18-09-2014.- La Cámara de Diputados aprobó reformas con el objetivo de que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deban observar las dependencias y entidades para promover la participación de las sociedades cooperativas y las organizaciones que conforman el sector social de la economía, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Las modificaciones al artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobadas con 339 votos, precisan que para la expedición de las reglas, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión del Instituto Nacional de la Economía Social.

Asimismo, establecen que las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que el gobierno es el comprador más importante de México, ya que para cumplir con todas sus actividades, desde los distintos niveles, requiere la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Menciona que según datos de Compranet, en 2013 los montos totales por adquisiciones rebasaron los 42 mil 472 millones de pesos; para arrendamientos, 764 millones de pesos; obra pública, 17 mil 218 millones de pesos; servicios, 63 mil 192 millones de pesos, y para servicios relacionados con obra, mil 202 millones de pesos.

Subraya que, actualmente, alrededor de 21 por ciento de los montos de gastos erogados por el gobierno tienen como proveedor relacionado a alguna Micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme); de este porcentaje, no se desglosa cuántas pertenecen al sector social de la economía; sin embargo, aclara, se puede deducir que dado que no existe ningún incentivo para crear programas de apoyos a este sector, el porcentaje debe ser muy bajo o prácticamente nulo.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rodimiro Barrera Estrada (PRI), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que la reforma pretende fomentar la participación del sector social de la economía, a fin fortalecer los organismos con enfoque social y de esta manera logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.

En este contexto, dijo, se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan a trabajadores y, en general, de todas la formas de organización social, para la distribución y consumo de bienes y servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Con lo anterior, indicó, se cumple con lo dispuesto por la Carta Magna en su artículo 25, pues corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable para que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En su turno, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) se pronunció a favor de la reforma porque promueve la participación de las sociedades cooperativas; sin embargo, aclaró que no se tendrá el menor impacto si no hay “políticas que ataquen los dos principales problemas que enfrentan las sociedades cooperativas en México: las restricciones que enfrentan para obtener financiamiento y la ausencia de una política de Estado que promueva su desarrollo”.

“Mientras en nuestra nación se sigan privilegiando las compras efectuadas a grandes consorcios y a extranjeros, continuaremos siendo el lugar 18 de los 20 países de América Latina en el crecimiento del PIB real per cápita”, afirmó.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) destacó que la reforma busca promover a las cooperativas y demás formas de organización social; es un paso positivo hacia su incorporación como proveedoras del sector público, consideró.

Enfatizó que este dictamen contribuye a generar una política de desarrollo y crecimiento, y pidió apoyo para tener la economía fortalecida y que el sector social pueda ser una política pública a nivel de todo el país.

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