• Sería una forma de combatir la corrupción: diputada Lilia Aguilar

15-11-2014 diputada Lilia Aguilar Gil (PT), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, impulsa una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política, con el objetivo de establecer que toda persona tiene derecho a un gobierno honesto, eficiente y transparente, y de esta manera combatir la corrupción.

La legisladora enfatizó que la corrupción puede presentarse de diversas maneras como el soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información, compra y venta de decisiones judiciales, influencia en decisiones legislativas, entre otras.

Precisó que es un fenómeno social, político y económico complejo, por lo que para combatirlo y lograr un buen gobierno se debe involucrar a la ciudadanía “para recuperar la confianza en las instituciones y políticas que durante más de 200 años el país ha construido y ejecutado”.

Refirió que según datos del Barómetro de Corrupción 2013, uno de cada tres encuestados dijo haber pagado sobornos en el último año. Entre las instituciones con mayor número de reportes, con las cuales se tuvo contacto para realizar un servicio, se encuentran: la policía, 61 por ciento; el sistema judicial, 51 por ciento, y el sector de la construcción, 31 por ciento.

Aguilar Gil consideró importante reconocer que la corrupción en un país está ligada a la concentración de poder, la discrecionalidad de los funcionarios públicos en su actuar y la transparencia con que llevan a cabo sus competencias; así como la impunidad en los tribunales.

En este sentido, dijo, el control ciudadano no debe estar solamente en el manejo de los recursos públicos, sino también en aquellas actividades que incentivan las prácticas de corrupción, principalmente en los tribunales.

La participación ciudadana, agregó, se debe considerar como un elemento sine qua non para hacer frente a la corrupción brindándole las herramientas jurídicas necesarias para que pueda exigir el buen gobierno a todas las autoridades y espacios concretos para que su participación no quede en términos abstractos e irrealizables.

Por ello, propuso reformar el artículo 6 de la Carta Magna para establecer que: En materia de buen gobierno, honesto, eficiente y transparente, se cree un Consejo con 11 integrantes ciudadanos elegidos en una consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

También, precisar que el Consejo evaluaría la política que en materia de combate a la corrupción y buen gobierno ejecuten las instituciones de los tres poderes de la Unión y organismos autónomos en materia de combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas y emitirá recomendaciones vinculantes a las mismas.

Asimismo, propondría ante las instancias correspondientes las políticas y acciones que en materia de control social y participación ciudadana se deban implementar en el combate a la corrupción, para lo cual deberá evaluar el tipo y estructura de práctica a combatir.

Además, toda autoridad y servidor público estará obligado a rendir los informes que el consejo y sus integrantes requieran para el buen desempeño de sus funciones.

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