• Se propone crear un Consejo Redactor Plural e Interinstitucional

• Habitantes de comunidades autóctonas, representan el 14 por ciento de la población total

• Sufren pobreza, marginación, desempleo y bajos salarios

10-05-2014 El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) urgió a las comisiones para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación y Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conformar un Consejo Redactor Plural e Interinstitucional.

La misión de este Consejo Redactor sería elaborar una propuesta de reforma de gran calado sobre los derechos de pueblos indígenas, para garantizar y salvaguardar su autonomía y la libre determinación.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Permanente, el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, precisó que dicho consejo deberá estar integrado por representantes de pueblos autóctonos, intelectuales, legisladores, académicos, especialistas y responsables de políticas públicas.

Señaló la necesidad de que el Consejo Redactor construya un anteproyecto para ponerlo a consideración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de presentar la propuesta de reforma a la consulta de las comunidades indígenas “bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado”.

De Jesús Alejandro resaltó la importancia de impulsar reformas legislativas para garantizar y exigir el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos nativos y reconocerlos como cuarto nivel de gobierno, así como su derecho de representación política en el Poder Legislativo, ya que aglutinan alrededor de 15.7 millones de mexicanos, es decir, el 14 por ciento de la población total del país.

Se busca fomentar, asimismo, su desarrollo desde su perspectiva y prioridades, con el objeto de que evalúen el impacto que tendrá en sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y en las tierras que ocupan o utilizan. En particular, cuando se trate de megaproyectos de inversión que los afecten se les deberá consultar para que otorguen el consentimiento libre, previo e informado, ya que ocupan el octavo lugar en el contexto mundial en población indígena y el primero en América Latina.

Consideró que el Consejo Redactor tendrá que hacer un borrador de iniciativa de Ley de Consulta, para fortalecer los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, a través de normar deliberación en materia administrativa y legislativa.

El diputado recordó que el Ejecutivo federal ha reconocido la situación actual de los pueblos indígenas, incluso ha manifestado y anunciado su voluntad de realizar una “Reforma de gran calado en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”, que es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Gobernación.

Por ello, dijo, “le tomamos la palabra al Ejecutivo federal de realizarla y proponemos la creación del Consejo Redactor, el cual tendría que atender e incluir en la propuesta las directrices de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y los derechos pendientes por legislar en el artículo segundo constitucional, para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”.

Una reforma de esta índole debe contemplar el fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas; promover el incremento del presupuesto en materia de igualdad y equidad de género; diseñar políticas públicas que erradiquen la muerte materna, afianzando la salvaguarda de los derechos sexuales, reproductivos y de salud.

También, armonizar la Carta Magna con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos aborígenes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR) y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El integrante de la Comisión Bicamaral de Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, señaló que la realidad en que viven las comunidades indígenas en México es de pobreza, marginación, desempleo y bajos salarios.

Más de la mitad vive en municipios con alta y muy alta marginación; una tercera parte trabaja en el sector primario; 72.5 por ciento no disfruta de servicios de salud; 70.2 por ciento de indígenas de entre 6 y 24 años son analfabetas o no asisten a la escuela, y más del 50 por ciento carece de infraestructura básica, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esta situación pone de manifiesto los grandes contrastes de un enfoque centralista y socialmente omiso que, por un lado, alcanza índices equiparables a países de primer mundo y, por otro, a los más bajos en la escala mundial.

Indicó que los pueblos originarios poseen en propiedad social o privada el 14.3 por ciento del territorio nacional, en el cual se captan al año 364 mil 387.47 metros cúbicos de agua en promedio, que representa 23.3 por ciento del total de captación vertical del líquido que sirve para garantizar el abasto de otras regiones y el equilibrio de los ecosistemas.

“En los territorios indígenas se captura el agua para la mayoría de las presas que en el norte del país forman los distritos de riego de la agricultura de alto rendimiento y de sistemas importantes para la generación de electricidad. Ciudades importantes, incluyendo el Distrito Federal, son abastecidas de agua parcial o totalmente por los pueblos indígenas. Sin embargo, no existen procesos compensatorios para los pueblos autóctonos por este servicio”, afirmó.

Llama la atención que no haya una clara política pública compensatoria para conservar la salud de los ecosistemas de estas cabeceras de cuenca en los territorios aborígenes, cuando el 40 por ciento pertenece a alguna de las Regiones Terrestres Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad.

Eso confirma, agregó, la extraordinaria importancia que tienen los pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica”.

Sostuvo que están pendientes formular una ley reglamentaria del pluralismo jurídico, una reforma en materia de extracción metalúrgica (minería), y de procuración de justicia, así como armonizar los derechos de los jóvenes indígenas y el derecho electoral del sector.

El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para continuar el proceso legislativo.

-- ooOoo --