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Bolet√≠n N°. 4628 Erradicar impunidad, principal reto de M√©xico, se√Īala grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU

13-11-2014.-

  • Se re√ļne funcionario de ese organismo con diputados de la Comisi√≥n Especial del caso Ayotzinapa
  • Urge localizar no solo a los 43 normalistas, sino a miles de desaparecidos
  • Antes de concluir Legislatura habr√° ley sobre desapariciones forzadas: diputado Anaya Llamas

 

La Comisión Especial que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa se reunió con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, quien demandó al Estado mexicano el paradero e identificación no solo de los 43 normalistas, sino de los miles de casos de desaparición que siguen abiertos.

 

El principal reto para M√©xico, dijo el funcionario de la ONU, es erradicar la impunidad. Refiri√≥ que ‚Äútanto la procuraci√≥n como la administraci√≥n de justicia carecen de capacidad y capacitaci√≥n‚ÄĚ para tratar fen√≥menos complejos, donde se entrecruzan el crimen organizado, la corrupci√≥n y el accionar de las fuerzas de seguridad.

 

‚ÄúEs muy dif√≠cil lograr investigaciones eficientes sobre violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparici√≥n forzada. No hay capacidad de an√°lisis de inteligencia y todo esto demuestra que el Estado, o no tiene la voluntad, o si la tiene, carece de capacidad para investigar, juzgar, y sancionar los casos de desaparici√≥n forzada‚ÄĚ.

 

Por tal motivo, exhort√≥ al Congreso de la Uni√≥n y en particular a la C√°mara de Diputados, a crear las leyes General de Desapariciones Forzadas y Sobre el Uso Leg√≠timo de la Fuerza, dise√Īar un Programa Nacional de B√ļsqueda de Personas Desaparecidas y elaborar una Base Nacional de Datos Gen√©ticos e impulsar un Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

 

Por su parte, el presidente de la Comisi√≥n Especial, diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), se√Īal√≥ que antes de que concluya la presente legislatura se podr√≠an aprobar dichas legislaciones de las que, incluso, ‚Äúya hay iniciativas‚ÄĚ.

 

Asimismo, inform√≥ que se hizo un extra√Īamiento a la Comisi√≥n de Presupuesto para respetar los recursos a la Unidad de Investigaci√≥n Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR, a la cual, en el proyecto del PEF 2015 le redujeron 14 millones de pesos, en comparaci√≥n con los 60 millones aprobados para 2014. ‚ÄúEsa disminuci√≥n hace insuficiente dar cabida a las tareas de localizaci√≥n de las miles de personas desaparecidas en M√©xico‚ÄĚ, concluy√≥.

 

A su vez, la diputada Ruth Zavaleta (PVEM), defendió al Estado mexicano, el cual, dijo, ha actuado correctamente en torno a las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos.

 

Indicó que México ha sido reconocido a nivel internacional por los cambios constitucionales en materia de derechos humanos y en este sentido, rechazó que en el caso de Iguala no hay razón para determinar que fueron desapariciones forzadas.

 

‚ÄúTenemos que diferenciar los casos de desapariciones forzadas de los a√Īos 60 y 70, los cuales eran motivados por asuntos pol√≠ticos y de represi√≥n gubernamental, en tanto que las desapariciones actuales se dan a partir de la lucha contra el narcotr√°fico y la violencia‚ÄĚ, subray√≥.

 

Negó que el Estado mexicano no tenga voluntad política o capacidad para investigar los casos de desaparición forzada. Esta misma Cámara, dijo, ha reformado varias legislaciones en la materia y en Guerrero, agregó, se fue deteriorando el Estado de derecho por la confluencia del crimen organizado.

 

Lizbeth Rosas Montero (PRD) afirmó que la participación de los organismos internacionales es fundamental para que el gobierno mexicano llegue a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala.

 

Reconoci√≥ que no existe una coordinaci√≥n entre los tres niveles de gobierno, lo que origina versiones distintas y en tal sentido, ‚Äúnadie asume la responsabilidad. Ha sido un patear esa responsabilidad entre los gobiernos municipal, estatal y federal‚ÄĚ.

 

A√Īadi√≥ que las recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas abre los ojos a los mexicanos sobre la situaci√≥n en la que est√°n los derechos humanos, en los que prevalece una violaci√≥n constante y su respeto es una gran deuda hist√≥rica.

 

Se√Īal√≥ que uno de los principales problemas es la improvisaci√≥n y falta de perfiles profesionales en los titulares encargados de la procuraci√≥n de justicia y de la seguridad en M√©xico.

 

El diputado Ricardo Mej√≠a Berdeja (MC) celebr√≥ que sean los organismos internacionales de derechos humanos los que pongan ‚Äúlos puntos sobre las √≠es‚ÄĚ en el tema de las desapariciones forzadas, sobre todo, ‚Äúcuando en M√©xico existe una crisis humanitaria‚ÄĚ.

 

Dijo que a partir de la guerra contra el narcotr√°fico que el Gobierno federal emprendi√≥ en 2006, se han producido al menos 100 mil v√≠ctimas relacionadas, de las cuales y seg√ļn cifras conservadoras, son 22 mil los desaparecidos, lo que habla de ‚Äúuna violaci√≥n sistem√°tica de los derechos humanos en M√©xico‚ÄĚ.

