06-11-2014.-

• En 2011 se “blanquearon” en México, 14 mil 500 millones de dólares, señala un estudio
• El CESOP reporta que son más de 3 billones de pesos anuales

El próximo martes 11 de noviembre, en la Cámara de Diputados se darán cita funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la PGR, así como especialistas y académicos en materia de lavado de dinero, mismos que participarán en el foro de análisis sobre la Implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y la Comisión de Hacienda.

Dicha legislación federal, conocida como la “Ley contra el Lavado de Dinero”, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor el 17 de julio de 2013, tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para ello, establece diversos procedimientos con la finalidad de propiciar una mayor vigilancia en todas las transacciones financieras y comerciales que se llevan a cabo en México.

De acuerdo con un estudio realizado por Global Financial Integrity (GFI), en 2011 el lavado de dinero en nuestro país alcanzó una cifra de 14 mil 500 millones de dólares, 45 por ciento del total, proveniente del tráfico de drogas.

De ese total, señala el reporte, 10 mil millones de dólares son circulados por los distintos cárteles entre las fronteras de México y Estados Unidos.

En tanto, un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados refiere que el lavado de dinero en México rebasa los más de 3 billones de pesos anuales, monto equivalente al 82 por ciento del gasto de la Federación programado tan solo para el 2012.

Confirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano existe un excedente de 10 mil millones de dólares que presuntamente proviene de actividades ilícitas.

Agrega que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país, fue de 41 por ciento proveniente del tráfico de drogas; 33 por ciento del tráfico de personas; 20 por ciento de la piratería y 6 por ciento por fraude.

El documento del CESOP refiere que de acuerdo con Schneider y Enste, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, el 76 por ciento de las ganancias criminales se destina a la economía formal y el restante 24 por ciento a la informal.

El estudio refiere que cálculos del Banco Mundial (BM) sobre lavado de dinero, el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos en el mundo, es de entre un billón y 1.6 billones de dólares anuales.

De esa cifra, concluye, 40 mil millones de dólares son producto de la corrupción en países en desarrollo y en transición.

Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, señaló que para la Secretaría de Hacienda existen 15 actividades catalogadas como vulnerables, que deben cumplir con el reporte de las operaciones de acuerdo a los montos previstos por la ley, entre las que se encuentran juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, de vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago.

Asimismo, la construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.

En el foro de análisis de la “Ley contra el Lavado de Dinero” participarán, entre otros, Alberto Bazbaz Sacal, de la unidad de Inteligencia Financiera de la SCHP.

Crisógono Díaz Cervantes, de la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, Víctor Hugo Gamas Luna, presidente de Agentes Aduanales; Javier Pérez Almaraz, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y Martín Monte Alegre, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Los especialistas Jesús Patiño Soto y Miguel Ishii Yocoyama y los académicos Angélica Ortiz Dorantes, de la Universidad Panamericana, Herbert Bettinger Barrios, del ITAM y Carlos Alberto Burgoa Toledo, de la UNAM.

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