• Acuerdan campaña para reformar los artículos 4 y 73 de la Carta Magna con ese propósito
• Comisión de Juventud y universitarios del país suscriben convenio para recabar firmas ciudadanas en apoyo de la iniciativa

07-11-2014.- A fin de impulsar la reforma constitucional en favor de los jóvenes de México, la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados y la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (Conem), suscribieron un convenio con el propósito de desplegar una campaña permanente y recolectar firmas ciudadanas en todo el país, en apoyo a esta iniciativa.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN) se comprometió a que junto con universitarios, los legisladores de esta comisión que preside “saldrán a las calles a captar el mayor número de firmas de los diferentes sectores sociales, para impactar a los tres Poderes de la Unión e insertar esta reforma en la agenda parlamentaria”.

Destacó la prioridad de elevar a rango constitucional los derechos de la juventud mexicana, con la modificación a los artículos 4 y 73, y que sea esta LXII Legislatura, caracterizada por lograr las reformas estructurales, la que avale esta iniciativa. Aseguró que “ningún partido político tiene una diferencia dogmática o doctrinaria, sino coincidencias”.

Oliveros Usabiaga indicó que las firmas recabadas se entregarán a las dos cámaras del Congreso, al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invitar a los tres Poderes a avalar esta reforma a la Carta Magna, la cual “está varada desde el 2013 en la Comisión de Puntos Constitucionales”.

Durante una reunión de trabajo con la Conem, presidida por Ángel Alain Aldrete Lamas, el legislador del PAN, resaltó la importancia de que se suscriba este pacto con los líderes de las universidades del país, congregados en esta Confederación, para promover la reforma, que “va a enaltecer los derechos de los jóvenes a rango constitucional y que va a cambiar la vida a la cuarta parte de la población mexicana”.

De esta forma, se tutelarán los derechos de 38 millones de habitantes y se coadyuvará a que se desarrollen jóvenes de entre 12 y 29 años de edad en un ambiente de mayores oportunidades de estudio, salud, empleo y esperanza, para convertirse en los mejores ciudadanos.

“Hoy más que nunca las instituciones y las autoridades, todos los sectores del país deben tener oídos y estar alertas a las voces de los mexicanos”. La reforma constitucional “no solo elevaría a rango constitucional la palabra juventud, da la posibilidad de que las autoridades trabajen para beneficio de los jóvenes”, apuntó.

Al participar, la diputada del PRI, Laura Guadalupe Vargas Vargas, secretaria de la comisión, aseveró que “los jóvenes de México necesitan hacer más cosas para tener el mismo piso de igualdad de derechos y oportunidades, así como obligaciones”.

Dijo que debe reconocerse el derecho superior de la juventud para diseñar una política pública clara para muchachos sin oportunidades, “para los llamados ninis que ni estudian ni trabajan, debido a la falta de oportunidades”.

Aseguró que han pugnado por que los jóvenes sean prioridad para todos los grupos parlamentarios al momento de evaluar las iniciativas.

También del PRI, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos sostuvo que la problemática juvenil debe ser un tema prioritario de la agenda pública, porque falta mucho por hacer para atender a esta sector.

Refirió la necesidad de modernizar la Constitución con una reforma como para la juventud; propuso que los universitarios sensibilicen a los legisladores locales, a fin de que se consense esta propuesta y pueda cristalizarse en la actual Legislatura.

Ángel Alain Aldrete Negrete, presidente de la Conem), transmitió un llamado y una exigencia de los estudiantes mexicanos al Congreso para que se apruebe una reforma constitucional; propuso a los diputados realizar una consulta entre los jóvenes urbanos y rurales, para conjuntar las ideas, demandas y propuestas, con el propósito de que la reforma constitucional garantice los derechos y obligaciones de este sector.

“La reforma debe ser prioridad en la agenda nacional y legislativa y debe salir de los jóvenes. Sería un error que se hiciera sólo por un grupo, porque son asesinados, desaparecidos, violentados y discriminados. No hay políticas que garanticen el desarrollo de los profesionistas, ni acceso a créditos para inmuebles; por eso, debe resonar la voz de los estudiantes en el Congreso de la Unión, el cual debe asumir la parte que le corresponde”, aseveró.

Refirió que el momento actual es de luto y duelo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; en solidaridad, recordó, que la mayoría de las universidades públicas del país están en paro. Exigió justicia a nombre de 2.2 millones de universitarios afiliados a la Conmen.

José Alberto Galarza Villaseñor, representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, resaltó el riesgo de que más jóvenes mexicanos sean presas del crimen organizado ante la falta de oportunidades e indiferencia del Estado para atender sus necesidades y ante la incapacidad de terminar con la inseguridad.

Pedro Molina, dirigente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, afirmó que en México no puede existir desarrollo sin el respeto a los derechos humanos de los jóvenes, al referirse a los hechos de la Normal de Ayotzinapa.

A la reunión, efectuada en el Palacio Legislativo de San Lázaro asistieron las diputadas Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (PRI), y Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN), así como representantes de 16 universidades públicas de 22 estados de la República.

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