• Director de Pemex informa que robo de combustibles ocasiona pérdidas por 15 mil 300 mdp en lo que va del 2014

• PRI plantea uso de fuentes alternativas, pues 90 por ciento de la energía que se consume es de origen fósil

• Pérdidas por robos y accidentes en refinerías generan cifras alarmantes: PAN

• PRD sostiene que con contratos gran parte de producción irá al sector privado

19-09-2014.- Al continuar su comparecencia en la Cámara de Diputados, los titulares de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguraron que las tarifas de electricidad y de gas se reducirán en un plazo de dos años, en tanto que los combustibles se incrementarán cada año de acuerdo al índice inflacionario.

“Los gasolinazos mensuales por arriba del crecimiento inflacionario se terminan este año. El año próximo, el crecimiento del precio de las gasolinas va a ser mucho más moderado, sólo se va a incrementar en la misma proporción de la inflación anual. Habrá un precio máximo, un precio tope de gasolina y podrá haber competencia hacia la baja”, subrayó el titular de la Sener ante los cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Energía.

Por su parte, el director general de Pemex informó que el robo clandestino de combustible representa a la empresa pérdidas equivalentes a 15 mil 300 millones de pesos, tan solo en 2014.

Al iniciar las rondas de preguntas, la diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) recordó que la intención de la Reforma Energética es ver a México no sólo como un productor de hidrocarburos, sino de las distintas energías; en ese sentido, cuestionó si se tendrá la capacidad de tener diésel ultra bajo en azufre como lo solicita la Secretaría de Medio Ambiente, quien dispuso que a partir del 2018 el sector de autotransporte tendrá que utilizar dicho combustible para disminuir en 80 por ciento las emisiones de nitrógeno.

Samuel Gurrión Matías, diputado del PRI, preguntó si se ha considerado las expectativas de crecimiento de la economía para los próximos años, que involucran una mayor disponibilidad de energéticos y si se contempla un mejor uso de las energías alternativas, entre ellas la eólica, ya que en México 90 por ciento de la energía consumida es de origen fósil.

En tanto, los diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Rocío Adriana Abreu Artiñano, también del PRI, sostuvieron que la Reforma Energética traerá grandes beneficios para el país, pues permitirá avanzar en la ruta de crecimiento y expresaron su preocupación sobre las tomas clandestinas, pues afecta el presupuesto de Pemex y pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Del PAN, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla pidió conocer qué acciones ha hecho Pemex y el Ejecutivo federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental sobre resarcir los daños medioambientales que se han registrado a consecuencia de las tomas clandestinas.

Mencionó que se tiene detectado un inventario de mil 20 hectáreas contaminadas y 84 presas afectadas con excavaciones de terracería, donde se confinan desechos por la perforación de pozos petroleros; preguntó sí es real esta información y a cuánto ascenderían los recursos económicos que se requerirían para hacer frente a estos daños medioambientales.

Genaro Carreño Muro (PAN) se pronunció por conocer las acciones que se emprenderán ante el número de accidentes e incidentes generados principalmente en las refinerías del país y qué esperan que suceda para cambiar al personal responsable. “Las pérdidas económicas que hoy registra Pemex, junto con los accidentes generados en sus instalaciones, representan cifras alarmantes que, sin duda, impactan de manera directa a la economía familiar”.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD) expresó su preocupación sobre si el gobierno será capaz de poner límites al volumen de extracción y si van a bajar los costos de la luz, del gas y de la gasolina, cuándo será y en qué proporción. “Queremos una fecha precisa y un porcentaje de la reducción”.

También del PRD, Javier Orihuela García insistió en que Pemex se reforme pero sin privatizarlo. Agregó que la verdadera reforma energética es aquella que usa energías renovables; que la extracción creciente de petróleo nos llevará a un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y que “el uso del fracking es irresponsable, porque aún no está reglamentado”.

Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) indicó que en el informe se habla de asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país; sin embargo, dijo, “con los contratos de producción compartida gran parte de la producción irá a parar a manos de los contratistas y estarán en la libertad de mover el producto a donde ellos quieran”.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) planteó sus preocupaciones sobre cómo se desarrollará la nueva revolución energética, para incrementar la producción de gas y petróleo, lograr la reducción del precio de los energéticos, sustentar una nueva competitividad en la industria nacional y generar empleos, y qué se va hacer para que los desastres ambientales, como el de Sonora, no vuelvan a suceder.

Manifestó que ahora que se cuenta con una Reforma Energética de vanguardia, con un modelo mexicano de exploración, explotación y producción de energéticos, y con un mercado en el que habrán de concurrir las empresas productivas del Estado y los particulares. Cuestionó de qué forma se estará garantizando el interés nacional en los contratos y cómo habrá de integrarse el cálculo de las distintas modalidades de contratación, salvaguardando la renta petrolera.

Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) expuso que dado que la industria de gas LP abastece a cerca de 80 millones de mexicanos y de forma eficiente y con seguridad, cuestionó cómo se blindará ante la apertura en 2017 y si habrá un sólo reglamento general para los combustibles o uno específico para cada de ellos.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja se refirió al juicio que Pemex entabló contra Siemens, en Estado Unidos, por el resarcimiento de daños y perjuicios por 500 millones de dólares, causado por actividades de corrupción de esa empresa en prejuicio de Pemex. ¿Quién es el responsable de este error que le costó a Pemex la pérdida del litigio?, planteó.

De igual modo, inquirió sobre la empresa Oceanografía y qué actuaciones se han realizado contra exfuncionarios de Pemex; las medidas qué se están tomando para vigilar a todas las empresas extranjeras que puedan prestar servicios a Pemex o con las cuales pueda asociarse y cómo se verificará que no estén sujetas a corrupción.

Preguntó en dónde quedan los temas de corrupción, lavado de dinero y daños al medio ambiente. “Vemos muy laxos los controles para las empresas extranjeras, porque hay un apetito de que vengan a invertir y a hacer negocios, cuando los únicos que van a ganar son ellos; cuando hay un marco regulatorio frágil”, añadió.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) puntualizó que si en dos años bajaran los precios de los energéticos, “porqué engañar a la gente, mentirle y haberle dicho que iban a bajar los costos de la gasolina, la luz, el gas y la electricidad a corto plazo y ahora se está reconsiderando. En ese sentido, preguntó cómo y en qué monto van a bajar las tarifas.

Expuso que en el informe se dice que se invirtió un 27.7 por ciento más en producción y exploración, pero se están perforando 25 por ciento menos pozos. “No nos queda claro dónde está la eficiencia y la productividad en el gasto de la Secretaría de Energía y de Pemex; más aún, cuando en la Ronda Cero Pemex únicamente solicitó el 21 por ciento de los recursos prospectivos en hidrocarburos o reservas probadas”.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) mencionó que en este informe no se aborda en forma específica la deuda de las empresas estatales Pemex y CFE, como un elemento para ponderar la buena administración de ellas; se omite dar cuenta del estado real en el que se encuentra el sector energético y se pregona que a partir de la reforma constitucional éstas inician una libre competencia en el mercado.

A su vez, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alanza) destacó que dado que en los procesos de producción de energía, el agua será necesaria, preguntó sobre las acciones que se implementarán para garantizar el aprovechamiento racional y sustentable de este recurso.

Manifestó su preocupación respecto de los impactos que tendrá el fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales, y de qué forma se garantizará la protección al medio ambiente, sobre todo al agua, en estos procesos y ante la posible contaminación de los mantos acuíferos.

También, inquirió sobre el destino del endeudamiento que se proyecta en la Ley de Ingresos de la Federación 2015, en donde se señala que Pemex y sus empresas subsidiarias pueden contratar deuda interna por un monto de hasta 110 mil 500 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 6 mil 500 millones de dólares.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell anticipó que existe un programa de inversiones muy importante para la modernización de las refinerías, particularmente para producir diésel bajo en azufre.

El director de Pemex, Emilio Lozoya, amplió que habrá una inversión de 2 mil 800 millones de dólares en plantas de las refinerías de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán, y posteriormente en todas las refinerías que hay en el país.

A partir del 2018 habrá libre importación de hidrocarburos y Petróleos Mexicanos debe tener el mejor producto no sólo en precio, sino también en calidad, por lo que terminar estas plantas de diésel de ultra bajo azufre es de la mayor relevancia para poder ser competitivos en el mercado.

Y lo mismo sucederá con las reconfiguraciones de las tres refinerías que carecen de una planta coquizadora, Tula, Salamanca y Salina Cruz, donde se tendrá que hacer una inversión de 12 mil o 13 mil millones de dólares.

Sobre el pasivo laboral de Pemex, Emilio Lozoya Austin dijo que se mantiene el diálogo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Trabajamos en unión, en beneficio de la empresa, hemos conversado sobre el Sistema de Pensiones y las reformas a partir de las leyes secundarias aprobadas en el Congreso, estamos afinando los números en el Ejecutivo federal”, comentó.

Detalló que el número de trabajadores de Pemex suma un total de 140 mil 122 plazas definitivas; de ellas, 27 mil 257 son de confianza y 112 mil 865 sindicalizadas. En cuanto a los jubilados, dijo, a la fecha, el número asciende a 85 mil 339.

Lozoya Austin abordó el tema del robo de combustibles. Mencionó que en lo que va del año se han identificado y clausurado un total de dos mil 745 tomas clandestinas, de las cuales 321 no eran herméticas, por lo que mismas que causaron derrames significativos.

