• Existe una crisis humanitaria por aumento de menores migrantes no acompañados, coinciden diputados

• En ocho meses, patrulla fronteriza de EU detuvo a más de 52 mil menores; 11 mil 577 eran mexicanos y el resto centroamericanos

02-09-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a convocar una cumbre con sus homólogos de Estados Unidos, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, a fin de elaborar una Declaración conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de las niñas y niños migrantes no acompañados.

El punto de acuerdo, considerado de urgente y obvia resolución, también pide a la SRE promover, junto con estos países, la elaboración de políticas comunes para que en un marco de corresponsabilidad y de apoyo financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida y se reviertan la violencia y la inseguridad existentes que provocan la expulsión de niñas y niños de sus lugares de origen.

Asimismo, a impulsar mecanismos e instrumentos que permitan abordar la problemática desde un punto de vista humanitario, a efecto de evitar el despliegue de personas u organizaciones armadas que atenten contra la vida de los infantes y personas que cruzan la frontera norte, particularmente del personal militar y de la Guardia Nacional de Estados Unidos.

En su intervención, la proponente del punto de acuerdo, diputada María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), destacó que, según el Colegio de la Frontera Norte (Colef), fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 46 mil 188 menores que llegaron a ese país sin sus padres y, en los últimos ocho meses, la cifra superó los 52 mil 193 infantes, de acuerdo con datos de ese país.

Resaltó que, de acuerdo al Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 11 mil 577 son mexicanos; 13 mil 282 son hondureños; 11 mil 479 guatemaltecos y nueve mil 850 provienen de El Salvador.

Añadió que el total de menores centroamericanos detenidos en 2014, equivale al 45 por ciento de las deportaciones de menores hechas en los últimos cinco años; tan sólo en el 2009 se reportaron 3 mil 304 detenidos.

Mientras, en 2010 se detuvo a 4 mil 444 menores; en 2011 a 3 mil 933; para 2012, la cifra aumentó a más del doble respecto al año anterior, con 10 mil 146 deportaciones, y para el 2013 hubo 20 mil 805 menores aprehendidos.

La situación de los migrantes menores de edad no acompañados, dijo, pone de manifiesto la necesidad de establecer un instrumento internacional propio en la materia que reconozca de manera específica la problemática en cuestión y permita establecer responsabilidades compartidas entre los Estados, a efecto de salvaguardar de manera integral sus derechos humanos.

“Esta crisis social, subrayó, debe ser resuelta por los gobiernos involucrados de manera integral, compartida y corresponsable, en donde cada uno realice esfuerzos, mediante la orientación de recursos y el establecimiento de políticas públicas, para combatir de manera eficiente y eficaz la problemática que azota a este sector de la población, en esta delicada situación de vulnerabilidad�, manifestó.

En su intervención, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, destacó que en los primeros cinco meses del 2014 las autoridades estadounidenses deportaron a México cerca de 6 mil 330 niños, principalmente centroamericanos, y 10 mil 505 menores migrantes no acompañados fueron interceptados por el Instituto Nacional de Migración.

“Esta crisis tiene que ser tratada de manera humanitaria, anteponiendo el interés superior del niño. No podemos permitir que se vea a estos infantes como invasores y se les trate y persiga como si fueran criminales�, demandó.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) indicó que este tema no es reciente, es de hace más de 20 años, “pero ahorita como ha causado una crisis humanitaria se quieren acordar�. Consideró que no se tiene a nivel interno, ni con Estados Unidos ni con Centroamérica, una preocupación real por firmar sendos acuerdos o tratados internacionales referentes al trato que deben recibir los migrantes, no importa que sea legales o ilegales.

Si bien se manifestó a favor del punto de acuerdo, lamentó y consideró insuficientes esas reuniones parlamentarias o conferencias que se vayan a dar “mientras no se inserte un instrumento internacional donde acepten los estados obligaciones y compromisos relativos a esta materia�.

La diputada Lorena Méndez Denis (MC) mencionó que el problema se acentúa en Centroamérica, ya que tan sólo en los primeros cinco meses de este año, las autoridades de Estados Unidos han deportado a nuestro país cerca de 6 mil 330 niños de esa zona. Lamentablemente, continúo, se estima que este fenómeno aumentará en los próximos años debido a la dinámica poblacional, a la desigualdad económica, a los conflictos de violencia, a los estados fallidos, a la escasez de recursos y a los desastres naturales.

Por ello, se pronunció a favor del punto de acuerdo al considerar que la elaboración de una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de los niños migrantes es urgente; sin embargo, indicó que este tipo de exhortos se traducen en acciones insuficientes ante un problema que vulnera a la sociedad y no basta solamente con una declaratoria, sino que se implemente una política de manera eficaz.

A nombre del PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar llamó a reconocer que la violencia e inseguridad tanto en México como en la mayor parte de Centroamérica han propiciado el desplazamiento de niños. Una cuarta parte de los 47 mil infantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, entre octubre de 2013 y mayo del presente año, son mexicanos, dijo.

Sostuvo que los Estados deben presentar medidas alternativas en su legislación y elaborar políticas públicas que garanticen la protección integral de los menores desplazados. “Los problemas regionales sólo podrán resolverse por medio de la cooperación internacional, el diálogo y la diplomacia�, afirmó.

Por el PRD, la diputada Amalia García Medina aseveró que atender a los menores migrantes no acompañados es un asunto de “seguridad humana, no de seguridad nacional�, porque antes de ser migrantes son infantes que deben tener garantizado su interés superior.

Urgió a enfrentar ese éxodo desde sus causas como la pobreza, falta de empleos, inversión productiva, educación y violencia, así como la venta y tráfico de armas, factores que se han recrudecido en los últimos cuatro años. Destacó que la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal para proteger a infantes y adolescentes incluye este tema.

En su participación, el diputado Raúl Gómez Ramírez (PAN) destacó que el flujo de niños migrantes no acompañados que viajan desde Sudamérica hacia Estados Unidos se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco años debido a la situación de inseguridad y violencia que se vive en sus países de origen, así como los deseos de reunificación con sus familias radicadas en el vecino país del norte.

Además, destacó que los menores migrantes no acompañados se enfrentan a riesgos como la explotación sexual y laboral, criminalización por parte de autoridades migratorias y secuestro por parte de organizaciones delictivas.

La situación, afirmó, requiere de atención puntual a través del reconocimiento de responsabilidades y redoblar esfuerzos para atender las causas fundamentalmente de la salida de los niños y niñas de su país de origen. La migración, concluyó, requiere un esfuerzo integral con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos más allá de las fronteras.

Leticia Calderón Ramírez, diputada del grupo parlamentario del PRI, subrayó que el flujo migratorio de niños hacía los Estados Unidos de Norteamérica se incrementa. Advirtió que la problemática no es responsabilidad exclusiva y única de los países de origen sino también de los países de tránsito y destino. El fenómeno migratorio, dijo, debe atenderse de manera urgente e integral. “El sueño americano pasa por territorio mexicano�, comentó.

Es imperante una visión humanitaria para garantizar la vida y seguridad de menores de edad que buscan mejores condiciones de vida y oportunidades, no importa su lugar de origen o causas de su migración; lo relevante, concluyó, es que son generaciones nuevas con derecho a habitar el mundo en condiciones de oportunidades y crecimiento.

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