• Comisión especial da a conocer informe preliminar de las acciones emprendidas

04-11-2014.- El Pleno camaral recibió el informe preliminar de las acciones desarrolladas, a menos de un mes, de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

La comisión especial argumenta, en el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, que a pesar de tratarse de un reporte especial, “comienza a formarse en el seno de la misma, más allá de la duda razonable, que existen medios de prueba que nos sugieren irregularidades de las investigaciones que múltiples actores han señalado a la opinión pública”.

Entre los resultados sustantivos preliminares que la comisión puede ofrecer, se encuentra que de la lectura de los informes rendidos por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de la entidad, se desprenden múltiples contradicciones respecto a:

• El número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos.

• Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes.

• Los nombres de los estudiantes.

• La manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos, ya fuera al momento de ocurrir o con posterioridad.

De igual modo, se detectó que en todos los informes existen diversos momentos que no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos.

Precisa que las autoridades estatales sí tuvieron conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitoreando por horas su desplazamiento y la policía estatal no actúo frente a las irregularidades que la policía municipal cometió en contra de los estudiantes.

De ser así, “incurriendo en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques cometidos por ciertos agentes estatales, al parecer de la policía municipal, y particulares”, abunda el documento.

Detalla que el informe contiene datos para verificar si existe una versión de los hechos confiables y, de ser posible, identificar las omisiones y negligencias en las investigaciones materiales en general, así como en la localización e investigación del paradero de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos forzadamente.

También, verificar cuáles han sido las acciones institucionales desplegadas para proporcionar atención a las víctimas sobrevivientes, así como a los familiares de todos los estudiantes que sufrieron estos reprochables hechos.

En cuanto a las acciones realizadas para establecer contacto con las víctimas directas o indirectas, aclara que se ha visto imposibilitada para tener comunicación abierta con ellas.

Dentro de las acciones, se encuentran comunicaciones electrónicas formales con las organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que están acreditados como sus representantes legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales no se ha recibido alguna respuesta escrita.

Se ha mantenido contacto directo con algunos de los integrantes de dichas organizaciones, principalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La comisión especial detalla que a pesar de que se han llevado a cabo acciones para tener un acercamiento con las víctimas y sus representantes legales, “nos encontramos frente a la falta de anuencia de las propias víctimas y su desconfianza fundada frente al aparato del Estado en su conjunto”.

Menciona que las reuniones planeadas con las autoridades de la Escuela Normal Rural, los estudiantes sobrevivientes, los familiares de los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañen “no se han desahogado”; sin embargo, afirma, “seguiremos llevando a cabo acciones para establecer comunicación formal con las víctimas”.

En el documento, la comisión especial precisa que quedan pendientes diligencias, en particular, la reunión con las víctimas de los hechos; con el director y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”; con representantes legales de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; con los secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como con el Procurador General de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública.

También, con el gobernador interino y el Fiscal General de Justicia de Guerrero; con el presidente relator Ariel Dulitzky del grupo de trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos, acompañados de personal de servicios periciales; reunión con el equipo argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones, así como recibir la información pendiente solicitada a las diferentes autoridades.

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