• PRI, PVEM y NA reconocen diálogo y destacan nueva era en el ámbito de seguridad

• PAN, PRD, MC y PT mencionan omisiones en estrategia de seguridad, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos

11-09-2014.- En el análisis de la Política Interior del Segundo Informe de Gobierno, diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza reconocieron a la actual administración por favorecer el diálogo y privilegiar en todo momento la negociación sobre la imposición y la intolerancia.

Destacaron que hoy México transita hacia una nueva era en el ámbito de seguridad, ya que se han implementado acciones tendentes a proporcionar una mayor tranquilidad a la población.

A su vez, los legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT expresaron que el informe es omiso en temas como la estrategia de seguridad pública, transparencia y rendición de cuentas y defensa de los derechos humanos.

Resaltaron que la política interna está en crisis, pues en el gobierno reposicionó una vez más a la Presidencia de la República como eje del sistema político, de una manera “anacrónica y autoritaria” que no corresponde con la demanda de espacios de participación y equilibrio entre poderes.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) resaltó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la acción de la Secretaría de Gobernación, impulsó una transformación fundamentada en la inteligencia, haciendo para ello el uso adecuado y legítimo de la fuerza, y de los resultados hablan “las cifras, los datos y las mediciones objetivas que se han presentado”.

Consideró que a lo largo del último año se ha reducido la comisión de delitos como el homicidio doloso, los robos de vehículos, a casa-habitación y a transeúntes. Además, se destinaron más de 2 mil 595 millones de pesos a aquellas demarcaciones donde se encuentra y se concentra el 59 por ciento de la incidencia delictiva del fuero común; el Mando Único Policial ya registra avances y la Policía Federal ha logrado desarticular a 83 bandas dedicadas al secuestro.

“Vamos por el camino correcto, gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto y su informe han empeñado, a lo largo de estos dos últimos años, el prestigio y el capital político en aras de transformar radicalmente al país, pero a partir del diálogo y el respeto, privilegiando en todo momento la negociación por sobre la imposición y la intolerancia”, añadió.

Los resultados están a la vista, dijo, pues se ha construido un nuevo edificio legal que responde a las necesidades del pueblo de México, y ahora el reto es hacer que las reformas demuestren a los mexicanos que la política puede servir para mejorar la condición de vida de todos.

Por Acción Nacional, el legislador José Arturo Salinas Garza precisó que en el informe hay temas omisos como la estrategia de seguridad pública y la transparencia y rendición de cuentas. “Es necesario que todos tengamos claridad sobre las funciones de la Gendarmería Nacional y evitar que se repita lo que sucedió con la Dirección Federal de Seguridad Pública, en donde esta policía sólo brindaba servicios de espionaje contra diputados de oposición y contribuía a las violaciones de los derechos humanos”.

Se requiere, resaltó, tomar medidas urgentes que combatan el incremento de los índices delictivos y, sobre todo, “dejar de lado el discurso e implementar estrategias y acciones que le den tranquilidad a todos los mexicanos. La mejor estrategia de seguridad, relató, es la generación de empleos, la prevención y el crecimiento económico”.

Manifestó que esta administración le ha dado nula importancia al tema de los derechos humanos, pues no existe una política de Estado que garantice el cumplimiento efectivo de las garantías individuales. “A lo largo del país diariamente vemos torturas, ejecuciones, desapariciones, agresiones a periodistas y a defensores de los derechos humanos”, enfatizó.

Salinas Garza puntualizó que a esta administración no le interesa el tema de transparencia y combate a la corrupción. “La política interna está en crisis. La aparición de violencia en muchas regiones del país es sólo, una vez más, el aspecto que guarda el Estado mexicano, el cual no ha pasado del discurso a las acciones. No queremos un gobierno de telenovela, queremos que mueva a México”.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (PRD) expresó que el informe deja claro que el culto a la personalidad del Presidente ha revivido, pues “tanto el mensaje presidencial como el documento adolecen de autocrítica de la gestión gubernamental y, por el contrario, se enmarcan en una narrativa triunfalista, envuelta en un gran despliegue mediático y propagandístico, que está muy lejos de la rendición de cuentas”.

Se manifestó por impedir que todo el contratismo que se dará de las reformas energética y de telecomunicaciones, se convierta en una fuente inconmensurable de corrupción. “Debemos velar por la austeridad y eficacia en el gasto público y, sobre todo, procurar el carácter social del presupuesto, garantizando los mínimos de bienestar social en educación, salud y cultura”.

En materia de seguridad pública y procuración de justicia, aseguró que Michoacán y Tamaulipas son ejemplo claro de que la estrategia implementada por el gobierno federal sigue careciendo de resultados y acciones contundentes que ayuden al restablecimiento de la paz social y el Estado de derecho, y llamó a implementar alternativas que ayuden a la solución de la crisis humanitaria de las niñas y niños migrantes no acompañados.

“La preocupación por tener una sociedad más justa y equitativa es la mayor aspiración del progresismo y la izquierda que representamos; continuaremos exigiendo al gobierno soluciones claras y reales a los problemas de México, al tiempo que seguiremos evidenciando y denunciando las deficiencias y falacias de esta administración”, aseguró.

