30-09-2014.-

• Comparecen ante Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales titulares de esta secretaría federal y Profepa
• PRI, PVEM y NA instan a combatir cambio climático
• PRD, PAN, PT y MC urgen a resolver desastre ambiental en ríos Bacanuchi y Sonora

Los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Juan José Guerra Abud y Guillermo Haro Bélchez, respectivamente, comparecieron ante diputados federales para dar cuenta de los trabajos realizados por estos organismos en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

En el encuentro, las fracciones parlamentarias hicieron hincapié en el daño ambiental recientemente ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora. Sus comentarios se dividieron entre el énfasis en las acciones realizadas por ambas instancias y la falta de contundencia para aclarar el hecho y castigar a los responsables.

Asimismo, expresaron su preocupación por factores que implicarán retos para el medio ambiente como el cambio climático y el cuidado a la biodiversidad nacional, además del impacto a las zonas donde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y las concesiones para explotación de recursos en diversas áreas del país, por lo que solicitaron a los funcionarios referir las acciones a tomar en torno a estos y otros desafíos.

En su intervención inicial, Juan José Guerra Abud afirmó que el crecimiento y desarrollo sustentable de México debe orientarse a la participación de agentes económicos y del sector público. La meta, dijo, es que el país crezca económicamente para garantizar generación de empleo, valor agregado y combate a la pobreza, pero de manera responsable con el medio ambiente.

Agregó que la Semarnat respalda proyectos productivos que cumplen con las reglas ambientales en el país, “compromiso que se está logrando y que con el apoyo del Congreso de la Unión, será más eficiente”.

Precisó que México participa activamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con la promoción del uso de gas natural en vehículos y de programas piloto en ciudades de Nuevo León y Jalisco para emplear este combustible.

“Esperamos que para 2018 puedan circular en el país cerca de 50 mil vehículos que se muevan con gas natural”, dijo, y agregó que gracias al presupuesto del Anexo 30 se cuenta con 47 proyectos para sustituir 41 mil luminarias en 23 entidades, con una inversión de más de 423 millones de pesos, para que se adquieran nuevos sistemas de luz que ahorren dinero y también reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero.

Comentó que una prioridad del gobierno federal es el manejo de las 115 mil toneladas de basura que se generan en el país, de las cuales sólo el 11 por ciento se recicla, de acuerdo al Inegi.

La inversión federal para el manejo de residuos fue de 988 millones de pesos para 2013 y de 781 mdp en este año, con los cuales, en ambos años, se respaldaron 79 proyectos de relleno sanitarios, 36 de clausura y saneamiento, 58 para el manejo de residuos, y 288 para la adquisición de equipo y 53 estudios para el manejo de desperdicios.

Por otra parte, destacó que en 2014 se recibieron 700 solicitudes de impacto ambiental, de las cuales se autorizaron 484 que generarán –estimó- 35 mil empleos e inversiones superiores a los 4.7 billones de pesos.

Al iniciar los posicionamientos, la diputada Concepción Navarrete Vital (PRI) indicó que diversas entidades se han visto afectadas por problemas medioambientales, como el reciente derrame de desechos tóxicos de los ríos Sonora y Bacanuchi, que dañaron a miles de personas de la zona; sin embargo, dijo, ya se han podido controlar.

Destacó que entre las acciones que Semarnat y Profepa realizan es la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos, el combate al cambio climático y la modernización de instrumentos de gestión ambiental.

Dichos organismos, subrayó, han cumplido sus obligaciones con visión de futuro, mejorando el bienestar de la población en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 y 2018 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En tanto, el presidente de la Comisión de Cambio Climático, diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz (PAN), expresó que el Informe Presidencial evidencia una falta de visión preventiva al no presentar avances en la identificación de zonas de riesgo y evitar desastres de origen hidrometeorológico; ejemplo de ello, continuó, es la contaminación de los ríos de Sonora y Bacanichi, el derrame petrolero en el río San Juan en Cadereyta, Nuevo León, y los recientes derrames de aceite y gas en Arroyo Hondo, en Veracruz.

Son notables, asimismo, los subejercicios de más de 3 mil 570 millones de pesos que se presentaron en el 2013, ya que de acuerdo a informes de la SHCP el año se aprobaron para programas de la Semarnat un monto por 44 mil 417 mdp, lo que representa el 80 por ciento del presupuesto en el ramo; y al final conservó un ejercicio de 40 mil 847 mdp, lo que demuestra subejercicios equivalentes al 8 por ciento del presupuesto inicial.

