29-10-2014.-Diputados, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las Naciones Unidas, de sindicatos mexicanos, investigadores del sector privado y la Secretaría de Trabajo del Distrito Federal consideraron prioritario que la iniciativa en materia de productividad y competitividad enviada por el Ejecutivo federal el pasado 30 de septiembre, genere empleos bien remunerados y mejore la vida de los trabajadores.

Durante la reunión de las comisiones unidas de Competitividad y de Economía, el representante de la OIT en México, Thomas Wissing, indicó que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación debe basar la productividad en la sostenibilidad social.

Es decir, explicó, que el fortalecimiento del mercado de trabajo que impulsa la iniciativa se vea reflejado en empleos “decentes”, para que los trabajadores cuenten con salarios adecuados y con seguridad social.

Propuso que la formación de competencias y el desarrollo del capital humano deben ser parte de la propuesta legislativa, luego de asegurar que la innovación es el valor social en las empresas ya que generan nuevos proyectos, además de fortalecer los comités de productividad de las empresas.

El representante de la OIT señaló que el fortalecimiento del mercado de trabajo debe garantizar la sostenibilidad de la productividad en términos de medio ambiente, cuya rehabilitación tiene un costo del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Patricia Mercado, afirmó que el crecimiento de la productividad debe sustentarse en el “trabajo decente” en el cual los empleados reciban capacitación continua y salario remunerador.

Consideró necesario establecer criterios centrales y claros para aumentar los salarios mínimos. Destacó que el crecimiento de la economía ha sido insuficiente para generar empleos formales bien remunerados y terminar con los niveles de pobreza.

En su oportunidad, el diputado Fernando Salgado Delgado (PRI), secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte de la República Mexicana, señaló que la política industrial tiene que fortalecer al país, es decir, que los trabajadores tengan ingreso para que los mexicanos consuman lo que produce la nación.

Consideró que el tema fundamental es cómo elevar los salarios, los cuales, dijo, no son una mercancía pero son lo único que ha mantenido un subsidio a la producción, durante más de 25 años.

“Creemos que con base en el precepto de democratizar la productividad, se debe tratar el tema de salarios como una estrategia nacional, es el centro del debate”, afirmó.

El representante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Rafael Marino Roche apuntó que la política industrial requiere de los mejores esfuerzos de todos los sectores económicos y cadenas productivas para la creación de más y mejores empleos.

Deben ser “trabajos decentes y con prestaciones, con derechos que establece la ley, que otorguen incentivos y apoyos”, dijo el representante del gremio de los telefonistas.

En su oportunidad, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada Pascal, destacó que para incrementar la productividad se requiere inversión, por lo que aseguró que cuando se habla de productividad se debe hablar de inversión, la cual debe ser parte de un proyecto de política industrial o fomento.

“Por eso es importante una política industrial, entendida como efecto en todas las actividades productivas del país, en el campo, en los servicios; para lograr una política industrial que sí genere empleos se necesita la inversión, el capital”, subrayó.

Concretar una política de fomento a la industria requiere acciones fiscales que incrementen la demanda y el consumo, así como la distribución del ingreso, y promuevan e incentiven la inversión, y no la castiguen como la política actual, señaló.

“Una política industrial fuerte necesita proyectos de infraestructura que aporte movilidad del país, y un marco regulatorio con reglas de juego claras que estimulen la producción”, destacó.

Luis Foncerrada indicó que no puede haber un diseño de política inteligente sin un diálogo continuo con los trabajadores y empresarios. “No puede haber una buena política industrial sin un buen plan de desarrollo regional. Si no es integral, habrá pedacitos de acciones incongruentes”, dijo.

El director adjunto de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Juan Carlos Moreno Brid, aseguró que algunos pendientes en la iniciativa son cómo fortalecer el mercado interno y atender la desigualdad en la agenda de desarrollo.

Otros temas por considerar, abundó el representante del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son la inversión pública, financiamiento y fortaleza fiscal. “Hay una omisión, la manufactura, la cual no pinta en el proyecto de ley”, destacó.

Moreno Brid consideró urgente cambiar la estructura productiva, por lo que indicó que la política industrial debe potenciar el mercado y corregir sus fallas e insuficiencias.

Sin embargo, destacó logros de la iniciativa como establecer acciones a largo plazo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con criterios de desempeño y metas medibles. Además, reconocer la necesidad de un cambio estructural y proponer una política industrial con énfasis en el valor agregado y no en el valor bruto.

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