09-05-2014.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), señaló que la inclusión de la paridad en la Carta Magna representa un cimiento importante para el desarrollo de la política de igualdad de oportunidades; sin embargo, dijo, “no es suficiente, por lo que es necesario construir el andamiaje de esta política paritaria en los estados de la República”.

La legisladora refirió que el 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Constitución en materia política-electoral, en cuyo artículo 41 se establece que los partidos políticos tienen como fin promover las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Subrayó que ninguna constitución local contempla la igualdad de manera total, sólo 11 entidades federativas la contienen de alguna forma en su normatividad electoral como Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerreo, Jalisco, Querétaro, Sonora y Tabasco, pero “en su mayoría bajo la misma engañosa fórmula que no obliga a la autoridad a garantizar, sino a procurar paridad entre mujeres y hombres”.

En nuestro país, dijo, trato idéntico ha sido una constante demanda de las mujeres y por ello se ha insistido en que para llegar a la llamada democracia de género, se necesita construir una política efectiva de igualdad de oportunidades y de acceso a los derechos.

A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la diputada consideró que el principio de paridad en materia electoral es la herramienta idónea para que las mujeres accedan a sus derechos político-electorales.

Recalcó que ni el proceso de democratización que se ha llevado a cabo en el país “ni las llamadas transformaciones estructurales del Estado han tenido un impacto significativo en la participación política de las mujeres”.

Reconoció que si bien es cierto que el Congreso de la Unión registra una representación inédita de legisladoras, 184 diputadas de 500 y 42 senadoras de 128, que representa el 36.8 y el 33 por ciento del total, respectivamente, es claro el rezago que persiste en la realidad a nivel local.

En el 2013, explicó, el promedio nacional de escaños ocupados por mujeres en los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue de 27 por ciento además de que según INEGI, de 2 mil 285 municipios, tan solo 176 están presididos por mujeres, es decir el 7.7 por ciento.

Por ello, consideró que para avanzar en una profunda reforma social orientada hacia una liberación de los roles y cargas tradicionales que limitan y estigmatizan a las mujeres, es indispensable que las entidades federativas mantengan un ejercicio permanente de armonización legislativa que garantice la incorporación de los avances legislativos que en materia de igualdad de género se aprueban a nivel federal.

“Sólo así se logrará un avance progresivo y homogéneo de los derechos humanos para todas las mujeres”, puntualizó.

Propuso exhortar a los Congresos de las 32 entidades federativas para que en armonía con el artículo 41 constitucional, impulsen las gestiones legislativas necesarias para incorporar en sus constituciones locales el principio de paridad entre mujeres y hombres en materia electoral.

“Creemos que las entidades federativas deben mostrar su congruencia política con los principios constitucionales y su compromiso con los derechos político electorales de las mujeres, y legislar para incorporar en sus propias constituciones el principio de paridad entre mujeres y hombres”, finalizó.

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