01-11-2014 Si bien tenemos que acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que es el máximo órgano de justicia en nuestro país, que rechazó la consulta popular sobre el salario mínimo promovida por el Partido Acción Nacional, hay que señalar que el fondo empleado para justificar la votación mayoritaria de los magistrados de ninguna manera corresponde a la realidad, debido a que el hecho de mejorar las percepciones de la gente no implica directamente afectar el ingreso y el gasto del Estado mexicano, como se argumentó, declaró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Zavala Peniche.

Puntualizó que la situación aparente parece indicar que la Corte rechazará a final de cuentas todas las solicitudes de consulta popular, como ya lo hizo con la salarial, promovida por el PAN, y la petrolera, que solicitaron tanto el PRD como Morena.

Sobre la última por analizar, “es claro que la pregunta formulada por el PRI respecto de la reducción del número de legisladores federales, en específico de los plurinominales, es inconstitucional, pues se refiere a asuntos electorales y éstos no son motivo de consulta”.

Expuso que el PRI siempre supo que su pregunta era de un tema electoral y que sería rechazado y en este sentido. “Es una pena que para justificarle al PRI, se resuelva rechazando todas las consultas populares, nulificando a los mexicanos su derecho a responder a una consulta ciudadana que por primera vez en la historia del país se realizaría”.

Dijo que aunque hay claroscuros en la determinación de la SCJN, en el caso de la consulta de los partidos de izquierda sobre la reforma energética si pudiera implicar una afectación al ingreso-gasto, como se argumentó en la Corte, debido a que, por ejemplo, los ingresos petroleros están directamente vinculados al presupuesto público.

“Esto no ocurre con la pregunta del PAN –aclaró-, pues se dirigía al ciudadano para plantear la posibilidad de elevar el salario mínimo, un asunto que ocurre entre particulares: entre quien paga y quien recibe un sueldo”.

Negó que haya algún artículo de la Constitución violentado con la propuesta que busca un salario digno para el trabajador, y mucho menos con afectar el ingreso o gasto del Estado mexicano, pues lo único que se proponía era preguntarle al ciudadano su opinión sobre los criterios para mejorar la economía de la gente.

La diputada Zavala Peniche aseguró que en México hay siete millones de trabajadores formales a quienes su salario “no les alcanza ni para comprar la canasta básica”. No se debe, como lo hicieron políticamente los ministros al rechazar la consulta, argumentar que un aumento al salario afectará el ingreso-gasto del gobierno de México, pues deja en estado de indefensión a quienes no son trabajadores del Estado, apuntó.

Insistió en que no queda más que acatar la resolución, aunque no haya fondo causal en el argumento de los ministros de la Corte, pero dijo que este tema no se ha terminado ya que varios diputados, ella incluida, han promovido una reforma de ley para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos use el criterio que emplea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para determinar un nuevo salario mínimo que alcance para que un trabajador viva dignamente, empezando por la canasta básica y posteriormente, y de manera paulatina, cubrir el gasto promedio en servicios básicos como el transporte, vivienda, educación y salud, entre otros.

Recordó que incluso se ha presentado otra iniciativa avalada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, donde se pide tanto el análisis para aumentar el salario mínimo y también desvincularlo como referencia de pagos de impuestos, créditos, multas y otros tantos conceptos.

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