Señaló que en 2012, se detectaron mil 635 tomas ilícitas mientras que en 2013 fueron 2 mil 612, siendo el poliducto de 16 pulgadas de Salamanca a Guadalajara, los poliductos de 12 de Cadereyta-Reynosa-Matamoros y de 12 de Madero de Cadereyta, los que registran el mayor número de ilícitos.

Al mes de agosto, indicó, el volumen de combustible sustraído ilícitamente a través de las tomas clandestinas ascendió a 7.5 millones de barriles, con un costo equivalente a 15 mil 300 millones de pesos.

“¿Qué estamos haciendo? Hemos implementado una coordinación con autoridades en los tres niveles de gobierno, el SAT, Profeco, Protección Civil, PGR, Policía Federal y las Fuerzas Armadas”.

También, agregó, con diversas autoridades en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, estado de México, Puebla y Veracruz, a fin de emprender acciones interinstitucionales para el abatimiento de la sustracción y del mercado ilícito de combustibles.

“Además se han establecido convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para dar seguridad a las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos”.

Celebró la presentación de una iniciativa por parte de los diputados Héctor García y Marco Antonio Bernal ante la Comisión de Justicia, para reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, para prevenir y penalizar el mercado ilegal de combustibles, por lo que pidió procesarla lo más pronto posible.

Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell señaló la declinación de la producción de crudo es el mayor problema del sector de hidrocarburos. México, dijo, alcanzó el pico de su producción en 2004, cuando llegó a casi 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. A partir del 2005 se inició una declinación que ha sido constante.

El país ha perdido casi un millón de barriles diarios de crudo, a pesar de que se invirtieron 20 mil millones de dólares anuales en materia de exploración y de extracción.

Explicó que una de las principales razones de esa caída es la declinación del campo de Cantarell, que daba poco más del 60 por ciento de la producción nacional. “Esperamos que con el nuevo modelo regulatorio que aporta la reforma energética podamos superar esta declinación de la producción”.

Un detalle que anuncia la declinación es el cambio de era que se está dando en México, el del petróleo fácil, de extracción barata. Cantarell es el mejor ejemplo: ese yacimiento supergigante, del que podíamos extraer petróleo a costos de 6.50 dólares el barril, se está terminando.

Agregó que actualmente, tres cuartas partes de los recursos prospectivos del país están en las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México o en campos no convencionales. “Por eso hicimos la reforma energética, justo para captar el capital y la tecnología que nos permita, por un lado, potenciar a Pemex y, por otro, abrir al sector para que nuevos jugadores vengan a producir más y frenar esa declinación”.

Respecto a la reducción de CO_2, dijo que la CFE tiene un programa importante de instalación de nuevas plantas de ciclo combinado de gas, que permitirá bajar considerablemente los gases de efecto invernadero.

Añadió que para el cierre de 2015, están programadas nuevas plantas que nos darán una capacidad de generación de 2 mil 310 megawatts. De la misma manera, agregó, se trabaja en un amplio Programa de Fomento a las Energías Renovables.

Pedro Joaquín Coldwell rechazó que se vayan a privatizar Pemex o CFE. La reforma energética, aclaró, mandató transformarlas y mejorarlas. Pemex, añadió, tendrá un nuevo régimen fiscal que le reduce de nueve a tres los derechos, le baja en 6.5 por ciento la tasa del impuesto de extracción sobre los hidrocarburos, y en una transición de cinco años podrá disponer de 90 mil millones de pesos para reinvertir en su mejoramiento y modernización.

Aseguró que la renta petrolera se va a incrementar porque el potencial de Pemex en extracción también se multiplicará. Igualmente se espera que la reforma, en un término de tres años, pueda generar alrededor de 500 mil nuevos empleos entre directos e indirectos.

Sobre las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles, el funcionario afirmó que no van a bajar por decreto, sino a partir de medidas racionales de política energética y hacendaria.

Señaló que el 80 por ciento del costo de las tarifas eléctricas es el combustible que se emplea en generar la electricidad. “Estamos usando mucho combustóleo y mucho diésel. La conversión de las plantas de electricidad a gas y la instalación de nuevas plantas nos permitirá reducir las tarifas”.

Creemos, dijo, que esto podrá suceder en los próximos dos años, contados a partir de la promulgación de las leyes secundarias. “Necesitamos ese tiempo para culminar estas obras de reconversión de las plantas y también para terminar la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos, que nos permita llevar el gas natural a otras regiones del país”.

Por otra parte, rechazó que se vaya a utilizar agua dulce para el fracking. “No vamos a permitir que se use un litro de agua dulce de los mantos acuíferos de México. Hay que sacar agua salobre o salada, y en consecuencia también hay que establecer obligaciones de reciclaje de esa agua”, comentó.

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