Para el 2014, agregó, hubo un incremento respecto al año anterior del 13 por ciento, es decir, más de 7 mil 868 mdp. El gasto de inversión aumentó en un 16 por ciento y el gasto corriente en 6.7 por ciento. En tanto, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se reduce en 1.9 por ciento, pero presenta un aumento en el gasto de servicios personales de 23 mil 839 mdp y una reducción en los gastos de operación y subsidios de 0.8 y 2.3 por ciento, respectivamente.

En su turno, la diputada Claudia Elena Águila Torres (PRD) exhortó a la Semarnat y Profepa a fortalecer acciones en defensa del medio ambiente y a mostrar la reglamentación de concesiones; asimismo, cumplir con el marco legal a favor del medio ambiente y no a megaproyectos, como la construcción del nuevo aeropuerto.

Esta obra, precisó, que se ubicará en la zona lacustre del lago de Texcoco, es inviable, ya que las 12 mil hectáreas que serán utilizadas en su construcción sirven como vaso regulador pluvial del Distrito Federal y municipios conurbados.

Además, señaló, 130 mil aves se verán afectadas, pues utilizan este espacio para su reproducción, invernación y descanso, las cuales durante su viaje migratorio pueden causar accidentes que pongan en riesgo a los pasajeros.

La legisladora Adriana López Moreno, del PVEM, señaló que es necesario cumplir con todos los compromisos de cambio climático asumidos por nuestro país y no seguir con una férrea dependencia de combustibles fósiles. Contamos, dijo, con una Ley General de Cambio Climático y un Fondo Verde que necesita de un compromiso real y palpable por parte del Ejecutivo.

“Requerimos no únicamente seguir con impuestos a las emisiones o uso de combustibles con alto contenido de carbono, es necesario transitar a un México que aproveche su radiación solar, su viento y marea y que maximice sus recursos naturales”.

En tanto Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, se refirió al tema del fracking, el cual, dijo, va a destruir mantos acuíferos y evitar eso es una de las funciones más importantes que tendría el Estado. Para realizar la perforación de un sólo pozo se requiere de 9 a 29 millones de litros de agua; la reforma energética prevé una explotación de 20 mil pozos anuales, lo cual supondría más o menos un volumen de agua para cubrir el consumo de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.

También abordó el tema del desastre ambiental en Sonora. “No nos queda claro qué está haciendo la Semarnat y la Profepa en torno a este asunto, porque ya hay otros dos derrames. Hablando de negligencia, no solamente pareciera que es única del Grupo México, sino también estas dos dependencias de protección ambiental”.

La legisladora Aida Fabiola Valencia Ramírez (MC) destacó que en la revisión del Segundo Informe de Gobierno en materia ambiental se detectan algunas irregularidades. Destacó que en nombre del progreso, empresas, en complicidad con autoridades, dañan el medio ambiente y un caso es lo ocurrido en Sonora con la empresa Grupo México, que contaminó con ácido sulfúrico 40 mil metros cúbicosde agua de los ríos Bacanuchi y Sonora. Nada justifica ese atentado contra la vida.

También se refirió a los permisos que otorgó la Semarnat en todo el país y que destruyeron grandes extensiones de manglares. Esperamos que la nueva norma sirva para superar los vacíos legales que utilizó para evadir la protección que otorga la Ley General de Vida Silvestre.

La diputada Cristina Olvera Barrios (NA) destacó que es imprescindible hacer realidad lo establecido en el artículo 4º, párrafo cinco, de la Carta Magna, que señala: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Como grupo parlamentario, expreso, “tenemos la convicción de que las políticas ambientales sobre la conservación de la biodiversidad que se implementen deberán atenderse bajo el principio de gradualidad y sobre un marco jurídico que establezca claramente la responsabilidad de cada sector, así como los criterios financieros, técnicos y sociales”.

El titular de Semarnat explicó que la puesta en marcha del programa ProAire fue con la finalidad de unir el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y el sector privado, en afán de mejorar las condiciones atmosféricas en cuencas específicas.

Este programa se ha implementado en las ciudades de León, Salamanca, Celaya, Irapuato, Toluca, Tijuana, Valle de México, Guadalajara, Mexicali y la Comarca Lagunera, además de que se pondrán en marcha en los estados de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, y otros más se han planeado para diferentes entidades.