A su vez, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) señaló que no es suficiente un sexenio para impulsar una política pública de Estado y recordó que la lucha por combatir la desigualdad en el terreno social, económico y político de las mujeres no es nuevo, pero es la primera vez que se establecen las bases para que, desde todos los ámbitos, se realicen los cambios que requiera esta nueva política de igualdad que impulsan el presidente de la República y su gabinete.

Es la primera vez en la historia moderna, dijo, en que se logra establecer un nuevo marco constitucional, que se espera sea la base y el motor de las futuras transformaciones. Además, expuso que poner en la mesa de debate y plantear cambios jurídicos en temas que se consideraban tabúes, como la educación, el combate a los monopolios, la reforma energética, entre otros, “colocan al país en la mira internacional, como una nación con expectativa de desarrollo”.

Mencionó que fue un avance poner en el centro de la ejecución de las políticas públicas la perspectiva de igualdad de género, ya que es la primera vez que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece, como compromiso de Estado, la estrategia transversal con perspectiva de género. “Es la primera vez que el combate a la desigualdad es una política pública transversal desde la perspectiva formal y sustancial”.

Zavaleta Salgado afirmó que el cambio de política social tiene mucho que decir sobre la importancia de combatir la desigualdad de las mujeres en el terreno social y económico. “No es cierto que no se había combatido la pobreza con los programas en estos dos últimos años, pero sí es cierto que esa política clientelar ya no debe seguir, y el programa Prospera es un cambio radical de una política asistencial que no era benéfica para el país”.

Francisco Alfonso Durazo Montaño, diputado de Movimiento Ciudadano, sostuvo que un tema fundamental en materia de política interior es el de seguridad pública. “Es aquí precisamente donde este gobierno ha buscado equiparar el silencio comprado de los medios de comunicación con la solución del problema”.

Las muertes, la espeluznante violencia, la extorsión, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, los capos que entran y salen de la cárcel, la ebullición de las autodefensas en cada vez más territorios, “sigue ahí como el incómodo testigo de que la diferencia entre la guerra calderonista y la paz del presidente Peña Nieto es sólo retórica”.

Mencionó que es evidente el deterioro del ambiente político y la debilidad interior del país está en la forma obsoleta de entender la política. “En este gobierno se ha reposicionado una vez más a la Presidencia de la República como eje del sistema político de una manera anacrónica y autoritaria que no corresponde con la demanda por espacios de participación y equilibrio entre poderes”.

Alfonso Durazo opinó que en lo que va de esta Legislatura, el Congreso no ha sido ni contrapeso ni representante de las diferentes visiones del país, mucho menos el espacio deliberativo que está llamado a ser; “por el contrario, la voz de los legisladores no ha sido sino el eco de la del Ejecutivo. Ése es el saldo de un gobierno de apariencias mediáticas y con resultados tan limitados que se acercan peligrosamente a la nulidad”.

Del PT, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) destacó que en este informe se “encubre la ineficiencia de las políticas públicas en materia de política interior y seguridad nacional. La vaguedad y simpleza de datos obliga a que esta cámara exija la comparecencia ante el Pleno del secretario de Gobernación para una rendición de cuentas clara y transparente y de frente a la nación”.

Puntualizó que no existen resultados de medición y evaluación de la actividad pública en el ámbito de gobernabilidad que permitan conocer los alcances reales de un gobierno eficiente y efectivo, y cuestionó cómo se podría analizar y evaluar la gestión de la secretaría responsable de la política interior del país.

Manuel Huerta calificó como bizarra la integración del Instituto Nacional Electoral y afirmó que la reforma de telecomunicaciones es un acto de gatopardismo, puesto que en la práctica se quedan intocados los intereses de las empresas monopólicas de información.

Respecto a la seguridad y justicia, preguntó cómo afirmar la disminución de delitos cuando el diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, afirma que no existen registros confiables de la comisión de delitos por la descoordinación real que existe entre los tres niveles de gobierno.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) reconoció la preponderancia del diálogo respetuoso y el uso de la política para construir acuerdos y, prueba de ello, dijo, son las 11 reformas sustantivas que sientan las bases para un nuevo México, como la político electoral que constituye un avance en el sistema democrático del país, así como la de transparencia.

Precisó que hoy México transita hacia una nueva era en el ámbito de seguridad, pues “es innegable que desde el Estado se han implementado acciones tendientes a proporcionar una mayor tranquilidad y seguridad en la población”, ya que de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, los homicidios dolosos disminuyeron un 27.8 por ciento respecto al 2012.

González Roldán sostuvo que para lograr una seguridad pública plena se requiere una estrategia que privilegie la prevención social del delito bajo un esquema integral que atienda de fondo las causas de la inseguridad, así como generar y restablecer las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia que deben tener como su más alta prioridad combatir la impunidad, las prácticas corruptas y garantizar el Estado de derecho.

México, expuso, sufre importantes déficit en la defensa y protección de los derechos humanos. Las violaciones de las garantías, a la integridad y a las libertades personales, así como la discriminación, son motivo de preocupación, por lo que es necesario implementar acciones decisivas para asegurar avances reales a nivel nacional en la materia. “El trabajo coordinado entre los Poderes de la Unión y la sociedad, servirá para que el país afronte los retos de alcanzar el bienestar social”, dijo.

-- ooOoo --