• Funcionario informa que el martes 30 de septiembre, el Ejecutivo enviará iniciativa sobre competitividad

26-09-2014.- Al continuar con la comparecencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, diputados lo cuestionaron sobre el crecimiento económico, competitividad, generación de empleos formales, productividad e implementación de las reformas estructurales y sus beneficios para los ciudadanos.

También, sobre los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la problemática de las exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos.

En tanto, el funcionario aseguró que el próximo martes 30 de septiembre, el Presidente de la República remitirá a la Cámara de Diputados su iniciativa en materia de Ley de Competitividad, y argumentó que las recientes reformas en la materia eran necesarias para cambiar problemas estructurales de los últimos 20 años.

El presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruíz (PAN), aseguró que para potencializar el crecimiento del país es necesario trabajar juntos y crear una política económica industrial regional.

Consideró necesario crear un Consejo Consultivo Nacional para la reforma al presupuesto, con el fin de que los recursos atiendan los objetivos trazados por el país y cuenten con transparencia.

En los cuestionamientos, el diputado Eloy Cantú Segovia (PRI) preguntó si el Ejecutivo federal está preparando una iniciativa de ley en materia de competitividad que también incluya el desarrollo industrial, toda vez que “no hemos tenido una política por sector y región”.

Cuestionó en qué estado de avance se encuentra el caso del azúcar entre México y los Estados Unidos, ya que las exportaciones hacia el país vecino del norte están recibiendo un trato injusto, que no corresponde con el espíritu y letra del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Salvador Romero Valencia, diputado priista, aplaudió y celebró que se impulse la reconversión de la agroindustria de la caña para que, además de azúcar, se produzca etanol y electricidad. “México cuenta con una de las plataformas exportadoras más importantes del mundo, misma que requiere una defensa sólida y eficaz de sus intereses. Tenemos plena confianza de que en sus manos el sector exportador del país tendrá la mejor defensa”.

El legislador Noé Hernández González (PRI) indicó que las leyes secundarias de la reforma energética garantizarán que las empresas mexicanas sean una verdadera palanca de desarrollo para el país, por lo que solicitó establecer programas y esquemas que detonen a las cadenas productivas, incentiven la transferencia de tecnología y democraticen el cambio científico de la planta productiva del país.

Por Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Uribe Padilla mencionó que no se ha hecho nada para mejorar con la economía; prueba de ello, es que los cambios económicos que ha tenido el país en el último año muestran que las condiciones empeoran en seis variables: inflación, inversión, competitividad, valor agregado de las exportaciones, bienestar y deuda pública, mientras que la generación de empleos formales, crecimiento, productividad y fomento a las exportaciones, se mantienen sin cambios significativos.

La diputada panista Esther Quintana Salinas cuestionó “si mover a México es caer ocho lugares en el índice de competitividad, crecer al 1.4 por ciento en promedio, no generar los empleos que se prometieron y no encontrar alternativas para darles financiamiento a las Mipymes”.

Su compañera de bancada, diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares inquirió por qué no existe una financiera exclusiva para las Mipymes, ya que este sector realmente requiere del financiamiento y “Nafín no es para las Mipymes, sino para las grandes empresas”. Pidió apoyo para el ramo de la masa y la tortilla.

María Celia Urciel Castañeda (PAN) preguntó qué avance tiene la Profeco respecto a las nuevas atribuciones que se le dieron con las reformas en Telecomunicaciones y Competencia Económica, así como cuántas denuncias se han presentado por abusos a los consumidores derivado de prácticas monopólicas y cuántas sanciones se han aplicado.

A su vez, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD) expresó que las reformas estructurales no se han materializado en beneficio alguno para los mexicanos; en ese sentido, pidió conocer qué medidas se tomarán para que impacten positivamente en la economía familiar de cada uno de los mexicanos y no sólo en algunos sectores o en los extranjeros.

Indicó que “es evidente que las críticas acerca de la economía nacional las resuelven con promesas de bienestar a corto plazo y el bolsillo de los mexicanos cada vez está más vacío. Me intriga saber cuál será la excusa para justificar la ineficiencia de la administración pública cuando el futuro nos alcance, ya que este primer tercio del sexenio han obtenido todas las reformas que han querido, y será hasta el 2018 cuando empezaría la consolidación del crecimiento”.

Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) preguntó cuál será la estrategia de la dependencia para convertir a los favorecidos del Programa Prospera en beneficiarios del Fondo Nacional del Emprendedor y del Instituto Nacional de la Economía Social, “si nos referimos a personas que se encuentran por debajo de la línea del bienestar social y sin capacidades para responder a todos los requerimientos de las reglas de operación con las que operan los programas a su cargo”.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena (PVEM) inquirió cuáles son las medidas regulatorias que está impulsando el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), para promover la creación de más micro, pequeñas y medianas empresas en el país, y planteó avanzar en la simplificación de los trámites del instituto.

Sostuvo que un buen ambiente de negocios es fundamental, no solo para la economía, sino para un desarrollo correcto del país. Por ello, agregó, la regulación y los trámites no pueden ser un obstáculo al camino de un emprendedor.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Víctor Manuel Jorrín Lozano cuestionó sobre cuántas Mipymes exportan y qué acciones se realizan para que las pequeñas y medianas empresas se vean favorecidas con los tratados internacionales. Externó su preocupación para generar mayores fuentes de empleos y capacitación a los jóvenes.

También pidió saber cómo se da sustentabilidad al mercado de alimentos nacional y los subsidios al campo, pues en este momento “las acciones son insuficientes, ya que se requiere de asesoría y capacitación de campesinos que les permita conocer las alternativas que permita su desarrollo”, así como conocer la opinión de la dependencia federal sobre la inclusión de la materia de Emprendedores desde la educación básica.