 

Mencion√≥ que como el caso de Iguala, han ocurrido otros similares o m√°s graves. Coment√≥ que en d√≠as pasados solicit√≥ al procurador general de la Rep√ļblica que atraiga las investigaciones de los casos de Allende y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, donde se especula hubo al menos 400 desapariciones forzadas y de lo que nada se ha dicho.

 

Se√Īal√≥ que en otros casos de desaparici√≥n forzada, ocurridos en a√Īos anteriores, permanecen sin aclararse debido a la impunidad cr√≥nica que prevalece en el pa√≠s.

 

Sonia Rinc√≥n Chanona (NA) pregunt√≥ de qu√© manera ayuda el grupo de trabajo de la ONU a la localizaci√≥n de los 43 normalistas y si coincide con la versi√≥n de la PGR de que la mayor√≠a de este grupo de j√≥venes fueron calcinados, o bien, que se deben agotar otros recursos de b√ļsqueda que el Ministerio P√ļblico Federal no ha contemplado.

 

Ariel Dulitzky respondi√≥ que el grupo de trabajo solo interviene a petici√≥n de los familiares de las v√≠ctimas y en este caso, solo se recibi√≥ una comunicaci√≥n general sobre la situaci√≥n del caso, ‚Äúpero no se ha pedido su intervenci√≥n directa‚ÄĚ.

 

Agreg√≥ que por ello solo se ha pedido informaci√≥n al gobierno mexicano. ‚ÄúTampoco podemos asumir la investigaci√≥n porque eso corresponde a la PGR‚ÄĚ. Dijo coincidir que hasta en tanto no se determine fehacientemente la identidad de los desaparecidos, las investigaciones no se pueden dar por terminadas.

 

El funcionario de la ONU indic√≥ que la comunidad internacional le ha dado un valor especial a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Lo que ocurri√≥, dijo, es un fen√≥meno de extrema gravedad. No obstante, agreg√≥, por ser un caso √ļnico, ofrece una oportunidad hist√≥rica para la adopci√≥n de pol√≠ticas p√ļblicas y para que el gobierno federal asuma con entera responsabilidad la dimensi√≥n del fen√≥meno de la desaparici√≥n forzada.

 

Indic√≥ que hace tres a√Īos, el grupo de trabajo emiti√≥ 33 recomendaciones al Gobierno mexicano en torno al problema de la desaparici√≥n forzada; sin embargo, y lamentablemente, hoy se ratifica que las conclusiones de nuestro informe siguen vigentes y la gran mayor√≠a de las recomendaciones est√°n sin cumplirse.

 

‚ÄúNo puedo decir si el cumplimiento de estas recomendaciones que formulamos hace tres a√Īos hubiesen prevenido los hechos de Iguala, pero estoy absolutamente convencido de que la implementaci√≥n de √©stas hubiesen permitido estar mejor preparados para responder a un incidente como el que nos ocupa‚ÄĚ, coment√≥.

 

Agregó que de haberse implementado la recomendación principal que era romper el patrón crónico de impunidad, en materia de desapariciones forzadas, hubiera prevenido la tragedia.

 

Esta C√°mara de Diputados y este gobierno, abund√≥, tienen la oportunidad hist√≥rica de llenar los vac√≠os legales. ‚ÄúEstas pol√≠ticas deben estar basadas en cuatro ejes principales: la verdad, la justicia, la reparaci√≥n y la garant√≠a de la no repetici√≥n de hechos lamentables‚ÄĚ.

 

Mencion√≥ que no es casualidad que los hechos que hoy nos convocan hayan ocurrido en el estado de Guerrero, donde fue el epicentro de la guerra sucia, y sigue siendo un foco preocupante por el deterioro del estado de derecho. ‚ÄúGuerrero para nosotros, sintetiza, y es el hilo conductor que une las desapariciones de la guerra sucia con las desapariciones actuales y las falencias del Estado mexicano‚ÄĚ.

 

Pidi√≥ reconocer el problema de la desaparici√≥n forzada para desarrollar medidas efectivas para su erradicaci√≥n y generar los mecanismos para conocer cu√°ntas personas desaparecieron, cu√°ndo, c√≥mo, por qu√© y en qu√© circunstancias. ‚ÄúNo es posible que en M√©xico se sepa m√°s la cantidad de petr√≥leo que exporta, que el n√ļmero o cantidad de personas que han desaparecido forzadamente‚ÄĚ.

 

Afirm√≥ que las desapariciones del pasado siguen siendo una asignatura pendiente. ‚ÄúLo que observamos es que las v√≠ctimas no conf√≠an en el sistema de justicia. Hay un alto grado de desconfianza en la procuraci√≥n y administraci√≥n de justicia, en los ministerios p√ļblicos, en las polic√≠as, en las fuerzas armadas y la impunidad es un patr√≥n cr√≥nico en todos los casos‚ÄĚ.

 

‚ÄúAbrir las fosas de las v√≠ctimas de la guerra sucia es cerrar las heridas, abrir las fosas comunes de los desaparecidos de hoy, es cerrar las heridas. Todos los casos de las desapariciones forzadas que est√°n en las bases de datos ser√°n heridas en la sociedad mexicana, las cuales permanecer√°n abiertas por d√©cadas hasta que se sepa la verdad‚ÄĚ, concluy√≥.

 

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