• El titular de la PGR compareció ante diputados en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno

24-09-2014.- Durante la comparecencia del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y Nueva Alianza, cuestionaron las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado para combatir la delincuencia en el país.

Concentraron sus preguntas en casos como el de Oceanografía, Tlatlaya, la guardería ABC, las denuncias de tortura y la violencia reportada en los estados de Tamaulipas y Michoacán, además de hacer hincapié en la aplicación de los nuevos modelos de impartición de justicia avalados por el Poder Legislativo.

Durante la ronda de preguntas, la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) cuestionó cuáles son las acciones que la PGR ha impulsado y realizado a favor de abatir los crímenes de los que son víctimas las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que transitan por nuestro país. Además, qué se tiene pensado para poder desasociar la información y poder distinguir a aquellas personas víctimas de desaparición forzada o involuntaria.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) señaló que en materia de transparencia, la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo que cuestionó qué acciones realiza para cambiar esta situación. Asimismo, preguntó qué hará para que realmente se investiguen y se atiendan todas las denuncias, sin distinción alguna, para combatir la corrupción.

En tanto, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz (PAN) indicó que de acuerdo con cifras oficiales y estudios de opinión, el fenómeno delincuencial se ha desbordado en los últimos meses y las acciones gubernamentales para combatirlo han sido ineficientes, por lo que consideró que es “un compromiso incumplido por el señor Presidente”.

Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes señaló que el discurso en los últimos meses de que la delincuencia y los homicidios han disminuido gracias a las políticas del gobierno está en entredicho, y “es evidente que existe una falta de coordinación entre la dependencia a su cargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las procuradurías o fiscales locales, ya que el INEGI maneja cifras que no coinciden con la información de este sistema federal”.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) consideró que se debe atacar de fondo las causas que propician la delincuencia, por lo que solicitó información al respecto.

Por el PRD, el diputado Catalino Duarte Ortuño señaló que se tiene que atacar la descomposición social y generar mejores condiciones de vida, cambiar la política y atender el desempleo, ya que muchos jóvenes se van con la delincuencia porque no hay oportunidades. Refirió que es una irresponsabilidad decir que va a esperar los dictamines del caso Tlatlaya, ya que lleva dos meses el asunto en la PGR.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) cuestionó cómo se prepara la PGR para asumir las nuevas competencias que tendría con la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, es decir, “si su coordinación de planeación, desarrollo e innovación interinstitucional ya le reportó algún parámetro de dónde deba fortalecerse más a la institución”.

Su correligionario, Felipe Camarena, preguntó sobre la figura del arraigo. Dijo estar plenamente convencido de que se trata de una violación flagrante a los derechos humanos. Otra figura con la que dijo no estar de acuerdo es la de los testigos colaboradores, la cual debe desaparecer.

Zuleyma Huidobro (MC) cuestionó sobre el rasgo actual en materia de investigación y consignación para la ejecución de acciones penales y por qué no se ha resuelto el caso de la guardería ABC ni se han fincado responsabilidades.

Ricardo Mejía Berdeja, también de Movimiento Ciudadano, señaló que el de Oceanografía se ha convertido en el caso de los nuncas, se está diluyendo y es un ejemplo de impunidad.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) preguntó si habrá castigo a los responsables del ecocidio en Sonora. Sobre Michoacán, cuestionó por qué se “ejerció acción penal en contra del líder de las autodefensas comunitarias, en lugar de los líderes del narcotráfico, y por qué no se ha impuesto el Estado de Derecho”.

El legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, a nombre del PT, señaló que el discurso del Ejecutivo federal no se justifica ante los miles de víctimas de la delincuencia y familiares que precisan atención a sus problemas y respecto a su situación personal. Acusó la gran cantidad de personas desaparecidas, “si antes estábamos mal, ahora estamos peor, lo que nos dice que algo anda mal en el país”, sostuvo.

Loretta Ortiz Alfh (PT) manifestó su preocupación en torno al arraigo, sobre todo, cuando hay tratados internacionales de los que México es parte y que señalan que la medida es violatoria de los derechos humanos.

Lucila Garfias Gutiérrez (NA) habló sobre la importancia de construir un sistema de procuración de justicia pronta y expedita. La reforma que crea la FGR, dijo, ha sido una decisión acertada y se esperan resultados positivos.

Su correligionaria Sonia Rincón Chanona, solicitó al procurador referir las acciones para evitar que, por una mala integración de las averiguaciones previas, los presuntos culpables evadan la acción de la justicia, además de la estrategia para que los indígenas que enfrentan procesos penales sean juzgados con base en sus derechos.

