15-10-2014.- Ante diputados de las comisiones de Competitividad y de Economía, representantes empresariales expresaron que la iniciativa del Ejecutivo federal sobre productividad y competitividad atiende la petición de implementar políticas públicas que apoyen a todos los sectores y en donde el gobierno mexicano adquiera el mandato de planeación y promoción del desarrollo.

En el encuentro, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Coparmex y Concanaco, así como del Instituto de Desarrollo Industrial y Competitividad, expusieron sus inquietudes sobre la iniciativa que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.

El presidente de la Comisión de Competitividad, diputado Adolfo Orive Bellinger (PT), solicitó a los empresarios atender lo que mandata la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que todas las compañías con plantillas laborales de más de 50 trabajadores constituyan un comité de productividad.

Lo anterior, dijo, con el objetivo de recibir opiniones de trabajadores y empresarios para incrementar la productividad, y “no pensar en que elevando el salario mínimo se mejora el nivel de vida de los trabajadores. El incremento del ingreso de los empleados depende de la productividad de las empresas”.

En su turno, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN), precisó que esta ley es importante pero requiere del esfuerzo conjunto de servidores públicos, representantes empresariales y especialistas; de lo contrario, indicó, se estará en una posición desventajosa, como lo sucedido con la Reforma Laboral.

Se necesita, abundó, tener reglas claras que sean medibles y sancionen a las autoridades que no cumplan con la ley; que tengan una visión a largo plazo, es decir, que en 20 años “nos diga cómo nos vemos, con qué porcentaje del PIB crecemos, cuántos empleos formales se crearon y qué nivel de productividad hay”.

Por el PRI, el diputado Salvador Romero Valencia expresó que la iniciativa es positiva para la economía; sin embargo, dijo, “el sueño y paraíso que se nos tiene prometido está muy distante de ser realidad, pues el problema de falta de productividad y competitividad es muy profundo”.

Mencionó que México posee un bono demográfico como muy pocas naciones, pero el índice de productividad y competitividad es “lamentable”. Agregó que uno de los factores que se deben abordar para resolver este problema, es el de hacer valer el Estado de derecho.

“En la medida en que el crimen organizado esté involucrado en una parte importante del territorio nacional y con sus prácticas ahuyente a los inversionistas, en esa medida no vamos a lograr con ninguna ley detonar el crecimiento del país”, afirmó.

Añadió que a nadie le va a interesar invertir y poner su capital, mientras que por las carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles exista inseguridad. “Es patético que las empresas tengan que pagar una custodia privada en el traslado de sus productos terminados, ante el nivel de robos e inseguridad”.

Romero Valencia precisó que el comercio informal está alimentado por el contrabando, la evasión fiscal y la subvaluación, de ahí que “no se puede competir”. Otros problemas que se deben enfrentar, dijo, es la sobrerregulación, la falta de infraestructura y la escasez de financiamiento.

Su compañera de bancada, diputada Amira Gricelda Gómez Tueme cuestionó cómo se elevará la competitividad y productividad de México. Hizo votos por procesar a la brevedad esta iniciativa y externó que la aportación oportuna del sector empresarial es fundamental para tener una economía estable y sólida.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN) consideró que el turismo es un sector preponderante en la economía, al cual no se le ha dado importancia; por ello, se manifestó por incrementar los recursos en este rubro para que sea más competitivo y productivo. Planteó aumentar la capacitación e hizo votos por regresar a la figura de Repecos, pues desde su eliminación se ha fomentado la informalidad.

Enrique Solana Sentíes, presidente de Concanaco, expresó que esta confederación tiene registradas más de 700 mil empresas, de las cuales el 97 por ciento son micro y pequeñas; por ello, planteó incluir un proceso de formación y capacitación empresarial, y destacó que la iniciativa del Ejecutivo atiende la petición del sector para implementar políticas públicas de apoyo a la competitividad y a todos los sectores.

Propuso incrementar los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem); revisar el marco administrativo, normativo y fiscal en la región y franja fronteriza del norte el país, con el objeto de impulsar la productividad y competitividad de las empresas; aumentar los niveles de apoyo financiero; impulsar una verdadera reconversión industrial, así como instituir un plan de combate a la informalidad, piratería, ilegalidad, ambulantaje y contrabando.

Luis Miguel Pando Leyva, director general del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que México necesita una política de fomento económico sustentada en una agenda nacional, articulada y consensuada para apuntalar el desarrollo económico del país y relanzar la competitividad. Se congratuló con que la iniciativa del Ejecutivo esté en sintonía con el objetivo de articular acuerdos, pues con esta propuesta el gobierno mexicano adquiere por mandato una función más relevante en la planeación y promoción del desarrollo.

Mencionó que una verdadera política económica es aquella que “baja a las regiones y las hacen suyas los estados y municipios”; tiene objetivos claros para darle operatividad; robustece los esquemas de interlocución; no sólo se limita a la industria manufacturera; reduce las brechas de productividad entre el sector interno y externo, y apoya a las micro y pequeñas empresas.

El presidente de la Comisión Nacional para la Competitividad, Desregulación y Transparencia de la Coparmex, Juan de Dios Barba Nava, señaló que existen bondades en esta iniciativa de ley, ya que es un adecuado marco de referencia para establecer los objetivos que estimulará, impulsará, coadyuvará y fomentará la competitividad; sin embargo, consideró necesario traducirlo en acciones concretas.

Destacó la importancia de incorporar sanciones ante la falta de observancia de las recomendaciones emitidas por el Comité Nacional de Productividad, “de tal manera que haya un elemento de presión para que el funcionario público que no esté convencido del tema lo tenga que hacer, porque si no será sancionado”. Asimismo, se deben armonizar las disposiciones legales, tener un nivel de financiamiento adecuado y tasas de crédito moderadas, así como una política de verificación y de clausuras de los establecimientos.

Raúl Rodríguez Márquez, vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de Canacintra, indicó que esta ley y su correcta implementación tendrá que ser un gran detonador y no quedar en letra muerta. Mencionó que esta iniciativa retoma más del 80 por ciento de sus propuestas, aunque opinó que las reglas de operación deben ser más dinámicas.

Refirió que el Programa Especial de Competitividad y Productividad tiene que ser un factor de inclusión social y una palanca de desarrollo en las regiones, con metas, indicadores y sanciones. “Los programas para fomentar la productividad deben ser vinculantes e instrumentarse a través de las dependencias federales que serán las encomendadas”.

El presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Raúl Gutiérrez Murguerza, subrayó que esta ley abona en el camino correcto, pero contiene aspectos que deben analizarse como el que el Comité Nacional de Productividad solamente emitirá recomendaciones, ya que se corre el riesgo de que el mecanismo de participación diseñado para involucrar a todos los sectores pierda eficacia, si sus recomendaciones no son atendidas de manera adecuada.

Resaltó que un desafío intrínseco para una ley como la propuesta es lograr la trasformación de las instituciones, es decir, conducir a una nueva etapa en la cual la coordinación del trabajo de los sectores productivos, el gobierno y la investigación es fundamental para garantizar la innovación y progreso tecnológico mediante políticas de crecimiento e industrialización orientadas tanto al mercado interno como externo. Para ello, dijo, se requiere un modelo de competitividad y productividad sistemática.

-- ooOoo --