• Presenta secretario de Comisión de Gobernación punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y PGR a crear esa instancia

11-10-2014 La gravedad de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 normalistas, 25 heridos y 6 víctimas mortales, imponen a la Cámara de Diputados el deber de contribuir con todo su esfuerzo posible a favor de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, declaró Manuel Huerta, secretario de la Comisión de Gobernación.

Por ello, anunció que el pasado jueves presentó un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para ser discutido y aprobado en la próxima sesión de la Cámara, a efecto de exhortar al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República a que se constituya una Fiscalía Especial para el caso Iguala, designando a un titular con perfil ciudadano y con un claro compromiso de respeto a los derechos humanos.

Mencionó que dentro de las atribuciones del Ejecutivo y de la propia PGR, se encuentra la de nombrar un Fiscal Especial; y concretamente, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, podrá crear Fiscalías especiales “para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos, que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten”.

“Y creo que el caso de los normalistas de Guerrero lo amerita enteramente, por lo que la mejor muestra de solidaridad que podemos ofrecer, como Congreso Federal, es la de explorar todas las alternativas posibles para lograr dar con el paradero y de los 43 estudiantes. Y la posibilidad de designar un Fiscal Especial, que esté sensiblemente comprometido con la ley con los derechos humanos, y que contribuya con independencia al esclarecimiento de estos graves hechos, es una alternativa viable”, destacó el diputado del Partido del Trabajo.

Lamentó que a pesar de haberse tenido conocimiento por parte de autoridades de procuración de justicia locales federales, de hechos delictivos que privaron de la vida a por lo menos dos activistas sociales y políticos, Nicolás Mendoza Villa y Arturo Hernández Cardona, mismos que se atribuyeron al hoy alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, ante dichos asesinatos no se hizo nada.

Justamente esta inacción por parte de las procuradurías estatal y federal, hacen impostergable que se designe un Fiscal Especial independiente del poder; que garantice, justamente, independencia en sus funciones y autonomía en sus resoluciones, abocándose a esclarecer los hechos y a castigar con la severidad que ser requiere a los responsables, para lo cual --reiteró Huerta Ladrón de Guevara--, tiene que ser autónoma de la PGR, de su titular, además de contar con autonomía económica, para así poder actuar con objetividad, certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Por último, el punto de acuerdo presentado conjuntamente con el diputado Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en San Lázaro, ante la Junta de Coordinación Política, plantea: “ante la demanda nacional e internacional de presentación de los estudiantes desparecidos y de castigo a los criminales, se exigen acciones que lleven a la verdad de los hechos, y actuar sin cortapisas y sin dudas que generen suspicacia de complicidades que favorezcan a la impunidad”.

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