• Ministerio Público y autoridad judicial tendrán mayores herramientas para investigar, perseguir y sancionar este delito

• Mercado ilícito y hurto de energéticos, problema de seguridad nacional: Pacheco Rodríguez

06-11-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen que endurece las penas por tomas clandestinas de hidrocarburos y reconfigura el tipo penal para que el Ministerio Público y la autoridad judicial puedan tener mayores elementos jurídicos para castigar el robo de combustibles y su comercialización.

Con 366 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, se avaló en lo general el documento que modifica los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes federales de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política, y contra la Delincuencia Organizada.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, considera la progresividad en las penas derivadas de la cantidad de litros de combustible que sean sustraídas o se posean de manera ilícita.

Destaca que la cantidad de 300 litros o menor se castigará con pena de prisión de seis meses a dos años y de 100 a 500 días de multa, y si la cantidad es igual o mayor a 2 mil litros, se sancionará con pena de prisión de 4 a 11 años y de mil 200 a 13 mil días de multa.

Establece tipos penales que provean y sancionen el almacenamiento, transporte, suministro, ocultamiento, distribución y comercialización ilícita de los hidrocarburos, catalogándolos como delitos graves y de delincuencia organizada.

También, dota al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), expresó que con estas reformas se busca afrontar el terrible flagelo del aumento exorbitante de la toma clandestina y la comercialización ilegal de combustibles.

Mencionó que el mercado ilícito y robo de combustibles en el país son un problema de seguridad nacional; es un fenómeno que frena el desarrollo económico, limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, e impide la generación de negocios y disminuye la inversión.

Esta actividad indebida, refirió, se ha incrementado en forma descomunal, pues en 2010 se presentaron 845 denuncias; en 2011, mil 570; en 2012, mil 949 y durante 2013 se presentaron tres mil 267; hasta septiembre de 2014 han sido tres mil 566 denuncias.

“No pasa desapercibida para ninguna persona la grave problemática que estamos enfrentando con el crimen organizado en materia de robo de hidrocarburos, a través de la ordeña de ductos de la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. No podemos permanecer pasivos ante estos hechos”, afirmó.

Pacheco Rodríguez expuso que la legislación penal en materia de hidrocarburos ha sido rebasada con la ejecución de diversas conductas, tales como almacenamiento, transporte, comercialización, suministro y distribución ilícitos de hidrocarburos; por ello, dijo, se requiere una reforma para combatir de manera frontal y determinante estas conductas y evitar con ello la impunidad.

El dictamen, aseguró, es el instrumento jurídico para evitar que el crimen organizado siga desplegando estas conductas y otras más. “Los gasotraficantes son miembros de organizaciones que han encontrado financiamiento mediante la obtención ilícita de recursos, a través de la sustracción, almacenamiento, distribución, suministro y comercialización ilícita de combustibles”, agregó.

En los posicionamientos, el diputado Héctor García García (PRI) sostuvo que el dictamen tiene como objetivo afrontar el flagelo en el que se encuentra la industria petrolera por el aumento exorbitante de tomas clandestinas y la comercialización ilícita de combustibles, pues son un problema de seguridad nacional que afecta las finanzas públicas, los ingresos de Pemex e implica la evasión de impuestos.

Argumentó que de acuerdo con la Secretaría de Energía, el robo de oleoductos y gaseoductos de Pemex ha representado una pérdida anual de cerca de 15 mil millones de pesos en perjuicio de los mexicanos. Por ello, apuntó, el dictamen es el instrumento jurídico que busca evitar que las organizaciones delictivas sigan desplegando esas conductas nocivas para el patrimonio de todos.

Por Acción Nacional, la diputada Esther Quintana Salinas resaltó que con estas reformas se penaliza a quien comercialice gasolinas o diésel que no contenga los marcadores o las especificaciones, y considera como responsables del hurto no nada más al franquicitario, sino también al asignatario y contratista.

Celebró que se legisle sobre una realidad que daña la economía del país, derivada del cáncer delincuencial que se extiende a pasos agigantados a lo largo y ancho de nuestro México. “La propuesta es perfectible y beneficiará”.

El diputado Alejandro Carbajal González (PRD) puntualizó que el dictamen es de suma trascendencia, pues considera como delito grave el robo de hidrocarburos y les da una penalidad efectiva a quien cometa este tipo de ilícitos, toda vez que la pérdida y hurto repercute en programas sociales, ya que se dejan de instalar escuelas, hospitales e infraestructura en su conjunto.

“Hemos sido testigos de los daños que se hace al medio ambiente, pero también en donde seres humanos han muerto por la falta de tratamiento de este tipo de prácticas ilícitas”, abundó.

