• Miles de desaparecidos y asesinados, herencia de la inseguridad: diputados

15-10-2014.- Diputados de la Comisión de Derechos Humanos presentarán un punto de acuerdo con el propósito de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deposite a la brevedad los recursos que requiere el Fondo de Reparación de Daños para operar.

Se comprometieron a gestionar más dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), “frente a la herencia de decenas de miles de desaparecidos y asesinados que ha provocado la inseguridad en México”.

Afirmaron que en la tarea de reforzar la atención y apoyo a víctimas de delitos de alto impacto y respeto a los derechos humanos, “no hay partidos políticos ni colores ideológicos”.

Durante una reunión de trabajo de la instancia legislativa, presidida por la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), con Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAV, los legisladores manifestaron, por otra parte, “su preocupación por que servidores públicos continúen agrediendo sexualmente a mujeres”.

Asimismo, por el incremento de feminicidios; porque algunos estados no armonizan su marco jurídico con la Ley General de Víctimas, para frenar la violencia y atender a los afectados; por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y por los hechos violentos registrados en Tlatlaya, Estado de México.

El diputado José Luis Muñoz Soria (PRD) aseguró que el Estado mexicano no ha logrado diseñar políticas que permeen en todas las instancias públicas, para garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

Pidió estar atentos a las agresiones de elementos de las fuerzas armadas. Destacó que la agresión sexual a una mujer, perpetrada por marinos, es “el golpe que más desánimo causa en la sociedad”. Cuestionó, a partir de un caso referido por Rochín del Rincón, que instancias del Estado responsables de buscar justicia y reparación del daño, pretendan concretarlo con la entrega de dinero.

El legislador aseveró que “hay temas como los derechos humanos que no permiten que sean los colores partidarios los que definan las decisiones”. Propuso que la comisión presente un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que la SHCP deposite los recursos para reparar los daños a víctimas.

La diputada Cárdenas Cantú destacó la importancia de respetar, promover y proteger los derechos humanos, por lo que deben fortalecerse canales que posibiliten conjuntar esfuerzos que los garanticen para la transformación de México.

Al participar, la diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem señaló que preocupa más cuando la violación sexual a mujeres las realizan servidores públicos. Además, cuestionó el papel de la CEAV ante la violencia hacia grupos indígenas como los Yaqui en Sonora, así como otros en Chiapas y Guerrero.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada (PRI) afirmó que Michoacán enfrenta todavía una situación “complicada y difícil”, porque más de seis mil familias no acceden al derecho básico de alimentación; además, porque en el municipio de Zamora se suspendieron las actividades mineras, con el argumento de que eran fuente de financiamiento del crimen organizado, por lo cual el desempleo se disparó.

Apuntó que se incrementan los robos con violencia y los asesinatos, por lo que solicitó a sus homólogos “no escatimar esfuerzos para fortalecer el presupuesto de la CEAV y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se acerquen a ese estado”.

Por su parte, el diputado del PAN, Juan Jesús Aquino Calvo, también se comprometió a impulsar un mayor presupuesto para atender como debe ser a las víctimas de la inseguridad, “más allá del color partidista”.

La diputada priista Esther Garza Moreno estimó necesario difundir en qué consiste la Alerta de Género, ya que “por ignorancia muchos gobernadores tienen miedo de establecerla porque la consideran como un castigo, cuando es un apoyo para su estado”. Resaltó que en el apoyo a víctimas “no hay partidos ni colores”.

Atender a las víctimas, la deuda más grande del Estado mexicano

Al dar respuesta a las preguntas de los diputados de la comisión, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, sostuvo que la deuda más grande que tiene el Estado mexicano es con las víctimas de violación a los derechos humanos, porque “no se ha llegado a darles satisfacción” y, por el contrario, aumentan los casos.

Por ello, dijo, se requieren más recursos para atenderlas con oportunidad. Señaló las restricciones materiales y financieras que enfrenta la Comisión Ejecutiva; adolece, incluso, de suficientes abogados de oficio para apoyar a las víctimas y carece de representación en estados con problemas de violencia.

Reconoció que “sí hay muchas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas; es una realidad”, enfatizó.

Indicó que en el caso de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene disposición de contribuir a que se esclarezcan los hechos y reparar los daños. Igualmente, refirió que la CEAV tiene 23 casos de víctimas migrantes cometidos por elementos de la Marina.

Respecto a los normalistas de Ayotzinapa, dijo que mañana entregará a la comisión especial del caso la propuesta del plan de acción para atender a las víctimas, y la remitirá también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para que tenga conocimiento de las actividades que realiza la CEAV.

Resaltó la necesidad de evitar la revictimización de los afectados y destacó la petición de los familiares de que no cese la búsqueda de los estudiantes.

Por otra parte, precisó que el Programa Integral a Víctimas tiene un apartado específico de feminicidios, delito que sigue creciendo y que “no se puede ocultar”. Sugirió la conveniencia de establecer la Alerta de Género en varios estados, a fin de contribuir a reducir la violencia contra las mujeres.

“Los problemas no deben esconderse sino abrirse y atenderse”, aseveró, y se comprometió a trabajar más estrechamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para cambiar el concepto de la Alerta de Género.

Al respecto, la comisionada Susana Pedroza de la Llave subrayó que los casos que más atiende la Comisión Ejecutiva se relacionan con violencia familiar, donde la mujer es la principal afectada. Sugirió incorporar la atención a la violencia obstétrica, ya que muchas madres mueren durante el parto.

Rochín del Rincón señaló que faltan muchos estados por armonizar los marcos jurídicos estatales con la Ley General de Víctimas; en este caso se encuentran el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Solicitó a los diputados impulsar acciones para que esas entidades homologuen sus leyes y cumplan con la obligación de atender a las víctimas de la inseguridad.

Informó que la CEAV procesa un registro único de desaparecidos y víctimas del delito, para lo cual ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República sus estadísticas, a fin de definir una solo metodología que arroje datos confiables; argumentó que la disparidad en esos números se debe a la diferencia de métodos que se utilizan.

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