A su vez, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) interrogó sobre cuándo fue la última inspección que se realizó a la minera Buenavista del Cobre; qué fue lo que encontraron; quién fue el ingeniero encargado, y cómo la Secretaría de Economía no se dio cuenta de que no se cumplían las medidas de seguridad con el control del sulfato de cobre.

Adolfo Orive Bellinger (PT), presidente de la Comisión de Competitividad, subrayó que las reformas estructurales no generarán crecimiento económico, pues se requiere de una reforma que abarque a toda la economía y no sólo a determinados sectores. Cuestionó sobre las medidas que se deben tomar para estimular el mercado interno, el equilibrio de los consumidores frente a los productores y las cadenas de valor de exportación.

María Sanjuana Cerda Franco, diputada de Nueva Alianza, expresó que las causas del retroceso del país en materia de competitividad son el deterioro de la percepción de la funcionalidad de las instituciones públicas, la calidad del sistema educativo, las deficiencias en el mercado laboral y la baja absorción de las tecnologías de la información, por lo que, agregó, es necesario conocer de qué manera las Pymes han contribuido a fortalecer las estrategias de competitividad y el diseño de la reforma industrial.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) consultó qué acciones específicas o programas está impulsando para cumplir con las metas en ciencia y tecnología, ya que México está muy rezagado en la materia, e indicó su preocupación de falta de inversión en el sector.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, el secretario de Economía recordó que en marzo la industria azucarera norteamericana inició un procedimiento, acusando a las empresas mexicanas de estar subsidiando la actividad, y después de dumping.

“Pero dentro de las malas noticias, la buena es que la exportación de 2014 ya había salido y, por tanto, “no hay una afectación económica a la capacidad de exportación de este año, pues ya se habían enviado casi 2 millones de toneladas al mercado norteamericano”.

La negociación, agregó, consiste en la posibilidad de suspender tanto la demanda dumping como la de subsidios para llegar a un acuerdo de acceso al mercado que beneficie a la industria mexicana, sin quitarle el privilegio del programa de azúcar norteamericano. “En eso estamos. Sin embargo, los instrumentos de defensa están puestos en la mesa para protegernos”.

Ildefonso Guajardo Villarreal destacó que gracias al sector exportador mexicano se ha podido reactivar y derivar beneficios al mercado interno. Agregó que cuando se usa el instrumento de apertura comercial, se tiene que ser cuidadoso y no dañar a los productores nacionales de los sectores estratégicos. “Es un equilibrio fino que lo jugamos todos los días, porque por un lado tenemos a los consumidores y, por el otro, a los productores”.

Indicó que hoy, por primera vez en la historia económica de México, el uso efectivo de políticas contracíclicas ha permitido atender las quejas de una economía lenta y poder aumentar transitoriamente el déficit, pero con toda factibilidad poder pagarlo en función de los mismos esquemas que se han aprobado en los ingresos públicos.

Sostuvo que las reformas estructurales tendrán diferente tiempo de maduración y momento de impacto, y “muchas de ellas, ya impactan de forma directa” a los mercados. “Desde la Ley de Competencia que da un nuevo paradigma en el funcionamiento de la integración de los grupos con poderes especiales, y aquellas que tiene que ver con los costos de los servicios, como la de Telecomunicaciones, en largas distancias”.

Resaltó que se tiene el compromiso de destinar anualmente más de mil millones de pesos anuales para introducir tecnologías de la información y, con ello, capacitar a micro y pequeños negocios en el sector de servicios y de comercio, a fin de combatir la informalidad y el subempleo.

Indicó que el 12 de agosto se realizó en conjunto con las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) una inspección en la minera Buenavista del Cobre, y aclaró que quienes establecen los elementos para el cierre temporal son la Profepa y Cofepris, y “esta secretaría solo acata las determinaciones”.

En el caso de la informalidad, indicó que la tarea es establecer un mecanismo que permitirá crear un paquete de incentivos que ayude a transitar a la formalidad. Comentó que el programa “Crezcamos Juntos” de la Secretaría de Hacienda, busca beneficiar a 125 mil microempresas que hagan el trance hacia la formalidad.

Sobre el salario mínimo, sostuvo que debe pasar por dos procesos: la desvinculación a los mecanismos de indexación que la economía utiliza y flexibilizar su uso como indicador exclusivo.

El titular de la Secretaría de Economía destacó que recientemente se aprobó un Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que busca encauzar incentivos hacia el lado de gastos y no de impuestos. Además, se estableció un fondo con participación de más de mil millones de pesos en conjunto con capital privado, y con ello financiar a 26 planes para potencializar 260 proyectos innovadores.

Dijo que uno de los cambios fundamentales de Prospera es atender, con los demás programas intergubernamentales de manera coordinada, lo que los jóvenes necesitan para integrarse a la vida productiva del país. La obligación que se tiene es alinear el 30 por ciento de los recursos a atender a las 6 millones de familias integrantes de este plan, sobre todo a sus jóvenes que terminan graduados de preparatoria para darles alternativas.

En materia de financiamiento, comentó que el problema que se tenía es que no se les exigía a los bancos que hubieran nuevos usuarios de crédito y, entonces, les prestaban a los mismos y no se les exigía orientación; eso se cambió con Nacional Financiera, para garantizar que el crédito llegue y no se vaya solamente a factoraje, con el que se sustituye la falta de capacidad -a veces- de autoridades estatales de para pagar a tiempo a sus Pymes.

Respecto a la masa y la tortilla, dijo que se trabaja en el tema. “Lo que realmente va a impactar a este ramo son los mejoramientos en los precios de energía y gas, porque el 25 por ciento del costo de un kilogramo de tortilla, es energía”.

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