• “No se trata de escandalizar, sino de estar conscientes”: Durazo Montaño
• Comisión aprueba exhortos para que estados y municipios creen atlas de riesgos
• Plantea que gobierno federal y de Guerrero investiguen permisos de construcción en la entidad

04-05-2014 La Comisión de Protección Civil aprobó tres exhortos para que se implemente un programa de concientización y prevención ante eventuales desastres marítimos como tsunamis; se actualicen los Atlas de Riesgos estatales y municipales, y para que el Ejecutivo federal investigue el probable otorgamiento de permisos ilegales de construcción en Guerrero.

En reunión de trabajo, el diputado Alfonso Durazo Montaño, presidente de la instancia legislativa, apuntó que “no se trata de escandalizar ni de asustar a la población, sino de dotarla de elementos técnicos y de concientización cultural, para que esté alertada de las primeras acciones que debe hacer antes de que llegue la autoridad, a fin de ponerse a salvo de riesgos”.

Con el primer acuerdo se exhorta a las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Segob y Semarnat); al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Servicio Meteorológico Nacional, a desplegar acciones de prevención para reducir las pérdidas humanas y daños materiales a causa de fenómenos climáticos.

Recomienda a que esas instituciones públicas, en coordinación, establezcan estrategias de capacitación a la población de estados y municipios que cuenten con zonas costeras, para elaborar protocolos de actuación y resguardo ante movimientos telúricos.

Durazo Montaño explicó que se busca enfatizar el compromiso y la responsabilidad de las autoridades para concientizar a todos los habitantes de las regiones costeras ubicadas en zonas de riesgo sísmico, con el propósito de capacitarlos de forma permanente ante la eventualidad de un fenómeno.

“Ojalá no se presente una emergencia por tsunamis a causa de un fuerte temblor, pero se han registrado en otros países de Asia y en Chile con resultados lamentables y catastróficos para la población”, dijo.

Es importante prevenir, no obstante, el carácter remoto de esa posibilidad. La población costera susceptible de ser víctima de estos fenómenos debe estar debidamente enterada y en alerta, destacó.

El diputado explicó que prevalece un consenso en la Comisión de Protección Civil para cambiar la lógica en la materia; históricamente, comentó, el mayor esfuerzo se ha centrado en la reconstrucción, pero se ha visto que los recursos que reclama son a veces infinitos; en cambio, los que requiere la prevención son menores, porque se relacionan con la capacitación y en crear una cultura preventiva adecuada.

“Ese es el objetivo para resguardar la vida y abatir los costos de la reconstrucción, porque los daños serán muy probablemente menores”, subrayó.

En el segundo acuerdo, la comisión aprobó un exhorto a 21 gobiernos estatales para que a la brevedad pongan a disposición de la ciudadanía en la página oficial de Internet, la información del Atlas de Riesgos, y se conozcan las zonas con esta condición.

También solicita a 10 gobiernos -Baja California Sur, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Baja California, Aguascalientes, Nayarit, Sonora y Jalisco-, a que integren al 100 por ciento los Atlas de Riesgos estatales y municipales.

Estos mapas, junto con el nacional, son herramientas fundamentales de análisis e información para la toma de decisiones en materia de prevención, tanto de la población en general como de las autoridades, para diseñar sus planes de desarrollo, permisos de construcción y decisiones de infraestructura en general.

Llamó a los gobiernos del Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo para que completen en su totalidad los Atlas de Riesgos municipales.

Por otra parte, la instancia legislativa exhortó a los Ejecutivos federal y estatal de Guerrero para que en el ejercicio de sus facultades investiguen y emitan un informe a la Cámara de Diputados en torno al probable otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por alcaldes y otros funcionarios públicos de la entidad.

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