• Se involucran más en iglesias y escuelas, pero de manera informal e individual
• Diputada exhorta a Congresos locales a crear marco normativo para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil

05-04-2015 En virtud de que los mexicanos presentan una baja participación en acciones civiles y prefieren donar dinero que ser voluntarios de alguna institución, se necesita fomentar la organización civil en problemáticas que los atañen directamente, indicó la diputada Blanca Jiménez Castillo (PAN).

La legisladora impulsa un punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales, que no cuentan con una Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a constituir un marco normativo adecuado que fortalezca la actuación de éstas en diversas áreas relacionadas con su materia de acción e impulsen la participación ciudadana y el desarrollo social en todo el territorio nacional.

Jiménez Castillo aseguró que las instituciones en las que más se involucran los mexicanos son las iglesias y las escuelas; sin embargo, su participación es informal y se hace de manera individual.

“Requerimos alentar el desarrollo de las OSC, especialmente de aquellas que trabajan en los campos de asistencia, promoción y desarrollo social, así como las que impulsan la apertura de espacios ciudadanos, respeto y expansión de derechos sociales, civiles y políticos”, enfatizó.

Se requieren modificaciones legislativas, fiscales y de política pública que permitan crear un entorno para la evolución y crecimiento sustentable de las OSC, las cuales “tienen una gran importancia en democracias incipientes como la mexicana, por lo que representan un motor para ser agentes de un cambio político y social”, destacó.

Precisó que sólo nueve estados de la República, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y el Distrito Federal, es decir, el 30 por ciento del total, cuentan con una ley específica de regulación o fomento a las actividades de las OSC.

Las leyes en estas entidades varían sustancialmente, tanto en los ámbitos que regulan y las autoridades encargadas de su ejecución, como en los derechos y obligaciones que otorgan a las organizaciones.

Detalló que mientras algunas de estas normas ofrecen beneficios adicionales encauzados al impulso de las OSC, como en la ley del Distrito Federal, otras legislaciones están enfocadas sólo en la supervisión y el control de las organizaciones.

En México, resaltó, estas organizaciones necesitan establecer una dinámica con el gobierno de cooperación y confianza, a través de un marco regulatorio y de disposiciones gubernamentales que no sean una traba, sino un apoyo para llevar a cabo sus actividades, y sean reconocidas como un aliado importante para el gobierno.

La diputada federal por Puebla, enfatizó que el marco normativo que rige a las OSC en México tiene fundamento en el artículo noveno Constitucional, el cual establece el derecho de asociación, que deriva en un marco regulatorio que incluye la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Con la expedición de esta norma se generó un nuevo marco de apoyo a favor de estas organizaciones; amplió el marco de sus actividades; estableció organismos institucionales de interlocución con el Estado, y garantizó su acceso a apoyos y estímulos públicos, así como su participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Sin embargo, apuntó, esta norma enfrenta serios obstáculos en las entidades federativas, como ha ocurrido con otras legislaciones (electorales, derechos humanos, transparencia), ya que no existe la obligación de que los estados legislen en concordancia con la ley federal en la materia.

“Existe poca voluntad política de gobernadores y Congresos locales para entender los nuevos tiempos y construir procesos participativos que consideren el nuevo papel que asume la sociedad civil organizada, que continúa sin reconocimiento a sus contribuciones”, apuntó.

Los vacíos son notorios, además de que los ordenamientos legales son imprecisos en la definición de las instancias y de los ámbitos de actuación de las OSC y no consignan los requerimientos para realizar el fomento y apoyo, aunado a que establecen mecanismos para la dosificación de recursos, la discrecionalidad y el control de las organizaciones.

Es necesario, agregó, transitar a una nueva etapa donde las organizaciones civiles asuman un papel primordial y, junto con los actores políticos, construyan un entramado normativo e institucional que fomente los diversos ámbitos de actuación del sector no lucrativo, en beneficio de los mexicanos, principalmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, marginación y violencia, quienes son constantemente sujetos a abusos en sus derechos humanos.

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