parte profunda. “¿Para qué construirlo?”, cuestionó.

Subrayó que es necesario diseñar una Ley General de Aguas que incluya un dictamen socio-hídrico y se escojan expertos que determinen la aprobación de los proyectos relacionados con este vital líquido.

En tanto, el secretario y vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero, detalló que el Acueducto Independencia, ubicado en esta comunidad, el cual tiene una longitud de 175 kilómetros, traslada importantes volúmenes de agua sin ningún tipo de monitoreo o manifestación de impacto ambiental.

Lo anterior, enfatizó, a pesar de las recomendaciones que hizo la Cámara de Diputados. “Esto no puede continuar así, cuando México ha firmado tratados internacionales en materia de derecho humanos y ambientales, y a nosotros nos someten a un proceso de consulta como un mero trámite administrativo, cuando la Declaración de las Naciones Unidas dice que se debe buscar el consentimiento de los pueblos en caso de megaproyectos donde se alteran y dispongan recursos de los pueblos”, expresó.

Del Consejo Regional Wixárika, Santos de la Cruz Carrillo, solicitó que el tema sobre proyectos mineros se considere en la agenda legislativa, a fin de que los pueblos originarios opinen sobre la construcción de estos megaproyectos que dañan los mantos freáticos.

Lo anterior, aunado a que las empresas mineras ocupan grandes cantidades de este vital líquido, lo que genera la migración y aumento de la pobreza.

Sobre el proyecto eólico de Dzilam Bravo, en Yucatán, Jazmín Sánchez Arceo, experta en Física, informó que el desarrollo de este parque ecológico contempla la instalación de 36 aerogeneradores de hasta 175 metros de altura, lo que pondría en riesgo a más del 50 por ciento de la aves que vive en esta zona, además millones de aves migratorias.

Lo más grave, destacó, es que actualmente se están cambiando los instrumentos regulatorios a nivel estatal para permitir el desarrollo de este tipo de proyectos sin consulta y sin la intervención de investigadores o académicos, ni órganos establecidos, lo que provocaría la entrada de muchos proyectos más.

Al evento también asistieron el presidente de la Comisión de Juventud, diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), y Fernando Zamora Morales (PRI), secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

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