09-09-2014.- Durante la sesión de hoy, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y Nueva Alianza expresaron sus comentarios en materia de Política Social, como parte del Análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Legisladores del PRI y PVEM consideraron que la política social no sólo es atención asistencial, sino un instrumento para que las personas logren su autonomía, incrementen su productividad y se integren a la economía del mercado, y se adopten medidas orientadas a erradicar la discriminación y exclusión.

En tanto, diputados del PAN, PRD, MC y PT indicaron que la Cruzada contra el Hambre no cuenta con la claridad conceptual que le permita armonizar objetivos, componentes y actividades; no hay progresividad y las acciones están basadas en la inequidad, invisibilidad y exclusión. Asimismo, México es un país desigual, la calidad de vida de los ciudadanos muestra un decremento mayor y los programas no cuentan con la coordinación adecuada.

Mientras que, para Nueva Alianza, se requiere un sistema de gobierno que brinde las condiciones necesarias para un desarrollo justo que fomente una mejor calidad de vida y ataque la miseria y la exclusión.

Al hacer uso de la palabra, el diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI) explicó que la política social de nueva generación no se concibe como la mera atención asistencial de la pobreza, sino como un instrumento de política pública por medio de la cual las personas en rezago social logren su autonomía, incrementen su productividad y sean integrados a la economía del mercado. “Eso es lo que nos presenta el Ejecutivo federal en su segundo Informe de gobierno”, afirmó.

Enfatizó que la política social de nueva generación contribuye a la mejora del ingreso y atención plena de las carencias que enfrenta la población en pobreza. “Esa es precisamente la fórmula que plantea el gobierno de la República, una visión que concibe a las personas como sujetos de derecho y no como meros receptores de apoyos monetarios”.

Mencionó que la rehabilitación de más de 2 mil 600 planteles escolares, la incorporación de poco más de 6 millones y medio de mexicanos a los servicios de salud; la construcción y modernización de 394 unidades hospitalarias y más de 2 mil unidades de salud, “enmarcan el camino de una política social dirigida en forma determinante a reducir los rezagos sociales en nuestra nación”.

Por el PAN, el diputado Xavier Azuara Zúñiga comentó que la Cruzada contra el Hambre no cuenta con la claridad conceptual que le permita armonizar objetivos, componentes y actividades. “Sin reglas de operación y a los ojos de la realidad se vislumbra como un gigante con pies de barro. Así no se combate a la pobreza, así solamente se generan clientelas electorales”.

Destacó que el Ejecutivo asegura tener una administración pública federal con perspectiva de género transversal. Sin embargo, existen “reclamos por el desinterés de este gobierno en temas como el feminicidio, la violencia de género que a diario mata a siete mexicanas, y acciones afirmativas para promover el acceso a empleo remunerado con las mismas condiciones que los varones”.

El legislador consideró que “ahora que la política social regresa a la discrecionalidad y opacidad. Ahora que vemos cómo maquillan y cambian de nombre programas premiados a nivel internacional, como Oportunidades, para parecer que se mueven. Ahora es a un tiempo de corregir el rumbo”. Aclaró que se debe vincular la política económica a la social. “Vemos un informe de spots y de proyectos a futuro, pero no vemos un informe de resultados”.

Por el PRD, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena señaló que en la política social del gobierno de la República no hay progresividad y la “posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia la más completa realización de los derechos es inviable en este proyecto”.

Subrayó que la estrategia y las acciones del gobierno Federal “están basadas en la inequidad, en la invisibilidad y en la exclusión”. Consideró que es una ironía que en la política social y económica de la comunidad indígena en México, ésta sea el grupo discriminado, con el mayor número de programas específicamente dirigidos, pero los mayores niveles de desigualdad de trato.

Consideró que es necesaria una nueva generación de política de desarrollo social, “no sólo de la política social”. Enfatizó que estamos ante “un Estado fallido porque le ha fallado a su gente y a las personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Las y los pobres siguen siendo más”.

