• Tres millones de siete millones de mexicanos más pobres ya comen mejor y programas sociales les permiten ser productivos, señala durante comparecencia en comisiones

• Se creó un parteaguas que cambia el asistencialismo por la producción y participación: PRI

• La política social de nueva generación de Sedesol es más mediática que real: PAN

• PRD dice que autoridades ejecutan ayudas con fines electorales a favor de su partido

19-09-2014.- Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y Nueva Alianza, fijaron sus posicionamientos en la materia, como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno.

Ante las comisiones unidas de Desarrollo Social, de Igualdad de Género, de Asuntos Indígenas, y de Derechos de la Niñez, los diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza señalaron que la política social de nueva generación busca hacer efectivos los derechos sociales de las personas y que la transformación del Programa Oportunidades a Prospera conlleva la introducción de una salida productiva, no solamente es un cambio de nombre sino de estrategias.

En tanto, diputados del PAN, PRD, MC y PT consideraron que el combate a la desigualdad es una asignatura pendiente; que para disminuir la pobreza el gobierno requiere ser austero y carente de corrupción y que es necesario considerar un blindaje electoral a los programas sociales.

En su intervención inicial, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, señaló que la política social no se había modificado sustancialmente en las últimas décadas, por lo que se requería un replanteamiento, porque a pesar de los cuantiosos recursos destinados la pobreza, ésta se mantiene igual.

Por ello, en este rediseño de la nueva estrategia, se formuló un principio básico y fundamental: “la política social y la económica tienen que caminar juntas, no pueden ir separadas”.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI) señaló que la política social de nueva generación busca hacer efectivos los derechos de las personas. “Ahora se crea un parteaguas que cambia el asistencialismo por la producción y participación”, precisó.

Resaltó que la pobreza, la desigualdad y la discriminación son obstáculos en la construcción de un México incluyente, “es por eso que la política de desarrollo social de la presente administración ha involucrado a los tres órdenes de gobierno en la implementación para abatir y no sólo para contener los rezagos sociales”.

El legislador reconoció que el Programa de Oportunidades ha tenido un impacto profundo en el combate de la pobreza del país, pero en 13 años no ha logrado modificar la línea de la pobreza, por ello se creó el Programa Prospera, el cual es un cambio cultural que conlleva a la introducción de la salida productiva.

Por el PAN, la diputada Martha Leticia Sosa Govea indicó que la política social de nueva generación “no ha sido más que una serie de medidas más mediáticas que reales. La transformación de Oportunidades a Prospera y la Cruzada Nacional Contra el Hambre parecen ser simples cambios cosméticos que aglutinan programas sociales ya existentes y sólo de manera parcial significan un auténtico cambio conceptual”.

Aclaró que no está en desacuerdo con el objetivo de fortalecer o, incluso, redireccionar los apoyos de los programas sociales o combatir el hambre y la discriminación con nuevas estrategias, “pero lo mostrado hasta ahora en la política social genera más preocupaciones que resultados concretos”.

Consideró que se debe vincular efectivamente la política económica con la social, “pues no hay peor política social que un crecimiento mediocre en donde no se generan empleos bien remunerados y oportunidades de desarrollo. Por ello, mientras no se corrija de fondo la estrategia económica, no hay política social que pueda ser exitosa”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) subrayó que no hay cambios sustantivos en la política de desarrollo social porque “la matriz intelectual que le ha dado origen es la misma y no se pueden esperar resultados diferentes; se siguen repitiendo los ejes fundamentales que se encuentran ampliamente limitados y que corresponden a un pensamiento neoliberal que tiene un retraso intelectual de por lo menos 20 años”.

Expresó su preocupación porque la política social presenta abismales diferencias en la cual se discrimina, margina y castiga a la pobreza y no existe un freno a las autoridades que ejecutan los programas sociales con fines electorales a favor de su partido, por lo que se debe considerar un blindaje electoral.

Enfatizó que el combate a la desigualdad es una asignatura pendiente, y la falta de creación de empleos, la reducción de la seguridad social, los bajos niveles de remuneración y la inestabilidad laboral, limitan las posibilidades inclusión. Consideró que la solución de fondo al hambre y a la pobreza se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, salud y educación, pero, sobre todo, en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo

En su turno, el diputado Nabor Ochoa López (PVEM) dijo que la proporción de pobres es la misma, de acuerdo a cifras oficiales, suman 53.3 millones y de estos más de 8 millones en pobreza extrema. Sin embargo, consideró que sí hay avances porque con la Cruzada Nacional contra el Hambre a la fecha se han beneficiado a tres millones de personas con apoyo de alimentación directa.

Se necesitaba modificar los programas ya que, señaló, “desde Solidaridad para acá los programas sociales no han logrado reducir la pobreza en México. ¿Cómo queremos cambiar esta situación si seguimos haciendo lo mismo que no nos ha dado resultado?”

De ahí, continuó, la importancia del cambio a un programa como Oportunidades, que será de gran apoyo para las familias en materia de educación, alimentación y salud. Sin duda, continúo, se requería no sólo modificar el nombre, sino las estrategias de una nueva política social. “Nos falta mucho por hacer, pero tenemos confianza de que vamos por el camino correcto”, añadió.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Fernanda Romero Lozano, destacó que la corrupción en México cuesta 35 mil millones de dólares al año, mientras que según el centro de estudios del sector privado estimó un monto que asciende al 9 por ciento del PIB. Ante esto, dijo, para combatir realmente la pobreza el gobierno requiere ser austero y carente de corrupción.