En respuesta a los cuestionamientos, el procurador Jesús Murillo Karam aclaró que el término correcto de los desaparecidos es “no localizados” y en los cuales puede haber desaparición forzada, desaparición y otro tipo de cuestiones. En cuanto a la migración de niños, dijo que el Estado está regulando su ingreso. Afirmó que el planteamiento de México es que los migrantes no son criminales y el no dividir a las familias.

Explicó que la mayor parte de las denuncias que se interponen no constituyen delito, y aseguró: “un buen sistema penal es aquel que castiga al que merece una pena corporal y que se reduce a la situación que los propios códigos señalan cuándo debe darse. Ese es un sistema humanista y ese es el que estamos buscando”.

Enfatizó que el asunto de Oceanografía es entre particulares, y por eso no es grave. “Es un asunto en el que el daño se pagó”. Señaló que si “en un arrebato de dizque justicia, simplemente meto a la cárcel por delitos graves, ahorita tendría impugnaciones, estaría amparado, no hubiéramos podido arrebatar Oceanografía, se hubiera amparado Pemex, 11 mil familias no tendrían trabajo y un millón 200 mil ahorradores tendrían un problema muy serio”.

El titular de la PGR dijo que “por desgracia todavía se tiene una enorme delincuencia en el país; pero si la pregunta es si ha disminuido, la manera más fácil es caminar en el territorio”. En lo que se refiere a las revisiones de la policía, dijo que se prohibió estrictamente que participen en retenes o en ese tipo de cuestiones. “Hemos detenido cerca de 56 que fueron descubiertos en esa circunstancia y los policías ministeriales ya no son policías, son investigadores”.

Informó que ya se atrajo el caso del diputado Gabriel Gómez Michel, ya que es un asunto federal en razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y, además, se trata de un diputado federal. “Y es responsabilidad nuestra aclararlo y ojalá tenga la capacidad la para resolverlo”. En cuanto al asunto de Tlatlaya, precisó que ya se atrajo por la Procuraduría y es asunto bastante complejo en donde la obligación es “encontrar la verdad sea cual sea”.

El funcionario dijo que el propósito es avanzar en la especialización y para ello se deben tener unidades especializadas claras y permanentes. Comentó que el problema central de la PGR radica en que “si hoy se le asigna un personal, Ministerio Público e investigador a una investigación, si aparecen casos más urgentes hay que cambiarlo; entonces, lo que estamos tratando es especializar investigadores y fiscales.

Aseguró que va a llegar a la verdad del caso Tlatlaya y que el asunto tiene menos de dos meses en la Procuraduría. Aclaró que la PGR tiene que hacer sus propios peritajes. “Con suficiente contundencia tendrá que salir la verdad”, enfatizó.

Asimismo, para evitar que los delincuentes evadan la justicia, dijo, la PGR trabaja en la capacitación del personal, los ministerios públicos y en la generación de medios de control más eficaces que se integren con la salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, aseguró que la PGR aplicará correctamente el nuevo modelo de juicios orales en el sistema acusatorio.

En otros asuntos, señalo que para el caso de la guardería ABC “no habrá impunidad”; sin embargo, admitió no contar con fechas concretas para que el asunto quede resuelto.

Destacó que para eliminar los casos de tortura, la instancia a su cargo ha solicitado a los jueces informar de estos ilícitos a la PGR, con lo que se han documentado mil 395 de agosto a 2014, lo que significa que “tenemos más campo de investigación. La única forma de evitarla es castigando a quien la cometa, y la única forma de castigarla es teniendo conocimiento de los casos”.

Murillo Karam dijo estar de acuerdo en que el arraigo es violatorio de los derechos humanos, que se utiliza como una medida precautoria y es el mismo caso de la prisión preventiva que también es contraria a las garantías individuales. Pero cuando la afectación de la presunción de inocencia evita dañar derechos fundamentales como la vida o la libertad, es preferible aplicar el arraigo, dijo.

Informó que mientras en 2011 hubo dos mil 385 arraigos, en 2012, mil 641, en 2013 ya solo hubo 626 y en 2014, 218. En el arraigo hay protección judicial, dijo.

Sobre Oceanografía, comentó que no se puede hacer justicia a ciegas, como en la Edad Media, la indagatoria continúa. Por lo que toca a Michoacán, indicó, que de alguna manera “estaba roto el Estado de Derecho”.

“¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos; no había autoridad. Hoy hay un gobernador que ya medio funciona, y no por culpa de él, sino por las circunstancias que tiene. Hoy hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando. Se habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando, ya se está aplicando el Estado de Derecho. Naturalmente, nos falta. Nunca hemos dicho que ya ganamos”, dijo.

Respecto del caso ABC indicó que no se puede inventar una averiguación, ni culpables. “Me encantaría encontrar culpables, no los puedo inventar, los tengo que encontrar y tampoco es un asunto de agarrar una varita mágica y decirle que me los dé”.

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