27-03-2014.-

La Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), presentará un punto de acuerdo para solicitar la protección de las garantías individuales de los policías agredidos en el estadio Jalisco, durante el juego Atlas-Chivas.

El exhorto estará dirigido a los organismos de derechos humanos, nacional y de Jalisco, y a autoridades locales, señaló el diputado Fernando Angulo Parra, quien expuso que no se pueden dejar de lado los “vergonzosos” acontecimientos ocurridos en la justa deportiva, por lo que se deberá solicitar a estos organismos que sancionen y observen “la flagrante violación de las garantías de los uniformados”.

“Ahora estamos al revés. Los derechos humanos de los policías fueron violados flagrantemente; primero, a través de una golpiza brutal por parte de las porras de esos equipos de futbol y, luego, por la respuesta indignante de las autoridades municipales y estatales, en el sentido de que pese a la agresión recibida, los policías serían investigados y se les fincarían responsabilidades”, comentó.

Dijo que a todas luces se trata de una violación a la dignidad de los cuerpos de seguridad y pidió un deslinde de responsabilidades.

Angulo Parra indicó que es inaudito que las autoridades de Jalisco, en lugar de manifestarse contundentemente en contra de quienes atacaron a sus elementos policiacos, procedan a ordenar investigarlos.

Valdría la pena, dijo, que se revisaran los protocolos de actuación de los policías, porque ante una agresión de esa naturaleza tienen prohibido repelerla. “Su función es proteger a la ciudadanía, pero en primera instancia deben cuidar su integridad física y dignidad”.

Por su parte, el diputado José Luis Muñoz Soria mencionó que la Comisión de Derechos Humanos debe manifestarse ante este tipo de circunstancias.

Lo que ocurrió en ese estadio, afirmó, fue una agresión, una conducta delictiva.

“Podría ser que los policías hayan desatendido los protocolos a los que están obligados, pero también es cierto que las autoridades correspondientes no han atendido los esquemas de capacitación de los cuerpos de seguridad para resolver ese tipo de situaciones. Es inaudito que después de la golpiza recibida, se les quiera fincar responsabilidades”, agregó.

“No podemos quedarnos callados y hacer como que no ocurrió nada. Por fortuna, en esta ocasión no hubo ningún fallecimiento que lamentar, pero ese tipo de situaciones no debe repetirse”, puntualizó.

En otro tema, el diputado José Luis Muñoz Soria propuso citar a comparecer a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, responsable de la atención de los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

El motivo, indicó, es para que informe sobre una denuncia pública en su contra por la presunta violación a los derechos humanos de ex funcionarios del área a su cargo.

Informó que integrantes de la comisión recibieron hace unos días a un grupo de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, adscritos al área de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron una denuncia.

“Relataron que el pasado 15 de marzo, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien además fungía como coordinador ejecutivo nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por violación a sus derechos”.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) se sumó a la propuesta y solicitó además la comparecencia del titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, a fin de que informe sobre las observaciones del Examen Periódico Universal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la respuesta del gobierno mexicano.

La diputada Elena Tapia Fonllem (PRD) respaldó las propuestas de los legisladores y agregó que es preocupante la forma en la que están actuando los organismos defensores de los derechos humanos en nuestro país.

Indicó que los diputados tienen la obligación de citar a comparecer a la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, para conocer sobre la situación que se denuncia, así como al ombudsman nacional, para que informe respecto de los temas de los derechos humanos de los migrantes y de los presos, entre otros.

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