• Cero tolerancia a violación de la norma; porcentaje podría dispararse a 70 u 80 por ciento en dos o tres años
• Imco presenta Índice de Competitividad Urbana 2014

05-11-2014.- En México el 67 por ciento de la vivienda es informal, por lo que el principal reto para enfrentar este fenómeno no sólo empieza en la dimensión laboral, sino en el hábitat. Este desafío requiere cambios institucionales inmediatos, para frenar su crecimiento.

La situación anterior está planteada en el Índice de Competitividad Urbana 2014 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante una reunión presidida por la diputada María del Rocío Corona Nakamura y la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Juan Pardinas, director general del Imco, y encargado de la presentación del estudio, afirmó que “preocupa mucho la informalidad en la economía nacional, ya que cerca del 59 por ciento de los mexicanos trabajan en ella y el 67 por ciento de la vivienda es informal”.

Ante legisladores federales y locales, precisó que se hace muy poco por frenar los asentamientos irregulares en el país, ya que tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe.

Dijo que el único instrumento para tratar de revertir la tendencia de informalidad en la vivienda, es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), con resultados y recursos muy limitados, que este año sumaron 237 millones de pesos.

El Pasprah atiende, explicó, a menos del 10 por ciento de la población potencial y está 50 por ciento por debajo de su meta.

Propuso crear una visión estratégica de las ciudades desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de que el Fondo Metropolitano se utilice en obras prioritarias en cada zona urbana, para que hospitales, centros de estudio y oficinas gubernamentales se edifiquen en zonas céntricas, con lo que se evitarán más gastos en transporte y problemas en la movilidad de las personas.

Asimismo, establecer incentivos para cumplir la normatividad por los tres niveles de gobierno. “Cero tolerancia en nuevas violaciones, porque si no hacemos algo ahora, el índice de vivienda informal se va a disparar en 2 o 3 años al 70 u 80 por ciento”, estimó.

Subrayó que los fondos metropolitanos se proyectan más por criterios financieros que de planeación para resolver problemas urbanos y sociales de los ciudadanos, en obras disociadas entre los estados y municipios.

En su intervención, la diputada Corona Nakamura apuntó que el Índice de Competitividad Urbana 2014 es una herramienta de consulta obligada que ofrece la oportunidad de identificar capacidades diferentes y lograr posibilidades infinitas.

Una investigación amplia y seria, para conocer la situación de temas sensibles del tejido social, político y económico, “refuerza la función y desempeño gubernamental, ya que obliga a cuestionar qué se quiere y cómo lograrlo, eliminando la improvisación en el diseño de las políticas públicas”, destacó.

Sostuvo que la medición de fenómenos es una oportunidad para mejorar los métodos, especialmente en estos tiempos, en donde la preocupación principal de las familias mexicanas son la seguridad, salud, educación y empleo. Propuso valorar los esfuerzos para aprender de errores y aciertos, y hacer cosas distintas. “Lo que no se evalúa se devalúa”, resaltó.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI), secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, se pronunció por que las ciudades sean “vivibles y seguras”, a partir de que los ciudadanos “se apropien de los planes” para que los proyectos se lleven a cabo.

Por su parte, la senadora Herrera Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, destacó la importancia de que “el Presupuesto de Egresos 2015 sea congruente para atender las necesidades de millones de ciudadanos”.

En particular, la movilidad, que exige una visión integral vinculada con la realidad de peatones y medios alternos, ya que, indicó, tres de cada cuatro viajes en las urbes se efectúan en transporte masivo, a pie o bicicletas.

Precisó que uno de los retos en materia legislativa es identificar la forma para obligar a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen, porque “hay temas que no puede seguir esperando”, y cómo evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en cada uno.

Es indispensable, agregó, contar con herramientas que direccionen la tarea parlamentaria como este Índice de Competitividad Urbana, ya que impacta la calidad de vida de las personas.

Se refirió a las funciones integrales de planeación urbana y rural que realiza la Sedatu. Consideró necesario planear el desarrollo en México con una perspectiva de largo plazo, ya que se enfrentan tres diques a vencer: la corrupción, ante la cual “deberíamos cerrar filas” y trabajar de inmediato para combatirla más rápido; la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la creencia de que sólo la buena voluntad servirá a solucionar los problemas.

Indicó que la planeación urbana debe dejar de basarse en el corto plazo, porque “aunque haya muy buenas intenciones cada quien camina para su lado por la falta de coordinación”.

En su exposición, Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sostuvo que no existe un buen marco normativo que rija los criterios territoriales y de subsidios a la vivienda popular, que conjunte la accesibilidad a los servicios y el hábitat.

Lo anterior fomenta la creación de “las ciudades dormitorio”, ubicadas lejos de los centros de trabajo provocando mayores gastos para el traslado. Señaló que todavía alrededor del 40 por ciento de los subsidios federales a vivienda popular se otorgan fuera de las zonas urbanas, pese a que la tendencia es abandonarlas.

Comentó que la Sedatu tiene un presupuesto insuficiente para recuperar el liderazgo en este sector, a fin de alinear los criterios territoriales de la Federación, estados y municipios, y participar en los fondos metropolitanos y regionales.

Solicitó a los diputados federales ayudar a hacer más eficiente el uso de los recursos federales, mediante la identificación de los mejores proyectos metropolitanos que incidan en el desarrollo colectivo y combatan la pobreza; sólo así se lograrán ciudades sustentables, con la regulación de la tenencia de la tierra a cargo de los estados y municipios.

Por su parte, el senador Jesús Casillas (PRI), presidente de la Comisión de Movilidad, indicó que la planeación urbana no distingue colores partidarios, y urgió a diseñar políticas públicas que atiendan el crecimiento de las ciudades, ya que en el 2030 México tendrá más de 130 millones de habitantes, y el 70 por ciento vivirá en las zonas urbanas, lo que implicará enormes retos para dotarlos de servicios y garantizar su acceso.

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