• Pide saber del trámite de juicio político que solicitó para el ahora ex gobernador

25-10-2014 La licencia presentada por el ahora ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, derivada por los hechos que originaron la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, y en cuyos sucesos también resultaron 6 muertos y 25 lesionados, “no lo exime de ser sujeto de juicio político por parte del Congreso de la Unión”, declaró el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El secretario de la Comisión de Gobernación destacó que en paralelo a las protestas sociales y de familiares que se han presentado en México y a nivel mundial por la exigencia de que aparezcan vivos los 43 jóvenes normalistas, la renuncia de Aguirre Rivero “en modo alguno lo excluye de ser sancionado por sus omisiones ante la situación que trastocó el orden público en Guerrero, y en particular en el municipio de Iguala”.

Adundo: “en Iguala y en Guerrero se tuvo conocimiento directo de hechos criminales que no fueron en su origen debidamente investigados ni sancionados por la autoridad local o federal, por lo que se presentaron omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de buen despacho, por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, lo que no es cosa menor sino un hecho muy grave e inédito en la gobernabilidad del país”.

Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la desaparición de 43 estudiantes, así como los muertos y heridos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, “comprueban precisamente esa violación sistemática a las garantías individuales de los ciudadanos”, a la cual, agregó, debe añadirse el asesinato de 3 integrantes de la Unión Popular, ocurrido antes de los hechos de Iguala, pero que “se vinculan directamente con el mismo escenario y actores criminales de Iguala”.

Reiteró que la inacción de diversas ámbitos gubernamentales locales y federales, crearon el marco que dio paso al hoy denominado “Caso Iguala” en donde, según el juicio político promovido ante la Cámara de Diputados, se denunció el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, Feliz Rafael Balderas Román y Ángel Román y sus familiares.

Así también, continuó el legislador, la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes, de acuerdo con las investigaciones, fueron detenidos y retenidos por policías municipales de Iguala que los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, relacionados con el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda”.

Lo anterior, dijo Manuel Huerta, “justifica plenamente promover juicio político contra Ángel Aguirre Rivero”, quien admitió al momento de pedir licencia como gobernador de Guerrero que los antecedentes de estos hechos ya habían sido compartidos oficialmente, en el seno de la colaboración institucional con las fuerzas federales’.

Recordó que “en este juicio se incluye a los titulares de PGR y Segob, en particular porque cada uno de ellos tiene en su ámbito de facultades y atribuciones la obligación de haber dado cauce legal, incluso por exhortos que hizo la Comisión Permanente, ante los graves señalamientos en contra del ex edil prófugo de Iguala y su esposa, a quienes se atribuye oficialmente la responsabilidad de los hechos que concluyeron con la desaparición de 43 jóvenes estudiantes”.

Por supuesto, concluyó, “he fundado y argumentado debidamente el juicio político interpuesto en contra de los servidores públicos mencionados, por lo que he solicitado ayer viernes se informe del estado que guarda el trámite al escrito inicial de fecha 20 de octubre, así como la ratificación y ampliación, el pasado día 22 ante la Secretaría General de la Cámara”.

-- ooOoo --