Informó que tan sólo la pobreza urbana pasó de 35.6 millones a 36.6 millones de mexicanos e incrementó el porcentaje de la población con menor línea de bienestar. En contraste, “se entregan vales de despensa a cambio de su credencial de elector vigente para pasar a formar parte del voto duro del partido en el poder; entonces, ¿en dónde está la intención real de mejorar la calidad de vida de los mexicanos?”

Agregó que una de las principales debilidades de la política social es la imposibilidad de los gobernantes en garantizar una cobertura eficaz para la población con mayores condiciones de pobreza, por lo que “se deben rediseñar los principios y normatividades de los programas asistencialistas que no están vinculados a la productividad, no generan capacidades, ni formación o desarrollo a largo plazo para sus beneficiarios”.

El diputado por el PT, José Arturo López Candido, manifestó que México mantiene una elevada desigualdad en la distribución de ingresos, ya que el 20.4 por ciento de los mexicanos viven con menos del 50 por ciento de los ingresos de la media nacional, mientras que la pobreza se concentra en la población adulta, pues el 29 por cierto de los mayores de 76 años, es pobre.

Mientras que, continuó, la diferencia entre el ingreso del 10 por ciento de las familias más ricas y el 10 por ciento de los hogares más pobres es de 28.5 veces, según reportes de la OCDE.

Durante estos dos primeros años del gobierno federal, apuntó, no se han logrado los avances propuestos, ya que en acciones contempladas para atender la pobreza extrema y alimentaria se ha ejecutado un 75 por ciento, que no es suficiente, mientras que las acciones para atender la pobreza patrimonial alcanza el 50 por ciento. Esto indica que los programas no tienen capacidad para resolver los derechos básicos de la población.

En su intervención, la diputada Cristina Olvera Barrios (NA) declaró que el país se encuentra frente a grandes retos y definiciones, por lo que las políticas que se implementen en el combate a la pobreza solo tendrán efectos permanentes si se sustentan y acompañan con acciones que permitan la capacidad productiva de todos aquellos que la padecen.

El centro de la política social, señaló, es devolver a las personas la autosuficiencia y la dignidad para integrarse activamente en los procesos productivos y de desarrollo de nuestro país. “Estamos convencidos que las reformas estructurales son las bases necesarias para propiciar un desarrollo económico que será el sustento para la aplicación efectiva de las políticas y acciones de desarrollo social en el combate a la pobreza y no para hacer mal uso de los recursos”.

“Estaremos atentos y pendientes de la aplicación de estas reformas tengan los resultados para lo que fueron diseñadas y cumplan con las expectativas de la sociedad”, concluyó.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, explicó que la política social atiende la dinámica de la pobreza en México, la cual no se ha modificado sustancialmente en las últimas décadas, por lo que requería un replanteamiento y una reflexión que permitiera entender por qué, a pesar de los cuantiosos recursos destinados, la pobreza se mantiene igual.

Por ello, dijo, en este rediseño de una nueva política, se formuló un principio básico y fundamental, “la política social y la económica tienen que caminar juntas, no pueden ir separadas”. Se planteó, asimismo, una política social que atienda los fenómenos de la pobreza y de la desigualdad poniendo en el centro la dignidad de las personas, su autonomía y su capacidad de decidir por sí mismas y de construir su propia historia de éxito.

Detalló que en esta nueva política se ha planteado generar un piso mínimo de bienestar y de progreso partiendo de los derechos sociales. Asimismo, combatir la pobreza urbana, ya que el 60 por ciento de la pobreza en el país se concentra en las ciudades. Incorpora una visión de inclusión social y de transversalidad.

Robles Berlanga señaló que dentro de esta nueva política, se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual se fijó como población objetivo atender a 7.1 millones de mexicanos, quienes son los más pobres, y se tenía que garantizar que pudieran ejercer su derecho a la alimentación. Actualmente, a 21 meses, 3 millones de mexicanos ya comen mejor y tienen acceso a diversos programas alimentarios que les permiten aumentar sus ingresos y producir para su alimentación.

Otra vertiente en la que se ha trabajado, dijo, es en el rediseño del Programa Oportunidades, el cual ha tenido éxitos contundentes, innegables, “pero no es suficiente y no cumplió con el objetivo fundamental que era romper el círculo intergeneracional de la pobreza”.

De ahí, añadió, que se pasará al Programa Prospera, el cual busca que la gente no se quede estancada sino que defina prosperar, construir un futuro y desarrollarse e incluirse de manera productiva en el país. Se ha planeado y se ha fortalecido el programa con su crecimiento, actualmente incorpora a 6.1 millones de familias y se llegará a 6.5 millones al final el sexenio.

Mencionó que el programa de Adultos Mayores ha crecido más 80 por ciento en esta administración y también el programa de seguro de vida para jefas de familia, en el que 4.7 millones de mexicanas forman parte ya de esta estrategia.

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