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Boletín N°. 4488 Con la Ley de protección a menores, México da cumplimiento a los Tratados internacionales: Adriana Fuentes Téllez
  • El gobierno y el Congreso llevan a cabo reformas para hacer efectivas sus obligaciones, destaca

 

 

  • Afirma que las reformas a Derechos Humanos son las más importantes en la historia

 

 

  • Se trata de erradicar la explotación, en cualquiera de sus formas, de niños y adolescentes

 

26-10-2014 En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella.

 

Asimismo, ratificó los dos protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, señaló Adriana Fuentes, legisladora de Chihuahua.

 

“México ha firmado Convenios internacionales, entre cuyos objetivos destaca la completa erradicación en el mundo, y en particular en América Latina para el 2020, de las mafias que explotan en cualquier forma a los niños”, apuntó Fuentes Téllez al explicar el porqué de todas estas reformas que ahora vemos en el Congreso.

 

Ahí están, además, las reformas en materia de Derechos Humanos, que son las más importantes en la historia del país, y con lo que se homologan las Leyes de la Nación a los convenios que el Estado mexicano ha signado en la materia.

 

Muy pocos mexicanos saben que con las reformas aprobadas por el Congreso, hoy al Estado mexicano se le puede encauzar por la desaparición forzada de personas, entre otras causas, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez.

 

Entrevistada en la Cámara de Diputados, tras la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que con esta iniciativa que el Ejecutivo envío como “preferente” al Congreso de la Unión, se da cumplimiento a un compromiso de gobierno y a la Convención referida.

 

Adriana Fuentes indicó que el Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.

 

Con esta reforma, dijo la legisladora, el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez, el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños.

 

Explicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objeto garantizarles la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar sus derechos.

 

Esto, afirmó, propició la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República. Actualmente, de las 32 entidades federativas, 27 cuentan con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la adolescencia, y en el resto están en proceso.

 

Fuentes Téllez destacó que la reforma al artículo 18 Constitucional, transforma el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sientan las bases para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal acorde con la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

 

“La reforma obligó a la Federación, a los estados y al Distrito Federal a establecer, en el ámbito de sus competencias, este nuevo sistema y a crear instituciones, tribunales y autoridades especializados para su aplicación. Hay que diferenciar que no es lo mismo juzgar a un adolescente que a un adulto y, por tanto, los procesos deben ser distintos”, dijo.

 

Adriana Fuentes destacó que Dentro del orden jurídico nacional existen también otras leyes que resultan esenciales para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre las que se encuentran la legislación civil y penal; y las leyes General de Salud; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Desarrollo Social.

 

“Las reformas en materias de Derechos Humanos que han sido aprobadas por el Congreso en México, son históricas, incluidas esta Ley que protege de la manera más amplia y general a los niños y adolescentes, que un día tendrán en sus manos los destinos de la Nación”, afirmó la diputada por el Distrito Uno, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

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