En su participación, la diputada María del Rosario Pariente Gavito (PVEM) subrayó que la política social no solo se trata de los servicios sociales que presta el Estado, sino también la adopción de medidas orientadas a erradicar la discriminación y exclusión.

Afirmó que gracias a las reformas aprobadas, México cuenta con más y mejores herramientas para acelerar el crecimiento del PIB y así generar empleos para combatir efectivamente el desempleo y la falta de oportunidades.

Subrayó que el Gobierno Federal ha mantenido una visión social y ha colocado a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, y muestra de ello, dijo, son los programas emprendidos, tales como: Cruzada Nacional Contra el Hambre, Oportunidades –ahora Prospera- y Crezcamos Juntos.

La diputada María Fernanda Romero Lozano (MC) destacó que actualmente México es un país desigual y la calidad de vida de los ciudadanos muestra un decremento mayor. Destacó que sobresalen problemáticas como: falta de alimentación, negativa de acceso a la salud y rezago educativo, las cuales, afirmó, derivan en desempleo crítico y delincuencia.

Mencionó que encuestas realizadas por la OCDE arrojaron que la tasa de empleo en México es de 60.9%, cifra muy por debajo frente a otros países miembros de la organización. En cifras del INEGI, indicó, 49.5 millones de mexicanos tienen empleo, donde el 18.5 no cuenta con el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas y 6.5 millones de trabajadores tienen el equivalente a un salario mínimo.

Por ello, aseguró que es necesario un debate serio para modificar las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos que les permitan salir de la marginación y que los programas de apoyo por ningún motivo tengan una bandera política.

El diputado José Arturo López Candido (PT) expuso el gobierno federal debe entender que la economía social es la solución a los graves desequilibrios financieros que presenta el país; por ello, sostuvo que se debe impulsar la industria productiva, en especial a las sociedades cooperativas, ya que éstas permiten el desarrollo comunitario y fomenta la recomposición social.

Puntualizó que durante el primer año y medio de la actual administración, el crecimiento económico del país promedió 1.23 por ciento, a consecuencia de un alza de 1.07 del Producto Interno Bruto en 2013, y de 1.72 en los primeros seis meses de 2014. Estas cifras registradas no sólo se encuentran por debajo del potencial del crecimiento y la falta de acceso al financiamiento limitan la facilidad para hacer negocios y, en consecuencia, cada vez más sectores sociales quedan desprotegidos de las políticas públicas.

Agregó que se debe dejar atrás el discurso fallido y la ausencia de resultados, pues esta estrategia de política social sólo ha apaleado a la pobreza, pues los programas que el Gobierno Federal implementa no cuentan con la coordinación adecuada. Enfatizó que sólo se tendrán resultados en la materia, si se fortalece el mercado interno, se dotan mejores salarios, aumenta el nivel adquisitivo y se garantiza la educación en todos sus niveles.

La legisladora Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) sostuvo que la sociedad requiere un sistema de gobierno que brinde las condiciones necesarias para un desarrollo justo que fomente una mejor calidad de vida y que a su vez se ataque las consecuencias de la miseria y la exclusión, pues aún existen un alto porcentaje de pobreza y marginación en el país.

Indicó que para garantizar el derecho social, y con ello mejorar la situación de salud, educativa, vivienda, científicos y tecnológicos y servicios básicos, se requiere que el ejercicio de los recursos cumpla cabalmente con la administración pública, se diseñen políticas públicas que definan prioridades y se posea una responsabilidad compartida para todos los sectores sociales y productivos.

Señaló que la erradicación de la pobreza será resultado de una compleja aplicación de acciones y estrategias, las cuales se están implementando; sin embargo, dijo, es necesario realizar las modificaciones y ajustes que la realidad requiere y con ello estar en condiciones de valorar si las decisiones que se han tomado han sido las correctas.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 horas, en la que comparecerá el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

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