En cuanto a monitoreo de la calidad del aire, explicó que se dio mantenimiento a 9 de las 29 redes que operan en el país, y se mejoraron 280 equipos. En el DF y su Zona Metropolitana, se instalaron cinco nuevas estaciones de monitoreo de calidad del aire y se respaldó homologar la verificación vehicular en la zona.

También se apoyó la modernización del programa Hoy no Circula para la protección de la salud de los 28 millones de personas que habitan esta zona metropolitana, destacó.

En otros temas, informó que el país cuenta con 176 áreas naturales protegidas decretadas que suman más de 25 millones de hectáreas. Al inicio de la administración, abundó, solo 67 contaban con un programa de manejo; en la actualidad, 84 áreas naturales protegidas lo poseen.

Por otra parte, México asumió el compromiso internacional de decretar al 17 por ciento del territorio y 10 por ciento de sus océanos como área natural protegida para el 2020. Actualmente, se cuenta con el 10 y el 2 por ciento, respectivamente, y se espera alcanzar las metas dos años antes de lo pactado, precisó.

En relación a la restauración del medio ambiente, el funcionario enfatizó que la meta sexenal es reforestar un millón de hectáreas, a razón de 170 mil anuales en promedio. “Para 2014, se reforestarán 170 hectáreas, con 190 millones de plantas, meta que será alcanzada y superada al igual que en el 2013”.

Abundó que se han elaborado16 inventarios forestales, con lo que se conoce más a fondo el estatus arbóreo en cada estado para formular políticas públicas más eficientes y que incidan de mejor manera en la reforestación de todo el país. Para 2015, afirmó, se contará con 32 inventarios, uno por cada entidad federativa.

Asimismo, continuó, se apoya al sector forestal con pagos de servicio ambiental en 2.5 millones de has. y con la plantación de áreas forestal comercial (11 mil hectáreas).Además, se instauró un programa de combate a los incendios, el cual cuenta con seis centros regionales de manejo de fuego y la capacitación de mil 625 brigadas.

Del inicio de 2014 a la fecha, precisó, los incendios forestales disminuyeron un 39 por ciento y la superficie afectada en un 51 por ciento.

En materia de educación y cuidado ambiental, detalló, se cuenta con 12 mil 317 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, destinadas a proteger la biodiversidad y a que los productores obtengan ingresos que mejoren sus niveles de vida.

Otro programa, el de Conservación de Especies en Riesgo, atendió 229 proyectos con 146 millones de pesos para cuidar a creaturas como el águila real, el lobo mexicano, el jaguar, la tortuga marina, los corales, la vaquita marina y las ballenas, entre otros.

Por último, se cuentan con 22 Casas de la Tierra ubicadas en 12 entidades del país, cuya finalidad es de promover entre los jóvenes el cuidado y apreciación al planeta tierra y al medio ambiente.

“Con la SEP, estamos trabajando en un proyecto piloto para equipar con infraestructura sustentable una escuela en cada entidad federativa, lo cual estaríamos extrapolando conforme los recursos lo permitan”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, destacó que se han concluido 8 mil 507 procedimientos administrativos, quedando pendientes 9 mil 312. Asimismo, dijo, se han impuesto multas en todas las materias por 170 millones 71 mil 447 pesos.

En torno al combate a la tala clandestina, se han realizado 4 mil 920 acciones que consisten en 177 operativos, 2 mil visitas de inspección y mil 929 recorridos de vigilancia; como resultado de ello, agregó, se puso a disposición del Ministerio Público a 65 personas y se clausuraron 90 aserraderos, así como el aseguramiento de 241 vehículos.

Mencionó que se ha dado prioridad a la reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Hidrológica de Valle de Bravo y el Corredor Izta-Popo-Malinche con programas intensivos.

En cuanto a inspección industrial, el funcionario señaló que se han realizado 10 mil 733 visitas a empresas y derivado de ello se han impuesto multas por 133 millones de pesos, clausurado a 61 de ellas de manera parcial y 89 de forma total.

“Un medio ambiente sano es derecho constitucional de los mexicanos, que se convierte en una responsabilidad vinculante del Estado con esta y las próximas generaciones, y que debe ser vista como la oportunidad de generar empleo, valor agregado y, en consecuencia, crecimiento económico y combate a la pobreza”, sostuvo.

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