• Por cada dos plazas docentes, hay una administrativa o de quien, recibiendo sueldo, no está frente al grupo, asegura el diputado

01-05-2014 La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza un punto de acuerdo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), en el que plantea exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría del ramo para que ejerzan con transparencia el presupuesto destinado a la educación, pues “hay evidencias de que cada año se desvían cantidades multimillonarias”.

El documento del legislador panista precisa que de acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, se desvían los recursos para sostener aparatos que beneficiaron al régimen, a cúpulas sindicales y a la clase política en turno, por encima del derecho de los niños a aprender.

Indica que el censo muestra un desorden generalizado, pues hay 39 mil 222 plazas docentes que, estando asignadas a un centro de trabajo, los encuestados declararon no conocer a quienes las ostentaban; existen 30 mil 695 comisionados o con licencia y 113 mil 259 ubicados en “otro centro de trabajo” que no son escuelas.

También, 114 mil 998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron. Además, existen 23 mil 540 docentes que trabajan en tres o más centros; 138 mil 485 que tienen tres o más plazas, mientras que 65 mil 800 carecen de ellas.

En su propuesta, Castaños Valenzuela argumenta que por cada dos plazas docentes frente a grupo, hay una plaza administrativa o de quien, recibiendo sueldo del presupuesto educativo, no está frente a grupo. “Ello da cuenta de una atroz ineficiencia en el manejo de los recursos, mina la calidad en la atención de las escuelas y representa una sobrecarga injustificada de trabajo para los maestros que sí están frente a un grupo”, sostiene.

Resalta que en materia de infraestructura, ese censo presenta datos desoladores, ya que pese a las masivas transferencias de dinero, es claro que no están llegando a las escuelas.

Por ejemplo, detalla, hay dos mil 241 escuelas públicas hechas de materiales ligeros y precarios; 14 mil 444 sin pizarrón en todas las aulas; 36 mil 264 sin agua; 20 mil sin sanitarios; 81 mil 718 sin drenaje; 18 mil 564 sin energía eléctrica; 45 mil 837 sin áreas deportivas o recreativas; 125 mil 552 sin teléfono; 123 mil 511 sin conexión a Internet; 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad; 100 mil 7 no disponen de señales de protección civil, y 83 mil 566 carecen de salidas de emergencia.

El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, subraya que el censo es un punto de partida hacia la transparencia y rendición de cuentas en la educación, ya que deberá servir de insumo para la implantación correcta del pago de la nómina magisterial a partir del próximo año, cuando se implante el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Dice que es indispensable que a la mayor brevedad comience a funcionar en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) de forma fiable, transparente, abierta y pública, para que no se despilfarren los recursos y puedan tomarse decisiones de política educativa de manera certera y eficaz.

Por ello, se manifesta por que el Ejecutivo y la Secretaría de Educación Pública tomen medidas para que las plazas presupuestadas al sector educativo, efectivamente sean utilizadas para el fin de la docencia y que, en su caso, tomen acciones para castigar los abusos.

Además, que se consideren recursos económicos extraordinarios para la Secretaría de Educación y sean destinados a la atención y el mejoramiento de las instalaciones de las escuelas públicas del país, y se tomen acciones para que el presupuesto destinado a la educación sea ejercido con absoluta transparencia.

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