Rubén Acosta Montoya, diputado del PVEM, mencionó que con los años, las personas dedicadas a este tipo de labores burdas se han ido especializando para realizar sus hurtos, e indicó que el dictamen es relevante, porque actualmente el Código Penal Federal no contempla verbos rectores como almacenar, transportar, ocultar, enajenar, suministrar o distribuir, los cuales son actividades impropias y no se sancionan.

Afirmó que las reformas no solamente trascienden al lucro del combustible, sino van contra de quienes atenten contra las instalaciones enfocadas a la producción petrolera y sus derivados; sanciona a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera, y establece que el Ministerio Público o el juez podrán asegurar un establecimiento mercantil relacionado con el robo de combustible y notificar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) resaltó que el dictamen contiene disposiciones que son incorrectas y “por eso no podemos votar a favor”, a pesar de que se establecen sanciones por delitos en los que se hace uso ilícito de productos petroleros, de hidrocarburos y sus derivados y, lo más importante, que este delito de robo de combustible se eleva a grave.

Precisó que a los franquicitarios no sólo les aplican penas severas, sino la incapacidad del Estado para combatir el crimen organizado ahora se les carga a ellos. “Algunos conocen a muchos gasolineros y saben cómo opera el crimen organizado: amenazándolos de muerte si no les compran o si no expenden el combustible robado en sus estaciones”.

Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil señaló que tres son los lugares donde más se está extrayendo gasolina: de Salamanca a Guadalajara, de Reynosa a Matamoros, y de Madero a Cadereyta. Agregó que el robo de hidrocarburos pone en riesgo no solamente la seguridad nacional y la integridad de las personas, de las poblaciones, sino también el medio ambiente.

Dijo que el dictamen establece tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, almacenamiento, transportación, ocultamiento, suministro o distribución y, por otro lado, ha inhibido la realización de dichas actividades al calificarlas como delitos graves.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) resaltó que en el 2010, Pemex detectó y clausuró 710 tomas clandestinas; en 2011, se incrementaron a mil 419; en 2012, a mil 744, y en 2013, a 3 mil 46.

Sostuvo que tan sólo de enero a agosto del 2014, el robo de combustible representó una fuga financiera para Pemex de 15 mil 300 millones de pesos, cifra equivalente a 7 millones 500 mil barriles de hidrocarburos, y se clausuraron 2 mil 481 tomas clandestinas.

Mencionó que las reformas permitirán que el Ministerio Público y la autoridad judicial puedan tener mayores elementos jurídicos para castigar este delito que tanto daño hace a la sociedad. Además, eleva a delito grave el robo de hidrocarburos para que en el marco jurídico tipifique determinadas conductas que dañan severamente a todo el sector energético.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra, porque “se puede decir que ahora este robo ya se va a calificar como terrorismo, como un delito grave. Lo que les interesa a los ciudadanos, es que la gasolina no siga subiendo, no que se siga incorporando el terrorismo a quienes por una necesidad tal vez, puedan estar robando esos ductos o ese combustible”.

Del PRD, el legislador Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro mencionó que la coordinación entre la PGR y Pemex está bien, pero la operatividad del mismo, vía el Ejército y la Policía Federal, “es lo que resulta indispensable para que pueda frenarse e inhibirse el robo de los combustibles”.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, expresó que el dictamen, para un problema tan grave donde está involucrado el crimen organizado, el narcotráfico y personal de Petróleos Mexicanos “es una solución menor que no va a la raíz del problema. No refleja toda la dimensión del problema, y considerar que sólo con la elevación de penas, con homologar este tipo de delitos, con el terrorismo, se va a resolver un problema gravísimo en el país, no es la solución”.

La posición del diputado Uriel Flores Aguayo (PRD) fue a favor de leyes que inhiban y sancionen éstas conductas; sin embargo, dijo, “si el Estado no es capaz de dar seguridad a las instalaciones petroleras de México, la ley será simplemente una buena intención”.

Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputado del PRI, relató que es indispensable actualizar el marco legal vigente para que se apliquen sanciones más severas a este delito cada vez más complejo. “Es necesario que el sector energético nacional proteja y garantice su normal desarrollo. El Estado debe contar con nuevos elementos para acompañar a Pemex en el combate del robo de combustibles”.

Votación en lo particular

Con 336 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó en términos del dictamen, las reservas a los artículos 368 Quáter, fracción I del Código Penal Federal, y el artículo 2, fracciones I y XXIX de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que había registrado el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT).

-- ooOoo --