• Diputados integrantes se pronuncian por no partidizar sus actividades para acelerar el esclarecimiento del caso
• Prevén audiencia pública con secretario de la Defensa Nacional, y encuentros con PGR y CNDH
• Solicitarán a Segob protección para familiares de las víctimas y periodistas que dieron a conocer los acontecimientos

14-10-2014.- Esta tarde quedó formalmente instalado en San Lázaro el Grupo de Trabajo plural que, por acuerdo del Pleno camaral, coadyuvará en la investigación para esclarecer la presunta ejecución de 22 civiles por elementos del Ejército mexicano, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

El grupo será coordinado por la diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem; está integrado por los legisladores del Revolucionario Institucional Miriam Cárdenas Cantú y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, y Alberto Díaz Trujillo, de Acción Nacional.

También por las diputadas Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Loretta Ortíz Ahlf, del PT, y René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, así como un diputado del Verde Ecologista, aún por definirse.

En el acto, los legisladores se pronunciaron por dar a las actividades del grupo de trabajo un enfoque que trascienda los tintes partidistas, con el propósito de llevar ante la justicia a los culpables lo más pronto posible, en atención a lo establecido en los ordenamientos legales mexicanos e internacionales.

Asimismo, coincidieron en que este hecho no refleja el carácter del Ejército mexicano; empero, instarán a realizar una investigación profunda, ya que “todos tenemos derecho a saber lo que ocurrió en Tlatlaya”, en el afán de asegurar que las presuntas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a darse.

“Existe un ánimo de coadyuvancia y construcción de consensos para hacer efectivos los trabajos”, destacó Tapia Fonllem, quien también reconoció que el Estado de México no es la única entidad donde se han suscitado hechos de esta naturaleza, y a los que órganos de la Cámara de Diputados han debido atender.

En su plan de acción, el grupo de trabajo prevé citar a audiencia pública al Secretario de la Defensa Nacional, y a otros mandos militares, para explicar el operativo, funciones y cadena de órdenes en las actividades del 102 Batallón de Infantería de la 22/a Zona Militar.

También proyecta reunirse con testigos, familiares de las víctimas y vecinos de la zona, para recibir sus testimonios, así como pactar encuentros privados con los periodistas que dieron a conocer versiones de los hechos en la prensa nacional e internacional.

Solicitará a las procuradurías General de la República, y de Justicia del Estado de México, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acceso a las averiguaciones previas relativas al caso, iinformación complementaria, y quejas remitidas por familiares de las víctimas, así como datos que faciliten su protección.

Con los mencionados organismos, además de la Sedena, se llevarán a cabo reuniones periódicas y se les conminará a remitir cada 30 días una actualización de la documentación solicitada.

Asimismo, pedirá a la Secretaría de Gobernación gestione debida protección a los testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas, y, a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, se garanticen beneficios a los periodistas que han investigado los hechos y que enfrenten situaciones de riesgo

Por último, en el plan de trabajo destaca la visita al lugar de los hechos en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, y a la 22/a Zona Militar, para conocer de cerca lo sucedido y el trabajo del personal militar.

En la manifestación de posturas, el diputado Fujiwara Montelongo lamentó la necesidad de crear instancias de esta naturaleza dentro del Poder Legislativo, ya que eventos como los de Tlatlaya “no deberían estar ocurriendo, pues generan indignación en los ciudadanos”.

Este acontecimiento, afirmó, revela lo “imperfecto” de la moralidad y convivencia, y la falta de compasión entre las personas, además del enojo y frustración que existe en la sociedad mexicana.

Por su parte, la diputada Ortíz Ahlf subrayó que la presunta ejecución arbitraria de 22 civiles ha puesto los ojos de la comunidad internacional en México, donde organismos extranjeros como el Parlamento Europeo y la ONU han señalado que no se garantizan los derechos humanos en el territorio nacional.

“No hay estado de guerra que autorice la participación del Ejercito como se ha dado, ni pueden seguir las cosas como están. Esperemos que este caso no quede en el olvido y se haga justicia a las víctimas, que no solamente son los fallecidos, sino sus familiares y toda la sociedad mexicana”, expresó.

La legisladora Zuleyma Huidobro opinó que este grupo de trabajo responde a la falta de resultados precisos y contundentes en las investigaciones. “A tres meses de ocurridos los hechos, y que nos enteremos por la prensa internacional, es increíble que apenas nos estemos instalando”, lamentó.

Asimismo, precisó que se debe juzgar no sólo a los militares aprehendidos por los hechos, sino a quienes dieron la orden para su actuación.

Por su parte, el legislador Díaz Trujillo señaló que en el Estado de México se “vive una situación de terror y secuestro”, debido a la falta de seguridad que se evidencia en este y otros hechos.

Consideró necesario que el gobernador de la entidad ponga un alto a este tipo de situaciones. “Pedimos que intervengan las fuerzas federales, pero con respeto a los derechos humanos”, añadió.

En tanto, el legislador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez subrayó la importancia de realizar todas las acciones por consenso, con el propósito de enriquecer el plan del grupo de trabajo para que contenga una misma intención y objetivo.

Por último, la diputada Miriam Cárdenas Cantú se pronunció por llevar a cabo la colaboración con apego a los más altos estándares internacionales, “pues estos nos dan la pauta, junto con la Carta Magna, para las determinaciones a las que habremos de llegar”.

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